Fichar en el trabajo es desde hoy obligatorio para todos los trabajadores sea cual sea el tamaño de la empresa. La medida viene recogida en el decreto ley de protección social y de lucha contra la precariedad laboral, que ha entrado en vigor este domingo tras su aprobación el pasado 8 de marzo por el Gobierno de Pedro Sánchez. Pero la puesta en práctica está sembrando el caos entre las compañías aragonesas, donde el sentir generalizado es de confusión por las dudas y dificultades que dicen encontrar para aplicarla, sobre todo en las pymes. Los sindicatos, por su parte, celebran la iniciativa y confían en que ayude a frenar el fraude de las horas extra no retribuidas o pagadas irregularmente.
Las empresas deben garantizar y documentar el registro de la jornada incluyendo el horario concreto de inicio y finalización de cada trabajador. Las grandes empresas y algunas de las medianas ya tienen el sistema implantado, mientras que en el resto existen dudas sobre cuál es la fórmula que más les conviene teniendo en cuenta sus condiciones particulares. Los expertos recomiendan buscar un equilibrio entre la protección de los empleados y la flexibilidad y conciliación. Las empresas, que podrán escoger el sistema para hacerlo, deberán conservar durante cuatro años los datos a disposición del interesado, los sindicatos y la Inspección de Trabajo.
JORNADA INFORMATIVA
«Los dos meses que ha habido para adaptarse a la norma no han sido suficientes para las pymes, que tienen serias dificultades y un coste añadido más», asegura Jorge Diez-Ticio, director general de CEOE Aragón. Lo importante ahora, apunta, es la «interpretación de la ley» que se haga. A su juicio, el decreto no ha tenido en cuenta las «especificidades» de cada sector y advierte de que «estar en el lugar del trabajo no implica estar trabajando».
Para resolver dudas y sensibilizar a las empresas aragonesas sobre el impacto de la medida, CEOE ha organizado el próximo martes una jornada informativa con representantes de la DGA y la Inspección de Trabajo, así como directivos de recursos humanos y abogados laboralistas.
Cepyme es aún más beligerante. «Es un sinsentido. Ya vale de afán controlador y recaudador», critica su secretario general, Aurelio López de Hita. «Estamos protestando enérgicamente para revisar la norma y dar cabida a las lógicas excepciones», reclama, a la vez que lamenta que no se haya negociado con todos los agentes sociales. «Es un ejemplo de que solo se piensa en las grandes empresas», añade.
Los sindicatos sí ven con buenos ojos el registro obligado del horario. «Pondrá en valor tanto la jornada ordinaria como de la extraordinaria y puede hacer aflorar las horas extras que no se pagan, sobre todo, en el sector servicios», apunta José de las Morenas, secretario de política Sindical de UGT Aragón, quien considera «fácil» su implantación porque existen múltiples herramientas informáticas y puede hacerse también «con un simple libro de anotaciones». Eso sí, recuerda que «queda pendiente de fijar con los comités o en los convenios cómo se controla y genera este nuevo escenario».
En esa idea incide también Sonia García, secretaria de Acción Sindical de CCOO Aragón: «Las empresas están pasando por alto la consulta previa a la representación de los trabajadores para hacer el registro». En su opinión, ayudará a poner coto a los abusos de horas extras. «Hay que cambiar el chip: se tienen que retribuir o compensar. Y si es necesario, contratar a más personal», concluye.
