La Eurocámara entra en el debate lingüístico en Cataluña. La comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha anunciado este martes en Bruselas que enviará una carta a la Generalitat para preguntar sobre la presunta discriminación que sufren los castellanohablantes en las escuelas. La presidenta de dicha comisión, la liberal sueca Cecilia Wikström, ha recordado que Cataluña debe garantizar que la oferta de clases en castellano en los colegios financiados con dinero público sea del 25%, tal y como exige una sentencia del Tribunal Supremo. Si la respuesta de las autoridades catalanas no es satisfactoria, existe la posibilidad de que la Eurocámara vaya un paso más allá y envíe un equipo que analice sobre el terreno si la discriminación existe.
Wikström también se ha referido a la situación de las familias que viven temporalmente en Cataluña. Al respecto, ha advertido de que los menores deben mantener los conocimientos de su lengua materna en caso de desplazarse a la región. «Hay familias que tienen que mudarse a Cataluña por un corto periodo de tiempo y cuando vuelven a otra parte de España los niños no deben haber perdido su lengua completamente. Restringir la libertad de movimientos de las familias está simplemente en contra de los valores de la UE».
La decisión de remitir la misiva se ha producido después de un intenso debate en el que han intervenido Ana Losada, presidenta de la Asamblea por una Escuela Bilingüe (AEB), y Carlos Silva, en nombre de la organización Impulso Ciudadano. Las dos organizaciones, ubicadas en la órbita de Ciudadanos, dibujaron un panorama donde la discriminación de los castellanohablantes en Cataluña es un hecho cotidiano. «Soy la voz de muchos padres y madres catalanes que queremos romper el miedo a denunciar la vulneración de derechos a la que se ven sometidos nuestros hijos», aseguró Losada.
La comisión de Peticiones está abierta a recibir las quejas o solicitudes de cualquier ciudadano europeo, pero en la práctica, su radio de actuación es reducido: se limita a dar al Parlamento la oportunidad de utilizar su potente altavoz institucional para llamar la atención sobre violaciones de derechos por parte de Gobiernos nacionales, regionales o locales. En la sesión estuvo representada la Comisión Europea, pero evitó inmiscuirse en el tema alegando que es competencia de los Estados miembros legislar sobre política educativa. Bruselas estima que corresponde a los gobiernos español y catalán decidir sobre la profundidad de la inmersión lingüística.
La representante de la AEB se ha mostrado partidaria de que el sistema educativo catalán «respete que la sociedad es bilingüe y no imponga el catalán a los castellanohablantes, que son mayoría». La réplica le llegó de parte del eurodiputado de Esquerra Republicana de Catalunya Josep-María Terricabras, quien se escudó en los datos del Informe PISA para negar que exista un problema lingüístico. «Los niños catalanes obtienen puntuaciones en conocimiento del castellano por encima de la media española», argumentó.
El otro gran punto de discusión fueron las multas a los comerciantes que no rotulan en catalán. Carlos Silva, de Impulso Ciudadano, criticó lo que estima una estrategia por parte de los sucesivos gobiernos nacionalistas para excluir el español del espacio público. «Miles de empresarios, grandes y pequeños, han sido sometidos a controles lingüísticos y han sido sancionados. Los inspectores de consumo se han convertido en guardianes de la lengua catalana», lamentó. Además, ha alertado de la persecución a la que se ven sometidos los comerciantes que optan por rotular la mitad en español y la mitad en catalán.
Los eurodiputados de PP, Ciudadanos y UPyD han respaldado las denuncias de ambas organizaciones. Teresa Giménez Barbat, de Ciudadanos, dijo vivir en carne propia los efectos de la política idiomática de la Generalitat. “En Cataluña la lengua se utiliza como un instrumento de construcción nacional, y esto va en detrimento de los ciudadanos. Soy familiar de comerciantes que están sufriendo estas imposiciones”.
La parlamentaria liberal Beatriz Becerra ha desvinculado el debate del actual momento político en Cataluña. Ha recordado que la situación viene de años atrás, y ha culpado a la inacción del Estado de la situación de indefensión en que, según su visión, se encuentran los defensores del bilingüismo. «Los poderes públicos españoles no han hecho lo suficiente […] por eso acuden a Bruselas con la esperanza de que la UE pueda ayudarlos», ha dicho en referencia a las dos entidades que han tomado la palabra en la capital comunitaria.
El PSOE se ha desmarcado de ese cerrado apoyo. Para la eurodiputada Soledad Cabezón, internacionalizar el debate lingüístico es inútil al ser un asunto de competencia nacional, y solo contribuye a crispar el ya de por sí convulso escenario político catalán. La representante andaluza insistió en que las circunstancias son claramente inapropiadas. «Quiero manifestar mi tristeza. La sociedad catalana está en una situación cuanto menos difícil, muy dividida. Es el momento menos oportuno para traer este debate. Necesitamos una solución y no meter más dedos en la herida. Todos estos debates se tienen que resolver en España».
