España gasta más de 6.000 millones en políticas activas de empleo «cuestionables» y con «claras deficiencias»

«Una vez aplicadas las distintas metodologías de evaluación a la información disponible, la AIReF concluye que existen claras deficiencias que ponen en cuestión la calidad del gasto en PAE [Políticas Activas de Empleo] y considera necesario identificar qué programas, servicios e itinerarios son más eficaces para poder hacer una asignación eficiente de los recursos públicos».

De esta manera define la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) la calidad y validez de las Políticas Activas de Empleo que se llevan a cabo en España, y por las que el conjunto del país gastó más de 6.000 millones de euros en 2017.

De hecho, el propio gasto es una muestra de las deficiencias y el descontrol que existe en torno a las Políticas Activas de Empleo es que la Autoridad Fiscal, después de meses de trabajo, no ha sido capaz de dar una cifra cerrada del gasto en PAE. «La AIReF estima un gasto en PAE entre 6.100 y 6.500 millones de euros anuales», explica el organismo en la evaluación de las políticas activas de empleo, documento que formar parte de la revisión del gasto público o spending review que la Autoridad está llevando a cabo.

El problema es que en estas políticas intervienen el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), la Conferencia Sectorial, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Es decir, existe una gran atomización y un numero elevado de actores, por lo que resulta imposible o, al menos, muy complicado, dar seguimiento a todos los fondos. «El Sepe es el que financia pero no hay una adecuada coordinación con las CCAA«, resumen desde la AIReF.

Esto, además, no es ni mucho menos un hecho que se circunscriba al gasto en políticas activas de empleo. En la evaluación de la subvenciones que también ha realizado la AIReF, fuentes del organismo reconocieron que «llega un momento en el que es imposible lograr la trazabilidad de las subvenciones públicas«. Esto, por lo tanto, evidencia el descontrol de una ingente cantidad de gasto público.

El plan ‘Prepara’ y formación

Un ejemplo muy evidente de la falta de eficacia de las políticas activas es el programa Prepara, que entre 2012 y 2017 tuvo un coste de 1.432 millones y un total de 850.000 beneficiarios. «Sin embargo, el programa Prepara no mejora la probabilidad de incorporarse al mercado laboral, fundamentalmente durante los 6 meses que dura la prestación«, concluye la Autoridad Fiscal.

Además, la AIReF señala que el sistema de subvenciones para la formación es igualmente «cuestionable», y apunta algo muy evidente pero que, según sus hallazgos, no ocurre: «El contenido de los cursos debería tener presente siempre las necesidades de empleo» y de las empresas privadas. Para ejemplificar esta situación, fuentes del organismo apuntan casos reales como los de cursos destinados para el conocimiento y el manejo de cámaras frigoríficas en lugares en los que la principal actividad es la legumbre, que no precisa de un mantenimiento frigorífico.

Por último, y en cuanto a los incentivos a la contratación, el estudio evidencia que 40% del gasto de las PAE se destinan a este punto, lo que supone cerca de 2.500 millones. Estos datos resultan excesivos en comparación con los de otros países de Europa. Así, en Alemania «estos incentivos representan menos del 20% del gasto».