Las polémicas bombas de precisión que España acordó vender a Arabia Saudí en 2015 y cuya entrega había paralizado la ministra de Defensa, Margarita Robles, serán finalmente enviadas a Riad. Apenas 48 horas después de que Robles admitiera que esa operación no estaba anulada, sino “en proceso de revisión”, el Gobierno ha decidido reactivarla, según confirman a este diario fuentes de La Moncloa. La medida, una clara desautorización de la ministra, pretende aliviar el malestar que el anuncio generó en las autoridades saudíes.
La marcha atrás respecto al criterio de Margarita Robles persigue evitar represalias saudíes por lo que iba a ser una cancelación rotunda de este contrato, sensible para la monarquía saudí. Aunque no existe ninguna vinculación jurídica, el resquemor que el giro del Gobierno generó en Riad amenazaba con echar por tierra el contrato de cinco corbetas que el astillero público Navantia tiene previsto construir para Arabia.
La titular de Defensa aseguró el pasado lunes en el Senado que la venta no estaba suspendida, pero evitó darla por reactivada, pese a que probablemente a esas alturas ya era consciente de que el Gobierno iba a ordenar el envío del material a Riad. Tanto su departamento como el de Exteriores rehusaron el miércoles pronunciarse sobre esta noticia, adelantada por El Periódico, que asegura que la monarquía saudí ya ha sido informada de la nueva —y en principio definitiva— decisión.
Al llegar a su puesto, Robles revisó todas las operaciones heredadas del Ejecutivo del PP y encontró algunas irregularidades en esta, sellada en 2015 (bajo el mandato de Pedro Morenés) y que ordenaba la venta de 400 misiles láser —de fabricación estadounidense y propiedad del Ejército español— a las autoridades saudíes. Defensa tenía la convicción de que ese material iba a usarse en la guerra de Yemen, en la que Riad lidera una coalición para restituir en el poder al Gobierno derrocado por los rebeldes huthi. El bombardeo de un autobús que costó la vida a medio centenar de civiles, más de la mitad de ellos niños, a principios de agosto, acabó decantando la balanza a favor de anular el acuerdo, aunque Riad ya había abonado los 9,2 millones de euros correspondientes.
Robles pensó que la magnitud de la cifra —modesta en comparación con los 270 millones de euros en armamento que España exportó a Arabia Saudí el año pasado— permitía cancelar la operación sin repercusiones. Y además encontró atípico que fuera el Ejército español (no una empresa fabricante) el que vendiera material en su poder a otro país, en especial a uno cuyo cumplimiento de los derechos humanos suscita recelos. Pero el hecho de que saliera a la luz pública la presunta paralización de la venta y la importancia estratégica de esas bombas (de gran sofisticación técnica y escasas en el mundo, según las fuentes consultadas) inquietaron a la monarquía saudí.
La decisión de Robles, adelantada la semana pasada por la cadena SER y confirmada pocas horas después por el Gobierno, molestó a Riad y a partir de ahí el Ejecutivo insistió en que haría todo lo necesario para que no se perdieran puestos de trabajo en Navantia. La operación de las corbetas supera los 1.800 millones de euros y da trabajo a 6.000 personas en Cádiz. La Moncloa hizo una rectificación indirecta de las intenciones de Robles y comenzaron unas gestiones diplomáticas en las que se garantizó que el contrato de Navantia se mantendría. A cambio, Riad obtendría sus bombas, algo para lo que ya se ha dado la orden.
