El Tribunal de Cuentas acaba de publicar un informe demoledor sobre cómo han evolucionado en España todos los convenios firmados por el Gobierno central con las distintas capitales a las que ha ido llegando la alta velocidad en las últimos años. Y el de Zaragoza, suscrito en el 2002, no sale mal parado en una comparativa plagada de luces y sombras que deja a la capital aragonesa en la mejor situada en el ránking de cumplimiento de las obras comprometidas. Se firmó con la previsión de dedicar 618,02 millones de euros pero se acabaron gastando 1.165,14, aunque con el paso del tiempo, y sobre todo la celebración de la Expo en el 2008, se fueron añadiendo proyectos hasta alcanzar un objetivo de 1.340,07 millones del que, finalmente, se cumplió un 86,95%.
Es el porcentaje más alto de los 12 convenios que existen en España (Almería, Alicante, Barcelona, Cartagena, Logroño, Gijón, Murcia, Palencia, Vitoria, Valencia, Valladolid y Zaragoza), que han pasado por las manos del máximo órgano de fiscalización y que arrojan un promedio de cumplimiento del 29,39%. Tras la capital aragonesa están la capital riojana con un 55,43% de cumplimiento; Valladolid, con el 38,77% y Barcelona, con el 36%.
MÁS DE 7.000 MILLONES
El propio informe destaca que en la capital aragonesa está la ejecución «cercana al 100%, eso sí después de haber eliminado las actuaciones pendientes de inicio en el 2012 por un importe cercano al 20% de las inicialmente programadas». Ahí estarían los 148.520.920 euros que costaban la Ronda Sur ferroviaria (113,22 millones), la remodelación de la avenida Navarra (11,42) o el inacabado túnel de la A-68 (23,87) además de la reconversión del Portillo (18,89), entre otros.
También en términos globales, el Tribunal de Cuentas subraya cómo a 31 de diciembre del 2016 todos los convenios en España habían sumado un incremento de costes de inversión de 7.637,33 millones, pasando de los 4.101 a los 11.738,34 en los que se queda una cuenta que, con varios proyectos en ejecución, no deja de crecer. Pues bien, de ese sobrecoste a Zaragoza solo le corresponde el 10%, un total de 722,05 millones más con respecto a los 618,02 con los que empezó a andar el convenio de Zaragoza Alta Velocidad (ZAV), aunque siendo realistas y atendiendo a lo que finalmente se ha gastado, la cifra debería reducirse a 547,12 millones más, ya que esos 200 millones a los que se renunció en el 2012 ya no volverán para la capital aragonesa.
Aún así, ese aumento supuso duplicar la estimación inicial, incrementar un 116,83% la inversión prevista en el convenio del 2002 y no es, ni mucho menos, la que más ha crecido con el paso del tiempo. En ese sentido, tienen más responsabilidad Barcelona, que ha multiplicado casi por seis los 335 millones que se fijaron en el arranque del convenio y ha llegado a los 2.167 (a fecha de diciembre del 2016), ya eran 1.832,07 millones más, aunque solo se haya ejecutado el 30,10% de los mismos, 652,18 millones. O Valencia, que empezó con 804,52 y ya se le ha prometido ejecutar 2.965,38, un 268,59% más, pese a que lleva ejecutados 513,73, solo un 17,32%, pero que suma a ese sobrecoste nacional otros 2.160,86 millones. Solo ellas dos ya suman más de 4.000 de esos 7.637,33 millones más.
Otro de los aspectos en los que el Tribunal de Cuentas hace hincapié es que «en términos generales, los convenios, con excepciónde los firmados para la integración en Logroño, Murcia y Almería, no incluían el procedimiento a seguir en el caso de que se produjese un déficit de financiación de las actuaciones; por el contrario sí que regulaban la aplicación de los excedentes de financiación».
Esto es relevante porque la gran mayoría se firmó con la intención de que la totalidad de la inversión prevista se cubriría con la aportación de los socios (en todos el Ministerio de Fomento tiene el 50% de las acciones, la comunidad autónoma, el 25% y el ayuntamiento el otro 25%) y «con los ingresos derivados de las plusvalías a obtener como consecuencia de la venta de los terrenos desafectados del uso ferroviario». Y, además, no todos tenían una cuantificación de las obras, algo que en Zaragoza sí se hizo. La consecuencia, tras explotar la burbuja inmobiliaria, fue un mapa de déficit en España de 2.049 millones en el que Zaragoza, con 319, es el segundo que más aporta después de Valencia, con 1.060.
En este sentido, el Tribunal de Cuentas destaca cómo el capital social inicial con el que se constituían estas sociedades, de 600.000 euros casi siempre y 601.012 euros en Zaragoza, era «claramente insuficiente para acometer las actuaciones millonarias», por lo que se recurrió a la financiación bancaria, con créditos en años de bonanza.
El 2016 acabó con 1.126.673.404 euros pendientes de amortizar en todo el país, de los que 213.594.727, un 18,9% del total (con 116,7 de costes financieros), eran del convenio en la capital aragonesa y gracias a que Renfe pagó entonces 22,8 millones. Hoy es de 130 porque Adif abonó 59,3 en el 2017.
