El Gobierno británico confirma su participación en las elecciones europeas

Tres años después de que el líder euroescéptico y gran promotor de la salida de la UE Nigel Farage anunciara el «día de la Independencia» de Reino Unido, los británicos no tienen ni Brexit duro ni blando, sino la participación de su país en las elecciones europeas el próximo 23 de mayo.

El Reino Unido «lamentablemente» celebrará elecciones europeas «dado el poco tiempo que queda» para aprobar el acuerdo de salida y la legislación necesaria en la Cámara de los Comunes, admitió ayer el número dos del Ejecutivo, David Lidington.

Consumada la enésima humillación para el Gobierno de Theresa May. A la «premier» solo le queda una bala en la recámara: aprobar, en un cuarto intento, el acuerdo de salida en el Parlamento antes de la configuración de la Eurocámara, el 2 de julio.

En ese escenario, los 73 eurodiputados británicos (de 751) no se verían obligados a ocupar sus asientos en el Parlamento. De fondo aguarda el «Brexit de Halloween» para una salida abrupta el próximo 31 de octubre.

Partido Brexit

La gestión del Brexit castigó a conservadores y -en menor medida- a laboristas en las últimas elecciones municipales y pueden suponer una nueva catástrofe en las europeas.

El bipartidismo teme que los votantes se decanten por partidos alternativos que tengan una postura más clara sobre el Brexit: o bien por formaciones europeístas, como liberales y el recientemente formado Change UK, o por la nueva marca de Farage (el Partido Brexit), con la que espera revalidar su victoria de hace cinco años.

La participación de Reino Unido en las elecciones suspende, de momento, la reasignación de eurodiputados (de 751 a 705) planteada por Bruselas, por la que España se convertía en uno de los Estados miembro más favorecidos al pasar de los 54 actuales a 59 en la Eurocámara.

La prórroga concedida por la UE termina el 31 de octubre de 2019, hasta entonces, «Reino Unido facilitará el desempeño de las tareas de la Unión y se abstendrá de tomar cualquier medida que pueda afectar la consecución de los objetivos de la Unión, en particular cuando participe en los procesos de toma de decisiones de la Unión», explica el texto.