Hasta el PP está de acuerdo ahora en rescatar aspectos de la justicia universal recortados durante el Gobierno con mayoría absoluta de Mariano Rajoy en 2014. Todos los partidos presentes en el Congreso se lo prometieron ayer a un hermano de José Couso, el reportero de televisión muerto en Bagdad en 2003 por el Ejército de EE UU. El PP acepta ahora que se pueda juzgar en España a implicados en crímenes de lesa humanidad que no solo sean españoles o residentes en territorio nacional. El Gobierno también impulsa esa reforma.
El PP, ahora con Pablo Casado al frente, da marcha atrás en la reforma que determinó que no se pudieran investigar ni juzgar en la Audiencia Nacional delitos cometidos contra españoles en el extranjero. Representantes de todos los partidos presentes en el Congreso y la presidenta de la Cámara, Ana Pastor, se reunieron este martes con el hermano de José Couso, el reportero gráfico de Tele 5 muerto durante la guerra de Irak por disparos de un tanque del Ejército de Estados Unidos, y le prometieron desbloquear la paralizada reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para corregir esos límites.
“Esta mañana nos hemos llevado una grata sorpresa al ver que se inicia el proceso para recuperar la jurisdicción universal, al darse un consenso entre los grupos parlamentarios. Estaremos expectantes y vigilando que así sea”, escribió a la salida de la cita David Couso, hermano y portavoz de la familia del cámara. ERC presentó hace dos años una proposición de ley para revisar las reformas de la justicia universal aplicadas en los últimos años por distintos Ejecutivos del PP y del PSOE. La más reciente, de 2014, quiso poner freno sobre todo a la posibilidad de que jueces españoles pudieran abrir causas relacionadas con la vulneración de derechos y libertades en otros países. El Gobierno alegaba que su propósito era evitar complejos conflictos políticos y diplomáticos internacionales.
La muerte de Couso ha sido uno de los más simbólicos, por los problemas con que se encontró su familia para solicitar y conseguir declaraciones de mandos y autoridades norteamericanas.
El acuerdo alcanzado por los partidos coincide con el propósito de la propia ministra de Justicia, Dolores Delgado, una auténtica abanderada de la jurisdicción internacional en su etapa de 25 años de trabajo como fiscal de la Audiencia Nacional. El Gobierno, el PSOE y Podemos han incluido esa promesa también en su acuerdo presupuestario para 2019 y están a la espera del dictamen de una comisión de expertos creada por la ministra Delgado para recoger sus conclusiones.
La diputada del PP María Jesús Moro, que ha obtenido para esta marcha atrás la autorización de Casado y del exministro Rafael Catalá, concede que en 2014 su partido fue “demasiado riguroso” para evitar “los intentos de juicios e investigaciones urbi et orbi” y que se colapsase la Audiencia Nacional cuando algunos procedimientos ya estaban en marcha en tribunales internacionales.
EL CAMBIO DE POSTURA DEL PP
En 2009 se realizó una reforma respecto a la jurisdicción universal, contenida en el artículo 23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establecía una serie de requisitos a tener en cuenta que son los que el PP propone recuperar ahora: la relación de delitos que ya existía en dicho artículo se aumentó solamente añadiendo los delitos de lesa humanidad; aunque ya existía una obligación genérica de perseguir los delitos contenidos en los tratados internacionales, se especificó aún más, dando especial relevancia a los convenios de derecho internacional humanitario y de protección de los derechos humanos.
También se establecían tres condiciones para que pudieran ser perseguidos por la jurisdicción española los delitos citados: cuando quedara acreditado que sus presuntos responsables se encontraban en España o que existían víctimas de nacionalidad española; cuando se constatase algún vínculo de conexión relevante con España; y, en todo caso, que en otro país competente o en el seno de un tribunal internacional no se hubiera iniciado un procedimiento que supusiera una investigación y una persecución efectiva, en su caso, de tales hechos punibles; y, por último, se fijaba que el proceso penal iniciado ante la jurisdicción española se sobreseería provisionalmente cuando quedara constancia del comienzo de otro proceso sobre los hechos denunciados en el país o por un tribunal internacional.
En la reforma aplicada por el Gobierno del PP en 2014 se añadieron una serie de delitos debido a los compromisos internacionales adquiridos por España y por motivos técnicos como los delitos de tortura y contra la integridad mora, la desaparición forzada, los referidos a la protección física de materiales nucleares, violencia contra las mujeres, corrupción en las transacciones internacionales y falsificación de productos médicos.
En aquel momento el Ejecutivo de Rajoy se preocupó más de garantizar el principio de subsidiariedad de la forma y excluyó del proceso todos los casos en los que los hechos estuvieran siendo investigados en un tribunal internacional o cuando se hubiera iniciado una investigación por un tribunal del lugar donde se cometieron los hechos o en el Estado de nacionalidad del sujeto al que se imputaban los hechos, siempre que dicha persona no se encontrase en territorio español o se hubiera iniciado procedimiento para su extradición. El PP valorará ahora en el trámite de la ponencia los requisitos de 2009 para evitar los problemas que se hubieran podido derivar de los incorporados en 2014, según fuentes de su grupo parlamentario implicadas en la negociación.
