Puigdemont y Torra: «Sánchez tiene el contador a cero»

El sector radical ha ganado la partida frente a los guiños del Gobierno, que no han mermado la furia soberanista. Poco después de conocerse los escritos de la Abogacía del Estado y la Fiscalía el pacto empezó a sellarse. Por un lado, entre el fugitivo Carles Puigdemont y su sucesor en la Generalitat, Quim Torra. Por otro, Oriol Junqueras llamó desde la cárcel a su hombre de confianza, el vicepresidente de ERC, Pere Aragonés. Tras frenéticos contactos, todos ellos decidieron la línea dura en su respuesta. «Sánchez tiene el contador a cero para elecciones generales», le dijo Torra al número dos del Govern después de su conversación con el prófugo de Waterloo. Según fuentes independentistas, el acuerdo pasa de momento por el rotundo rechazo a los Presupuestos Generales del Estado y numerosas movilizaciones en la calle, en Cataluña y Europa, con familiares de todos los encarcelados. Los secesionistas planean dos grandes manifestaciones en Bruselas y Estrasburgo con el objetivo de seguir con la internacionalización del conflicto y la libertad de sus llamados presos políticos.

«A Sánchez se le ha ido esto de las manos». Era la reflexión de algunos dirigentes moderados del PDeCAT y ERC hacían a la misma hora en que Carmen Calvo y Dolores Delgado comparecían en La Moncloa. Una rueda de prensa de las más esperpénticas que se recuerdan, en la que los propios periodistas no salían de su asombro y algunos ministros intentaban mirar para otro lado. La sensación en un sector del Gobierno y el PSOE es bastante pesimista: «Con esta gente no hay nada que hacer», lamentan veteranos diputados que ven la Legislatura a la deriva. Aunque sabedores de su «postureo» victimista, la opinión mayoritaria es que ahora resulta muy difícil el apoyo de los independentistas a las cuentas públicas, y solo contemplan como salida al túnel que no les interesa para nada un posible gobierno de la derecha. Pero la reacción de Puigdemont, Torra y Junqueras descarta por el momento esta opción: «El juicio ante el Tribunal Supremo es imparable y les echa al monte», aseguran.

En Moncloa conocían las advertencias de los soberanistas, dados los encuentros que han mantenido en las últimas semanas los consejeros de la Generalitat, Elsa Artadi y Pere Aragonés, con la vicepresidenta Carmen Calvo, muy cuestionada dentro del propio Gobierno y el grupo socialista. Fuentes del Govern confirman que exigían otro importante gesto, la supresión del delito de malversación de caudales públicos en los preparativos del uno de octubre. Pero esto era muy difícil porque existía una fuerte división dentro de la propia Abogacía del Estado y altos funcionarios del ministerio de Hacienda. «La olla estaba a punto de reventar», confiesan fuentes de la Abogacía y de este departamento. Las presiones de la vicepresidenta del Gobierno y la ministra de Justicia no dieron resultado, por lo que el guiño del Ejecutivo se ciñó únicamente a la sedición, con el consiguiente escándalo jurídico y reacciones furibundas de los partidos de la oposición.

Ante esta situación, el sector radical independentista lo dejó claro: ruptura total con el gobierno de Sánchez y veto a los presupuestos. Sin embargo, a tenor de las palabras de Calvo todavía quedaría la baza del indulto, que el Ejecutivo podría arbitrar tras la sentencia del Tribunal Supremo. Una apuesta que el PP y Cs ven escandalosa, «amoral por completo», pero que Moncloa y el grupo socialista guardan en la recámara. La pasada semana, tras la respuesta ambigua de Sánchez a las preguntas de Rivera, el PSOE con el apoyo de ERC paralizó los trabajos en la Mesa de la Comisión de Justicia sobre la reforma de la ley de indultos, lo que en el PP y Cs ha encendido todas las alarmas. Tanto Casado como Rivera opinan que Sánchez va a por todas en su intento de asegurarse la mayoría parlamentaria necesaria para agotar la Legislatura. «Sánchez y los independentistas se retroalimentan, son vasos comunicantes», afirman dirigentes del PP y de Cs.

La acusación fiscal consagra a Oriol Junqueras como el gran mártir del secesionismo y obliga a Puigdemont y Torra a radicalizarse aún más, disfrazando la enorme división entre neoconvergentes y republicanos. Si dejan caer a Sánchez y este se ve obligado a convocar elecciones, los soberanistas tampoco pierden nada puesto que coincide con el juicio y la sentencia del TS, con la mirada puesta en las municipales y europeas. «Esquerra marca el ritmo desde la cárcel y Sánchez le sigue», denuncian en los partidos constitucionalistas. Las próximas elecciones en Andalucía envenenan el escenario y podrían pasarle una gran factura a Susana Díaz. Por eso, varios «barones» y muchos sectores del PSOE ven como única salida la convocatoria de generales, antes de que sea tarde. Por el momento, fuentes de Moncloa niegan este extremo y aseguran que Sánchez resiste a toda prueba.

La fractura independentista se solapa ahora bajo el victimismo ante los escritos judiciales. «La política catalana está en la calle», aseguran. La movilización europea es su nuevo reto con Junqueras en la cárcel y Puigdemont en Waterloo con el grotesco Consell por la República como instrumento para seguir con la reivindicación en el extranjero del derecho de autodeterminación. Un laberinto enrarecido con difícil salida institucional, máxime cuando el juicio oral ante el Supremo está la vuelta de la esquina. A día de hoy, el sector duro soberanista seguirá dando la batalla. En frente, en el PP y Cs tienen clara su denuncia: «Ellos no se rinden porque Sánchez sí lo hace». La incógnita es hasta dónde y cómo aguanta.