El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont se presentará ante la policía de finlandesa, que ha recibido una orden de extradición. Lo ha explicado su abogado, Jaume Alonso Cuevillas, en una entrevista de Catalunya Ràdio recogida por Ep.
«Puigdemont no ha huido nunca de la justicia española», ha defendido el abogado sobre el expresidente, que estaba en Finlandia porque ha participado durante varios días en conferencias y debates para internacionalizar el proceso soberanista.
En declaraciones posteriores a Rac1, Cuevillas también ha explicado que Puigdemont «siempre se ha puesto a disposición de la justicia» cuando se le ha requerido, como ya hizo en Bélgica.
Además, ha defendido que «no hay una resolución expresa que le declare en rebeldía» y ha recordado que ya se emitió una euroorden contra él y que se retiró.
«El juez está haciendo una comparación con una toma de rehenes con tiros al aire cuando todo el mundo vio que fue una manifestación pacífica», ha destacado en alusión a la protesta frente a la Conselleria de Economía.
Y ha añadido que, «mientras las cosas sigan como hasta ahora, es muy complicado que pueda regresar» a España y, por lo tanto, seguirá en Bélgica, donde iba a regresar este mismo sábado.
Según Cuevillas, los tribunales internacionales «tienen cada día más claro que en España no se están respetando las garantías mínimas y es posible que lleguen diversas condenas contra el Estado».
La Policía finlandesa ha confirmado este sábado la recepción, esta pasada noche, de una solicitud de España para la extradición del expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont.
«La Oficina Nacional de Investigación informa que España busca la extradición de su ciudadano que de momento se encuentra en Finlandia, la Policía informó a la Fiscalía e inició el intercambio de información con las autoridades españolas», dice la nota.
El superintendente de los servicios de Investigación Criminal de Finlandia, Hannu Kautto, citado por la agencia STT, ha confirmado que «la solicitud de extradición llegó a Finlandia por la noche» y ha añadido que puede que Puigdemont sea detenido y su caso, examinado en la Fiscalía, según la información recogida a su vez por la agencia oficial de noticias rusa, RIA Novosti.
Puigdemont llegó el pasado 22 de marzo desde Suecia a Finlandia y planeaba viajar luego a Dinamarca, en un intento de internacionalizar el proceso soberanista, tras pasar varios días en Ginebra participando en debates y conferencias con el mismo objetivo.
El magistrado del Tribunal Supremo que investiga los hechos relacionados con el ‘procés’, Pablo Llarena, ha dictado orden de detención internacional para la secretaria general de ERC, Marta Rovira, después de que esta no haya acudido a la citación judicial de este viernes y ha reactivado las órdenes de detención para el resto de huidos, entre los que se encuentra el expresidente catalán Carles Puigdemont, han informado a Europa Press en fuentes jurídicas.
El juez que instruye la causa del ‘procés’ adopta esta medida tras haberlo solicitado la Fiscalía y la acusación popular que ejerce el partido Vox en la vistilla celebrada esta mañana.
La número ‘dos’ de ERC estaba citada a las 10.30 horas junto con el excandidato a la Presidencia de Cataluña Jordi Turull, la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell, y los tres exconsejeros Josep Rull, Raül Romeva y Dolors Bassa, para quienes el juez ha acordado su ingreso en prisión por riesgo de fuga y reiteración delictiva. No obstante, la dirigente independentista ha comunicado por carta su intención de no acudir y partir al «exilio».
Adopta esta medida igualmente para la exportavoz de la CUP en el Parlamento catalán, Anna Gabriel, quien no acudió a su citación judicial del pasado 21 de febrero huyendo a Suiza, país donde se encuentra en la actualidad y en el que no rigen las euroórdenes.
Por otro lado, el juez reactiva las euroórdenes y las órdenes de detención internacional que había dictado la Audiencia Nacional contra Puigdemont y sus exconsejeros Clara Ponsatí, Lluis Puig, Toni Comín y Meritxell Serret, que huyeron a Bélgica a finales del pasado mes de octubre.
Llarena las había desactivado poco después de asumir la causa por rebelión, sedición y malversación de caudales públicos, al considerar que existía riesgo de que fueran extraditados por delitos mucho menores.
