El golpe de efecto de Sánchez corre el riesgo de ser inconstitucional

Con tal de adelantarse a la competencia, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, dio el golpe de efecto de anunciar ayer el resultado del Consejo de Ministros de hoy consistente en endosar a la banca por decreto ley el impuesto de las hipotecas. Es la fórmula legal ideal cuando un Gobierno quiere asumir total protagonismo, pero en este caso conlleva un alto riesgo de inconstitucionalidad. Hay peligro de que un recurso posterior en la liquidación del impuesto termine anulando en el futuro y con efecto retroactivo lo anunciado por Sánchez. Por si ha habido poca inseguridad jurídica estos días con el espectáculo del Tribunal Supremo, el Gobierno corre el riesgo de abrir otra.

Así coinciden catedráticos de derecho constitucional e inspectores de Hacienda consultados que recuerdan que el artículo 86. 1. impide el decreto ley para «cambios en los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos». Y uno de los deberes es contribuir a las arcas públicas. Es perfectamente constitucional decidir que sea el banco y no el cliente el que pague el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados y no arroja dudas hacerlo por ley. Sí, en cambio, por decreto.

Así iba a ser el martes, cuando al menos PSOE, Podemos y Ciudadanos se mostraron dispuestos en la comisión parlamentaria que tramita la Ley de Crédito Inmobiliario. El ponente, el diputado de Ciudadanos, Francisco de la Torre, asegura que la semana próxima iba a quedar pactada una disposición final en la que se reforma la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales blindando que sea el banco y no el cliente el que pague a partir de la entrada en vigor.

Pero, para una vez que había amplio consenso en algo, Sánchez decidió no esperar y lanzar el decreto. Es una fórmula más rápida, pero insegura durante los inciertos meses que transcurran después tras su convalidación y tramitación como proyecto de ley. En cambio, otra fórmula veloz habría sido presentar en el Parlamento una propuesta de ley que, en trámite de urgencia y lectura única y dado que los principales partidos están de acuerdo en el principio de que no pague el cliente, se habría aprobado en pocos días y sin riesgo.

Por si fuera poco, el PP abre otro frente que es el de suprimir el impuesto. Tiene la ventaja de que evita el peligro de que la banca lo repercuta en el cliente, pero abre un boquete milmillonario a los recursos de las comunidades de incierta solución. Podemos ya no, pero antes proponía subir el impuesto al cliente y Susana Díaz lo elevó aunque ahora se rasga vestiduras. Tras el show del Supremo, se avecina otro de la clase política.