El TSJA anula la jubilación forzosa de un médico y obliga al Salud a reponerlo en su puesto

El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha considerado también nula la jubilación forzosa de un médico aragonés y ha condenado al Salud a resarcirlo económicamente y a readmitirlo en su puesto al no haber cumplido todavía los 70 años, límite de edad máxima que marca el Estatuto del Personal del Salud como profesional activo. A pesar de haber mantenido inicialmente un criterio diferente en otras sentencias, el TSJA se ha pronunciado finalmente en la misma línea que lo hizo en julio el Tribunal Supremo.

El Alto Tribunal, que sienta jurisprudencia, reconoció hace unos meses el derecho de dos demandantes a permanecer en el servicio activo a partir de los 65 años. Estableció que su prórroga no podía denegarse «libre e incondicionadamente» sino que debe hacerse con «sujeción a lo que prevean los Planes de Ordenación de Recursos Humanos (PORH)».

Unas resoluciones que revocaron la postura mantenida inicialmente por el TSJA en varias de sus sentencias. En estas, declaró nulo el PORH, pero consideró que este no era necesario para denegar la prórroga de vida laboral de un profesional del Salud, sino solo para concederla.

La novedad de esta última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, tramitada por la asesoría jurídica del sindicato médico Cesmaragón y el letrado Pedro Altaba, es que no solo condena al Salud a resarcir económicamente al facultativo por las cantidades que ha dejado de percibir durante el tiempo que ha estado apartado de su puesto. Sino que, además, obliga a la Administración a reponerlo en el mismo puesto al no haber cumplido los 70 años. En otras comunidades autónomas, ya ha habido sentencias similares en las que se ha tenido que reincorporar a los profesionales.

La sentencia del TSJA puede ser la primera de muchas otras. Hay pendientes otros 166 recursos que podrían resolverse en la misma línea en los próximos meses. Tras la sentencia del Supremo y al sentar esta jurisprudencia, el Departamento de Sanidad ya calculó que tendría que pagar unos 32 millones de euros a los médicos afectados. No todos los facultativos recibirían la misma cantidad, ya que depende de las peculiaridades y el puesto que ocupaban cuando se les retiró.

El conflicto de las jubilaciones forzosas se remonta a 2013, cuando el anterior Ejecutivo autonómico PP-PAR rechazó todas las solicitudes de los médicos que querían prolongar su vida laboral más allá de los 65 años. Fue una medida que afectaba a todos los empleados públicos, pero el colectivo médico fue el más afectado. De hecho, el 31 de julio de ese año dejaron de trabajar de golpe más de 150 facultativos, lo que originó importantes afecciones en consultas y listas de espera.

El actual Ejecutivo autonómico autorizó en abril de 2016 a los profesionales de seis especialidades la posibilidad de seguir trabajando hasta los 67 años. En noviembre de 2017 aprobó un plan que permite a todos los facultativos mantenerse en servicio activo dos años más.

La secretaria general del sindicato médico Cesm aragón, Mercedes Ortín, ha mostrado su satisfacción por la nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que va en la línea de lo que ellos han defendido siempre. Lamenta que esta cuestión haya tenido que llegar a los tribunales y recuerda que la jubilación forzosa ofendió a muchos médicos que llevaban años trabajando para el Salud.

Asegura que la Administración sigue «castigando» a los facultativos y, precisamente, en estos momentos, tienen en marcha una campaña para reivindicar la recuperación de los derechos perdidos desde el año 2010. Este próximo jueves, la protesta será ante la sede del Salud, en la plaza de la Convivencia de Zaragoza.