El juez que instruye la causa abierta por el «procés», Pablo Llarena, ha comunicado a la Mesa del Parlament la suspensión de cargo público de los cinco diputados catalanes que están en prisión preventiva así como del expresident Carles Puigdemont, huido en Alemania, todo ellos procesados por rebelión.
Lo ha hecho en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que prevé que una vez el procesamiento sea firme y se decrete la prisión provisional por un delito relacionado «con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes», aquel procesado que ostente un cargo público quedará «automáticamente suspendido» en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión.
Esta medida afecta a los cinco diputados autonómicos en prisión (Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Jordi Sànchez), al igual que a Puigdemont, pero no así al exconseller fugado en Bélgica, Antoni Comín, que tiene pendiente su recurso al auto de procesamiento.
El magistrado ha notificado 8 autos donde responde a distintas peticiones y recursos. En su auto de conclusión del sumario el juez explica que la suspensión de funciones es automática por imperio de la Lecrim y deja en manos del Parlament de Cataluña la posibilidad de que los diputados suspendidos sean sustituidos temporalmente por otros de sus respectivas candidaturas. La suspensión no se aplica a Antoni Comin al aceptar el juez su pretensión, y la de Meritxell Serret de recurrir en reforma el auto de procesamiento. A partir de ahora Llarena pierde la competencia sobre la causa que ha quedado concluida que pasa a la Sala de enjuiciamiento.
Puigdemont denuncia que la justicia hace política para «quebrantar» el voto
El expresidente catalán Carles Puigdemont ha cuestionado hoy «la calidad democrática del Estado» tras la decisión del juez Pablo Llarena de suspenderle de cargo público a él y a los cinco diputados presos, y ha dicho que el voto de los ciudadanos está siendo «quebrantado por una justicia que continúa haciendo política».
En Twitter, Puigdemont, líder y diputado de JxCat, ha subrayado que esta decisión «describe el nivel de calidad democrática del Estado».
«El voto de los ciudadanos, quebrantado por una «justicia» que continua haciendo política. Será largo, pero ganaremos. La república tiene que hacer prevalecer los derechos fundamentales que la monarquía del 155 pisotea», ha agregado.
