Exteriores puso a funcionarios a trabajar al servicio del PSOE

La polémica por la posible instrumentalización de las instituciones públicas en favor del PSOE suma un nuevo capítulo. El Ministerio de Exteriores pidió a funcionarios del departamento que elaborasen textos políticos para el Grupo Parlamentario Socialista. En un correo electrónico enviado en la primera semana de enero al que ha tenido acceso EL MUNDO, el equipo de Josep Borrell demandó a los directores generales del ministerio que redactasen «proposiciones no de ley» (PNL) para el Congreso y «mociones» para el Senado.

Esos «textos» que debían presentar los funcionarios del ministerio se le enviaban después a la asesoría parlamentaria del PSOE. Es decir, a los primeros se les puso al servicio del partido, y con el beneplácito del director de Gabinete del ministro Josep Borrell, Camilo Villarino, que estaba al tanto de estas prácticas y las supervisaría, según reza el propio correo.

Villarino también conoció, después, la estrategia de Moncloa para usar a los Ministerios como recopiladores de «argumentos de ataque frente a otros partidos, sobre todo el PP», ya que es uno de los destinatarios de ese otro correo, que envió el 24 de febrero Andrea Gavela Llopis, directora adjunta del gabinete de Pedro Sánchez, a los directores de gabinete de todos los departamentos del Ejecutivo.

DESDE LA CUENTA OFICIAL

El e-mail de Exteriores se envió a directores generales del Ministerio desde la cuenta oficial del gabinete de una de las secretarías de Estado. Y con «importancia alta». Comienza así: «Queridos directores, necesitaríamos tener iniciativas parlamentarias (PNL en Congreso y mociones en Senado) de interés para el ministerio que pudieran ser presentadas en el siguiente periodo de sesiones que comienza en febrero».

«El plazo que nos da la asesoría parlamentaria es el miércoles de la semana que viene (16 de enero), pues habrá que revisar los textos y el gabinete del ministro tendrá también que revisar y dar su visto bueno», especifica el correo. En esta última frase está la clave: los empleados públicos de Exteriores tenían que trabajar desde el poder Ejecutivo para el PSOE, redactando textos de iniciativas políticas que luego serían supervisados por la asesoría del Grupo Parlamentario antes de registrarlos en la sede del poder legislativo.

Los directores generales reenviaron el e-mail a sus subdirectores (cargos no políticos) y sus respectivas unidades, según fuentes de Exteriores. Hay un fuerte malestar entre muchos de los empleados de las direcciones generales, según las fuentes. Además de los textos para el Grupo Parlamentario Socialista y los «argumentos de ataque» al PP, los secretarios de Estado también encargaron a los funcionarios del ministerio una lista de «hitos» del Departamento de Borrell en estos ocho meses, según las fuentes.

Es necesario recalcar que los proyectos de ley los elabora el Gobierno, pero no ocurre lo mismo con las proposiciones no de ley y las mociones a las que se aludía en ese requerimiento. Precisamente, porque se trata de medidas de impulso político que sirven para formular propuestas de resolución a la Cámara, normalmente para demandar algo al Gobierno. Por eso las elabora el Grupo Parlamentario.

No en vano, el artículo 195 del reglamento del Congreso de los Diputados especifica que el «autor» de una proposición no de ley es un Grupo Parlamentario. Y el 174 de la norma interna de la Cámara Alta explica las principales finalidades que pueden tener las mociones, como actos vinculados al «control» del Gobierno o al «impulso político».

Es práctica común que desde los Ministerios se comente al grupo parlamentario la necesidad de que éste elabore una iniciativa en un sentido que le convenga al Gobierno, pero no que cargos no políticos del Ejecutivo escriban las medidas del partido.

«GUERRA SUCIA»

La posible instrumentalización se puede visualizar con un ejemplo. El 29 de enero el Grupo Parlamentario Socialista registró una proposición no de ley ante el pleno «relativa a impulsar la defensa de los valores de la UE como espacio de derechos y libertades ante la celebración de las elecciones europeas de mayo de 2019». En el texto se aboga por «la necesidad de votar masivamente en favor de las opciones que apoyan continuar con el proceso de integración» de la UE, frente a «políticas extremas, nacionalistas excluyentes y claramente xenófobas» que la cuestionan.

Pues bien, si esto lo hubiera redactado un asesor del Grupo Parlamentario Socialista sería perfectamente comprensible y plausible. Pero si lo hubiera escrito un funcionario de la Dirección General de Integración y Coordinación de Asuntos Generales de la UE -por ejemplo- hablaríamos de un uso electoralista de las instituciones públicas.

Las sospechas de la oposición sobre una «guerra sucia» contra el PP («sobre todo») y Ciudadanos desde el Gobierno llegan en un momento en el que crecen las críticas de ambos partidos por el presunto uso partidista de las instituciones que está llevando a cabo el presidente en otros ámbitos como la convalidación de reales decretos en la Diputación Permanente del Congreso, los resultados sin cocinar del barómetro del CISde Tezanos, las críticas a los rivales del PSOE desde la rueda de prensa del Consejo de Ministros o las declaraciones que hace Sánchez sobre Felipe VI en su libro Manual de resistencia: «Enseguida nos reconocimos mutuamente como las personas que íbamos a sacar al país del riesgo de bloqueo».

El PP ha contestado pidiendo explicaciones a Pedro Sánchez y la dimisión de Andrea Gavela y de su jefe inmediato, Iván Redondo, director del gabinete del presidente. Para la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Dolors Montserrat, el PSOE quiere usar «los Ministerios como instrumento de ataque al PP, y todo pagado con nuestros impuestos»..