Francia ha devuelto a España a 9.038 inmigrantes irregulares entre enero y octubre de este año; es decir, más de un millar al mes, un 26% más que el año pasado, según datos de la Policía Francesa de Fronteras (PAF). Francia reinstauró en 2015, tras el atentado de Bataclán, controles aleatorios fronterizos que, en vez de capturar yihadistas, sirven para interceptar a inmigrantes irregulares a los que devuelve a España. “Tenemos un problema”, admitió el pasado día 25 en el Congreso el ministro de Exteriores, Josep Borrell, quien quiso restarle importancia asegurando que “no es especialmente grave”.
Los datos de la PAF confirman que la devolución de inmigrantes (“no admisiones”, en su terminología) se concentra en el departamento de Pirineos Atlánticos, fronterizo con Irún, de donde han sido expulsados 5.609 en los nueve primeros meses del año, un 59% más que en 2017. Por el contrario, no hay devoluciones desde el Alto Garona y se han reducido en un 6% (hasta 3.436) desde el departamento de Pirineos Orientales, por La Junquera.
España y Francia forman parte del espacio Schengen por lo que, en teoría, no hay frontera entre los dos países. Sin embargo, tras los ataques yihadistas de noviembre de 2015 en París, Francia se amparó en unl artículo del tratado que le permite realizar controles fronterizos por razones de “seguridad nacional”.
Estos controles no han servido de mucho en la lucha contra el terrorismo, pero sí contra la inmigración irregular. Para expulsar a los inmigrantes, Francia se sirve de un acuerdo bilateral de 2002 que le permite devolver, en las cuatro horas siguientes al paso de la frontera, a las personas procedentes de España que entran en su territorio sin la documentación necesaria. El acuerdo prevé una serie de trámites, como que los inmigrantes sean entregados a la policía española o que se formalice por escrito su devolución.
“Los controles se hacen de manera sistemática y seleccionando por el perfil étnico, lo que es discriminatorio y contrario al derecho europeo”, apunta el profesor de la Universidad del País Vasco Iker Barbero, que lleva años estudiando estos procedimientos.
Varias ONG han denunciado el alto número de casos en los que la policía francesa se salta los trámites legales y abandona a los inmigrantes al otro lado de la frontera, como atestiguan unas imágenes emitidas en octubre por la televisión vasca ETB.
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha reconocido que se producen devoluciones al margen del acuerdo de 2002, pero las ha calificado de “absolutamente puntuales” y ha asegurado que serán corregidas.
Los datos de la PAF, a los que ha accedido EL PAÍS, no especifican cuántos migrantes han sido expulsados en base al acuerdo bilateral y cuántos al margen del mismo. Sin embargo, una respuesta remitida por el Gobierno en julio pasado al senador de EH Bildu Jon Iñarritu incluía una lista de menos de 2.800 inmigrantes devueltos por Francia en 2017 al amparo del convenio de 2002. Esta cifra contrasta con las 9.175 “no admisiones” en la frontera terrestre franco-española reconocidas por la PAF el año pasado.
El Gobierno español se ha esforzado en rebajar el tono de sus quejas hacia Francia, un país con el que mantiene excelentes relaciones y con el que ha pactado fórmulas para repartirse, por ejemplo, los inmigrantes rescatados por el Aquarius y otros buques de varias ONG.
Un portavoz de Exteriores reconoció a EL PAÍS que “no se ha presentado una queja formal ante las autoridades francesas”, aunque el asunto será abordado en una próxima reunión entre el delegado del Gobierno en el País Vasco, Jesús Loza, y el prefecto de la Gendarmería francesa. Interior también reconoce que se está tratando el asunto a través de las policías de ambos países.
Más allá del incumpliento del convenio de 2002, la devolución masiva de inmigrantes por parte de Francia plantea el riesgo de colapsar los servicios de asistencia social en el País Vasco, como ha denunciado la ONG SOS Racismo. Las devoluciones están provocando problemas en la red de acogida de entidades locales que carecen de estructura para atenderlos. En Irún, entre la Cruz Roja y otras organizaciones, se ha atendido en los últimos meses a casi 10.000 inmigrantes varados en el País Vasco, informa Pedro Gorospe.
Sin asistencia legal
Además, las devoluciones exprés son cuestionadas por vulnerar los derechos de los migrantes, entre los que puede haber menores, víctimas de trata o solicitantes de asilo. “La presencia de asistentes jurídicos o abogados en estos procedimientos es nula. Más aún cuando las expulsiones se realizan sin ningún tipo de procedimiento legal”, lamenta el profesor Barbero.
A medio plazo, las devoluciones pueden cambiar la posición estratégica de España en las rutas de la inmigranción: de ser un lugar de paso hacia Alemania y otros países del centro y norte de Europa a convertirse en destino último y cuello de botella de la inmigración a la UE.
Esta situación ya se ha dado en la frontera franco-italiana, donde ha generado fuertes tensiones entre Roma y París. “Incluso ha habido incursiones en territorio italiano de la Gendarmería francesa”, reconoció Borrell en el Congreso. “No nos consta que eso haya ocurrido en la frontera española”, añadió.
