El pleno del Ayuntamiento de Zaragoza debatía ayer sobre la planificación del Gobierno de Zaragoza en Común (ZeC) sobre la regulación de un fenómeno como es la movilidad compartida a través de una moción en la que PP, PSOE y Ciudadanos (Cs) llegaban predispuestos a pedir un estudio pormenorizado y la paralización de la licitación de las licencias para operar en la ciudad que está a punto de publicarse. Y se encontraron con una memoria técnica hecha por Movilidad y Servicios Públicos que justifica las condiciones por las que se pondrá coto a la proliferación de empresas. Solo dos, un máximo de 3.400 patinetes en total, 1.700 cada una, y un periodo de «dos años» que, según esas estimaciones, «reducirá el tráfico privado un 9%».
Esta es solo una de las conclusiones de esa memoria técnica que la responsable de Movilidad, Teresa Artigas, entregó a la oposición un día antes. Pero que sirve de estudio exhaustivo para una decisión que, al final, siempre es política y que Zaragoza en Común (ZeC), como en tantas otras cuestiones, ha adoptado en solitario. Por eso las críticas que recibió, por las formas y la una falta de diálogo.
Esa memoria desglosa algunas conclusiones para analizar esa regulación futura de los llamados vehículos compartidos de movilidad urbana sin estación (VCMU). Aunque algunas cuestiones clave no aparecen en los pliegos de condiciones, también elaborados y a punto de salir, como no exigir un canon económico por usar la vía pública para un negocio privado o la no obligatoriedad de aportar casco al usuario. Al menos a quienes liciten se les exigirá la contratación de un seguro que dará cobertura en caso de accidente.
Esto no quita para que, como auguró el concejal del PP Sebastián Contín, este concurso «acabará desierto o recurrido en los tribunales», pero al menos los grupos ya saben qué criterios técnicos justifican el modelo con el que se pondrá coto a las empresas. Uno de los más destacados es la previsión del uso que se espera. Así, los técnicos equiparan la evolución posible a la del servicio Bizi, y estiman que durante el 2019 se registrarán «8.700 usos al día» de lunes a viernes, que sería el resultado de extrapolar los 6.687 que tuvo la bicicleta pública en el 2010 pero incrementándose en un 30% porque estos sí llegarán a todos los distritos. Y es que uno de los requisitos de estas dos licencias será ofrecer a las 8.00 horas de cada jornada un número mínimo de entre 40 y 60 unidades en cada uno de los distritos.
También hacen un cálculo relacionado con la bicicleta compartida, que prevén que alcance en ese mismo periodo los 24.000 desplazamientos sobre un total de 120.000, sumados los de la pública y las de particulares. Sobre la reducción del tráfico privado, la memoria explica que de los 1.729.604 desplazamientos diarios que se realizan en Zaragoza, unos 465.000 se hacen en coche y apuntan a «41.800 menos» con esta nueva regulación de los patinetes y la movilidad compartida en general, sin que apenas afecte a los que se hacen a pie, que se aminorarían en «unos 3.600», un 0,45%. El transporte público mantendría sus cifras y la bici crecería en un 17%, «unos 8.527».
El patinete eléctrico podría llegar a los 9.200 al día en un máximo que justifica, dicen los técnicos, que con 1.700 patinetes, ampliables a 3.400 en función de la demanda, se daría una cobertura suficiente, porque se prevé «entre 3 y 10 usos al día» por unidad, por lo que serían necesarios «un mínimo de 895 patinetes y un máximo de 2.983». La decisión de limitar a dos licencias es porque la proliferación «no es operativa». Así que al resto se indica que se les dará «15 días» para que salgan de las calles.
Así respondía el informe técnico a la petición de PP, PSOE y Cs de paralizar la licitación de licencias que ZeC no detendrá porque la propuesta es «justa y medida» además de «flexible para ampliar» la oferta. Y lamentó que el PSOE haya hecho «cero propuestas» al Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) sobre un fenómeno que es «clave». Así respondía a Lola Ranera, del PSOE, que criticó su «soberbia» y que se haya decidido «sin consultar» por ese «yo gobierno, yo me lo guiso y yo me lo como» tan característico de ZeC y tan distinto a otras ciudades, como Madrid.
Esa «vía decreto» que criticó Alberto Casañal, de Ciudadanos, «después de tres o cuatro meses sin atendernos». Evidencia el «desprecio» a los concejales, añadió Contín, y llega con «retraso» y creando «un duopolio» que «elimina la competencia, que es la que regula el mercado». Leticia Crespo, de CHA, apoyó seguir adelante con la licitación por la «necesidad urgente» de regular un fenómeno que «se nos ha adelantado a todos».
