La nueva Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción empezará a funcionar en unos dos o tres meses

La nueva Oficina Municipal contra el Fraude y la Corrupción empezará a funcionar en unos dos o tres meses. El Gobierno de Zaragoza ha aprobado este viernes el Reglamento y ahora se abre un plazo de 15 días para que la oposición presente alegaciones. El objetivo de esta oficina es alertar e investigar el uso ilícito de fondos públicos y también los conflictos de intereses o los casos en los que haya un aprovechamiento privado de información obtenida en el desempeño de funciones para el Ayuntamiento.

Para el portavoz del Gobierno de Zaragoza en Común, Fernando Rivarés, uno de los principales aspectos de esta oficina es «poder ayudar a que la ciudadanía recupere la confianza en las instituciones públicas». Rivarés también ha hecho hincapié en que este organismo será «independiente y con autonomía funcional», aunque dependerá del Pleno y «actuará sobre todo el Ayuntamiento, incluidos los organismos autónomos y sociedades municipales».

Además tendrá una función preventiva, evaluando áreas de riesgo e impulsando códigos de buenas prácticas que fomenten la ética pública, la transparencia y la integridad de cargos y empleados públicos. Asimismo, la oficina sería la encargada de gestionar el Registro de declaraciones patrimoniales y de actividades, pudiendo investigar los incrementos de patrimonio de los cargos públicos y de sus familiares, con informe motivado que lo justifique. También gestionaría el nuevo Registro de lobbistas y lobbies.

El proyecto de reglamento aprobado este viernes recoge que al frente de ella habrá un director, que deberá ser una persona de reconocida trayectoria democrática y de prestigio y que no podrá estar afiliada a ningún partido político, sindicato o asociación empresarial. El nombramiento será propuesto por el Gobierno y aprobado por tres quintas partes del Pleno.

El director contará con el apoyo de un Consejo Asesor, compuesto por un máximo de cinco vocales designados por mayoría de tres quintos del Consejo de la Ciudad entre personas de reconocida trayectoria en la lucha contra la corrupción. Además, para su funcionamiento la oficina dispondrá de personal funcionario seleccionado mediante el sistema de concurso de mérito específico.

El texto recoge que el director de la oficina podrá abrir una investigación de oficio o porque se lo solicite el Pleno (a propuesta de una comisión plenaria, del alcalde o como consecuencia de una comisión de investigación). Actuará por iniciativa propia cuando al analizar áreas de riesgo considere que hay que realizar una inspección o cuando haya una denuncia externa que, tras ser estudiada, presente indicios razonables de veracidad.

En este sentido, Rivarés ha resaltado que el proyecto de reglamento contempla que «cualquier persona» podrá dirigirse a la oficina para comunicar presuntas prácticas fraudulentas, conductas ilegales o corrupción. «En principio se preservará su confidencialidad y la de las actuaciones que denuncie mediante la aplicación del estatuto del denunciante de buena fe», ha indicado Rivarés, si bien «no se admitirán denuncias anónimas». Cuando concluya su investigación el director de la oficina informará al órgano competente para que adopte medidas. En caso de que haya presuntas conductas delictivas, lo comunicará al fiscal o a la autoridad judicial.

Después del periodo de alegaciones, el dictamen debe ser aprobado en la Comisión de Economía, antes de elevarlo a Pleno para su aprobación inicial. Aunque Rivarés ha calculado que los trámites supondrían «entre dos y tres meses», ha insistido en su intención de sacar adelante la oficina «con unanimidad o con el máximo consenso posible». Por ello, reconoce que no le importa alargar «un poco» el plazo, en aras del consenso.