El cambio en las condiciones para la concesión del nuevo bono social, aprobado por el gobierno estatal el año pasado, ha reducido drásticamente el número de beneficiarios de este descuento en la factura de la luz. En concreto, de los más de 60.000 aragoneses que recibían esta ayuda con el antiguo bono, ahora se han reducido a 29.890, casi la mitad, según los últimos datos proporcionados por Endesa con fecha 21 de diciembre de 2018.
Esta reducción se debe a los nuevos criterios del bono social, centrados principalmente en la renta de los usuarios, algo que antes no se tenía en cuenta. Con el anterior bono, bastaba con tener contratada una potencia inferior a 3 kilovatios para recibir esta ayuda, que supone entre un 25% y un 40% de descuento en la factura, pero ahora, esta circunstancia se ha eliminado, priorizando el criterio económico de la renta. No obstante, aquellas familias que tengan contratada una potencia inferior a 3 kilovatios y, además, reciban una renta menor a la fijada por el nuevo bono social, pueden seguir recibiendo la ayuda si la solicitan.
En total, según los últimos datos, Endesa ha recibido 58.687 solicitudes en Aragón, una cifra similar al total de concesiones del antiguo bono. Sin embargo, de las nuevas solicitudes, 28.191, el 48% del total, han sido rechazadas, bien por problemas con la documentación (66%), incumplimiento de requisitos (29%) o imposibilidad de cálculo (5%). Por otra parte, un 1% (606) del total de las solicitudes recibidas se encuentran pendientes de valorar.
Respecto a las ayudas concedidas (29.890), un 25% (14.561) se dirigen a clientes vulnerables, entre ellos, 6.206 familias numerosas y 1.480 pensionistas. Por otro lado, el 26% de las concesiones son para clientes vulnerables severos (15.329),entre ellos, 2.546 familias numerosas y 2.322 pensionistas.
Vulnerables y vulnerables severos
Las diferencias entre clientes vulnerables (con un descuento del 25% en la factura) y vulnerables severos (con un descuento del 40%) las fija nuevamente la renta. En el caso de los vulnerables, la renta individual o familiar sin menores a cargo no puede superar los 11.279 euros (1,5 veces el Iprem, el índice de uso habitual para la concesión de ayudas y subsidios), 15.039 (2 veces el Iprem) para familias con un menor a cargo o 18.798 (2,5 veces el Iprem) si hay dos menores a cargo. Todas las familias numerosas tienen derecho a la ayuda independientemente de su renta, mientras que los pensionistas deben tener una renta mínima que no supere los 500 euros.
En cuanto a los vulnerables severos, estos no deben alcanzar la mitad de los umbrales anteriores, es decir, 5.639 euros anuales sin menores a cargo, 7.519 con un hijo o 9.899 con dos hijos. También entran en esta categoría las familias numerosas con una renta anual inferior a 15.039 euros y pensionistas con una renta menor a una vez el Iprem, es decir, 7.519,59 euros.
Además de todos estos requisitos económicos, es condición indispensable para la concesión del bono social tener contratada la tarifa eléctrica PVPC (precio voluntario para el pequeño consumidor), con o sin discriminación horaria, y una potencia igual o inferior a 10 kilovatios. La solicitud se puede presentar a través de la página web de Endesa.
Valoración del Ayuntamiento de Zaragoza
El consistorio zaragozano considera que el régimen que rige el bono social no está contribuyendo a reducir la pobreza energética. «El decreto aprobado por el gobierno del PP en 2017 ha sido un total y rotundo fracaso y parece más diseñado para beneficiar a las grandes corporaciones eléctricas, que son las que deberían hacerse cargo de estas bonificaciones, que a solucionar un problema fundamental como es el de la pobreza energética. Es un proceso complicado y que las propias compañías eléctricas no están facilitando», señalan fuentes del Ayuntamiento de Zaragoza.
Tras el cambio de gobierno del año pasado, los alcaldes de Zaragoza, Cádiz, Valencia, Pamplona, Santiago de Compostela, Rivas-Vaciamadrid, Barcelona, Madrid y Sant Feliu de Llobregat, enviaron una carta a la Ministra de Transición Ecológica en la que proponían cinco cambios para mejorar la aplicación del bono social. Entre esas sugerencias, los alcaldes incluían la formalización de «un espacio de trabajo con los ayuntamientos de las ciudades sin órganos intermedios», la regulación para que «cualquier comercializadora que quiera pueda prestar el bono social» o «que las empresas estén obligadas a optimizar el contrato antes de aplicar el bono social».
Desde el consistorio zaragozano señalan también que «pese a que los servicios sociales de la ciudad no tienen ninguna responsabilidad en este bono que se solicita y gestiona directamente en las oficinas», consideran «de gran importancia facilitar el acceso a este derecho». Los servicios municipales han hecho «un esfuerzo» para facilitar información relativa a la solicitud del bono social, ampliando la formación de los trabajadores de los centros municipales de servicios sociales a este respecto.
Pese a valorar positivamente la existencia de una ayuda como el bono social, desde el Ayuntamiento de Zaragoza consideran que este «no supone más que un descuento, por lo que aún así muchas familias aún no pueden hacer frente al pago». En estos casos, los centros municipales siguen interviniendo como lo han venido haciendo hasta la fecha, valorando la existencia de situación de necesidad y tramitando en su caso Ayudas de Urgencia.
El Ayuntamiento de Zaragoza ha concedido en 2018 un total de 2.767 ayudas de este tipo con una cuantía de 393.083 euros.
