El Poder Judicial sigue pidiendo una reforma total del proceso penal

La Justicia española se está quedando obsoleta en cuanto a estructura, «fuera de la órbita europea», por falta de una reforma en profundidad del proceso penal. Así lo afirma José María Macías, vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ayer asistió a una jornada sobre el efecto de las últimas reformas procesales en el Colegio de Abogados de Zaragoza. La jornada contó también con el presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Manuel Almenar, además de la participación del juez del Supremo Manuel Marchena.

Macías recordó con cierta sorna que cuando se aprobó la Ley de Enjuiciamiento Criminal «regía María Cristina». Casi 150 años después, obviamente la sociedad ha cambiado, la delincuencia ha cambiado, pero la Justicia no se ha adaptado a esta evolución. La reforma de hace tres años de la Ley de Enjuiciamiento Criminal tenía buena intención en cuanto a la agilización, a juicio del magistrado, pero se ha quedado en un «parque» que no resuelve la reforma total que se necesita.

Como repasaba el presidente de la APM, asociación organizadora de la jornada, junto al colegio, con los múltiples recursos que permite la ley durante la instrucción y el resto de fases, en juzgados de Galicia «un investigado puede llegar al banquillo ocho años después de haber sucedido los hechos», como se han dado casos, con la merma del derecho a una justicia ágil que eso supone.

Sin embargo, nunca se reforma a gusto de todos, y acotar plazos de instrucción ha generado protestas en la Fiscalía, al crear bolsas de impunidad, afirman, por no poderse indagar todo en profundidad. La posibilidad de eliminar recursos indigna por contra a la abogacía, que lo considera un ataque al derecho de defensa. Y las reformas de la estructura judicial, con servicios comunes funcionariales como la Nueva Oficina Judicial, no gustan a los jueces, que pierden control y disponibilidad de personal, como expresaba recientemente el juez decano de Zaragoza, Roberto Esteban.

La solución para esto, según coincidían Macías y Almenar, sería una reforma legislativa «consensuada, que no dependa de quién gobierne», y que a su juicio debería abarcar también la planta judicial, con una distribución «racional» de medios. «No se puede tener un juzgado en todos lados, igual que no puede haber un hospital», resumía el segundo.