El Gobierno ha retirado el recurso contencioso-administrativo interpuesto en su momento contra el decreto aprobado por el Govern de les Illes Balears que exigía como requisito el catalán al personal del Servicio de Salud.
La Abogacía General del Estado, a partir de la solicitud realizada por el Ministerio de Política Territorial y Función Pública, ha autorizado a la Abogacía del Estado en Illes Balears para desistir del recurso nº 292/2018 que se tramitaba en el Tribunal Superior de Justicia de Illes Balears (TSJIB).
La retirada del recurso contra este Decreto, señala la Delegación del Gobierno en un comunicado, «se produce a partir de la voluntad política expresada por el nuevo Gobierno de España y de las conversaciones mantenidas por ello con el Govern de les Illes Balears».
La ex delegada del Gobierno del PP, Maria Salom, presentó el recurso después de que tres ministerios (Presidencia, Hacienda y Sanidad) se pronunciaran en contra de la norma lingüística del Ejecutivo de la socialista Francina Armengol. El Ejecutivo de Mariano Rajoy, con el apoyo del PP balear, defendía que la sanidad es un derecho fundamental recogido en el artículo 43 de la Constitución Española y entiende que la normativa del Govern del Pacte agravaba la falta de médicos, «un problema que ya arrastra Baleares».
Además de afectar a los pacientes, los populares denunciaban que este polémico decreto iba contra los médicos, ya que la exigencia del catalán no es proporcional a los puestos que éstos ocupan, y vulnera derechos del personal estatutario, como los concursos de traslado y el desarrollo profesional, entre otros.
El PP recordaba que los propios colegios profesionales denunciaban la falta de médicos especialistas, concretamente en Ibiza, Menorca y Formentera, donde el problema «es aún más grave».
Baleares es la única CCAA bilingüe en que el requisito del idioma cooficial es un «mecanismo excluyente», a diferencia de lo que ocurre en Galicia, País Vasco e incluso en Cataluña, «donde el conocimiento del idioma cooficial, o bien es un mérito o se imparten cursos de captación de profesionales sanitarios sin menoscabar sus derechos».
El Govern: «Demuestra su legalidad»
El Govern recibe «con satisfacción» la retirada, por parte de la Abogacía del Estado, del recurso contencioso administrativo interpuesto contra el decreto 8/2018 por el cual se regula la capacitación lingüística del personal estatutario del Servicio de Salud balear, y ha asegurado que esto «demuestra su legalidad«.
Según ha informado Presidencia en un comunicado, «con esta actuación, el Estado acepta los argumentos planteados por parte de la Abogacía de la comunidad autónoma y confirma que este decreto es proporcionado y de acuerdo con la doctrina del Tribunal Constitucional«.
«Desde el Govern valoramos positivamente la decisión del Gobierno central de desistir del recurso que el PP interpuso, yendo en contra de un Govern que toma decisiones de manera legítima«, ha indicado la consellera de Presidencia y portavoz del ejecutivo, Pilar Costa, quien ha añadido que el desistimiento «demuestra, una vez más, la total legalidad y normalidad con que se aprobó esta normativa».
La retirada del recurso, por otra parte, confirma un nuevo talante por parte de la administración estatal respecto a la diversidad lingüística existente en el territorio y a la importancia de garantizar el derecho de los usuarios a ser atendidos en cualquiera de las dos lenguas oficiales, con la seguridad de ofrecer una asistencia sanitaria de calidad.
El Decreto 8/2018 fue aprobado por medio de un acuerdo del Consejo de Gobierno el pasado 23 de marzo y cuenta con el dictamen favorable del Consejo Consultivo de Baleares.
Hay que recordar, además, que «el decreto garantiza que todos los profesionales sanitarios puedan participar en la oferta pública de más de 5.000 plazas ya iniciado y que seguirá durante el año 2019».
Precisamente, la consellera ha resaltado que lo importante es que «se están celebrando y se continuarán celebrando oposiciones para conseguir estabilidad en las plantillas de los empleados públicos».
