Tres de cada cuatro alumnos necesitados de apoyo específico estudian en colegios públicos

El 63% de los niños de infantil y primaria van a una escuela pública. El 37% a una concertada. En el caso de los Alumnos con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (Acneaes), tres de cada cuatro estudian en la pública y un 24% en la concertada. Esta es la visión general de la distribución de estos niños que se desprende de los datos de este curso 2017-2018 facilitados por la DGA a los representantes de la comunidad educativa. Corresponden a los 222 colegios que abren sus puertas en las 28 zonas escolares de la Comunidad en las que conviven establecimientos de enseñanza públicos y privados.

El desequilibrio en la escolarización de los estudiantes con necesidades especiales queda de manifiesto también en los cinco colegios que superan el 20% de Acneaes en sus aulas, techo máximo fijado por Educación. Entre ellos hay cuatro públicos: Pío XII de Huesca y, en Zaragoza, Santo Domingo, Emilio Moreno Calvete y Fernando el Católico, además del concertado Cantín y Gamboa, también en la capital aragonesa. Pero hay otros cinco públicos que están entre el 15% y el 20%. La presencia media de estos alumnos que requieren algún tipo de ayuda es del 5,5%.

El Departamento de Educación del Gobierno aragonés ya anunció el pasado noviembre los cambios que va a introducir en el decreto que regulará el proceso de escolarización para el curso 2018-2019, pendiente de publicarse, para mejorar el reparto equitativo y equilibrado de este alumnado. Unos cambios que obedecen también al cumplimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón (TSJA) que dio la razón a la Asociación de Madres y Padres (Amypa) del Pío XII, que llegó a rozar un 40% de Acneaes.

Las principales novedades consistirán en flexibilizar el número de vacantes para estos estudiantes. Hasta ahora la norma decía que se podían reservar hasta tres plazas por aula (excepto en aquellas escuelas con más de un 20%). Este cupo mínimo dependerá de las vacantes, las características y recursos del centro y la realidad demográfica del distrito o del municipio y podrán ser más de tres. Además tendrán que guardarse durante todo el curso, no solo en el periodo de matrícula. Así, estos ‘sitios’ no los podrán ocupar alumnos ordinarios si quedan libres.

Las familias del Pío XII están a la espera de que el TSJA se pronuncie sobre si estas medidas cumplen o no la ejecución de las sentencias que obligan a la DGA a establecer una distribución equitativa de Acneaes. En su opinión, estas iniciativas son “adecuadas” para trabajar contra la segregación escolar, pero dudan de que logren el equilibrio real que se busca si “las consideraciones se hacen sobre las reservas de plaza y no sobre los Acneaes realmente diagnosticados”. Su portavoz, Noelia Ferrer, pone como ejemplo que para este curso 2017-2018 en la ciudad de Huesca se reservaron 70 plazas para 1º de infantil “cuando había 20 diagnosticados”.

La concertada no ve con buenos ojos la obligatoriedad de mantener la reserva de las plazas para estos chicos durante todo el curso. José Luis Sampériz , secretario general de Escuelas Católicas en Aragón, reconoce que prefieren que esta provisión se limite al tiempo que dura la matriculación, pero que también es necesario “cumplir escrupulosamente la sentencia del TSJA y la ley”.

El artículo de la Lomce 87.2 que regula este aspecto está sujeto a interpretación. Dice que para facilitar la escolarización y garantizar el derecho a la educación de los Acneaes “deberán reservarle hasta el final del periodo de preinscripción y matrícula una parte de las plazas”. Desde Educación entienden que no significa que no se puedan mantener más tiempo, sino que no se pueden quitar antes de que acabe ese periodo.

Miguel Ángel García Vera, presidente de la Federación Cristiana de Asociaciones de Padres y Madres de Aragón (Fecaparagón), defiende que este sector tiene “toda la voluntad” siempre y cuando cuente “con los recursos necesarios” y se respete “la libertad de elección de las familias”. Asimismo explica que algunos centros están haciendo oficiales los datos reales de alumnos con necesidades especiales que se venían atendiendo “pero que carecían de un diagnóstico oficial”.