Olona: “Bajaremos el ICA lo que haga falta para llegar a un acuerdo responsable”

Existe una situación de confusión. Lo hemos intentado explicar, pero es probable que no lo hayamos hecho lo suficientemente bien. No es cierto que haya una doble imposición o que Zaragoza pague más que el resto de Aragón. Si sumamos el importe de la tasa de Ecociudad y el ICA bonificado al 60%, el importe resultante es exactamente el mismo que el del ICA sin modificar. Lo uno es una tasa, que obedece a los costes de Ecociudad, y lo otro, un impuesto que se aplica por el hecho de generar aguas residuales, con independencia de que se depuren o no.

¿Qué ha fallado para que ya haya más de 24.000 recursos?

No he tenido el acierto necesario para que los ciudadanos tengan una comprensión adecuada de qué están pagando exactamente. Reconociendo esto, y respetando su posición, he de decir que ha habido mucha desinformación. Se ha generado confusión diciendo cosas que no son ciertas.

El Gobierno ha anunciado una revisión de la cuota fija del ICA, ¿hasta qué punto la rebajarán?

Hay dos ámbitos de modificación. El primero pasa por profundizar en el régimen de exenciones y bonificaciones. En este sentido, estamos dispuestos a estudiar todas las que se pongan sobre la mesa. Respecto al componente fijo, debo reconocer que el que se aplica actualmente dificulta la progresividad, ya que justifica que, cuanto más agua se consume, más barato sale el metro cúbico, cuando debería ser al contrario. Para eso hay que bajar el fijo. Si esta fuese una decisión exclusiva del Gobierno diríamos cuánto, pero queremos dejarlo abierto, ya que el objetivo es llegar a un consenso.

Pero el Gobierno debe tener alguna propuesta concreta…

Esta es. Si diésemos una cifra se nos diría que estamos poniendo una línea roja. Ya lo dijo el presidente: no condicionamos la reforma al resultado recaudatorio. Además del fijo, existe una componente variable que en estos momentos es única. Ahí introduciremos tramos de consumo con distintos precios. ¿Cuáles? Hay que estudiarlos. Si planteásemos una propuesta absolutamente cerrada no sería forma de ir a una negociación. En este sentido, confío en que los agentes convocados actúen con responsabilidad. Es lo único que pido.

Con estos tramos, ¿quienes consuman menos agua pagarán mucho menos? Y quienes gasten más, ¿también lo notarán?

Bajaremos lo que haga falta bajar para llegar a un acuerdo, pero a un acuerdo responsable. Lo que está en juego es el buen estado ecológico de nuestras aguas. ¿Cuánto hay que bajar? Vamos a sentarnos y a analizarlo. Esto no es algo que empezásemos a estudiar ayer. Desde el minuto uno, el Gobierno se puso a actuar. La primera decisión que yo tomé como consejero fue anular las licitaciones en curso de contratos concesionales por importe de 100 millones de euros. Nadie lo pidió, lo hicimos por iniciativa propia. También pusimos en marcha la extinción del Instituto Aragonés del Agua.

¿Serán suficientes estos cambios para convencer a los críticos?

Si no para convencerles, al menos para que no se diga que no hemos hecho nada. No obstante, no le corresponde a este consejero hacer esa valoración, ahí me someto a la crítica política y social. Reclamo, eso sí, que se sea fiel a la realidad y se diga lo que es. Nuestros ciudadanos son perfectamente capaces de tomar sus propias decisiones. De hecho, el 68% de las familias han pagado el ICA. Hay una mayoría que no cuestiona que haya que abonarlo.

Si no se llega a un acuerdo, ¿el Gobierno seguirá adelante con su propuesta?

El Gobierno de Aragón, lo diga quien lo diga, no puede modificar una ley unilateralmente. Es impropio de un Estado democrático y de derecho. Sí puede promover su modificación con el correspondiente proyecto de ley. Para eso se necesita un consenso político y social. La ley que se aplica ahora fue resultado de una aprobación prácticamente unánime. No es deseable sustituir una ley que tuvo ese grado de consenso por otra que tenga mucho menos.

En cuanto a los recursos, usted dijo que se desestimarían, mientras que Lambán, a las pocas horas, aseguró que se estudiarían. ¿Se ha sentido desautorizado?

No, en absoluto. Reconozco que me precipité diciendo eso. Es una decisión administrativa, no política. Admito que me equivoqué en vista de la reacción que provocó. Pido disculpas si alguien se sintió molesto, mi intención no era faltar al respeto a los ciudadanos que han presentado recursos. Por eso, he ordenado al Instituto Aragonés del Agua que los remita a la dirección general de Servicios Jurídicos.

Hay quien ha pedido su dimisión, ¿ha llegado a planteárselo?

Que pidan mi dimisión es algo que me preocupa, por supuesto que sí. Eso me obliga a reflexionar sobre en qué me he podido equivocar. No he querido molestar a nadie. No obstante, un consejero tiene la obligación de mantener una posición para que los ciudadanos sepan cuál es el criterio que su Gobierno tiene al respecto. Cuando no se hace todo correctamente y se generan molestias hay que pedir disculpas.

¿Cómo valora la actitud del Ayuntamiento de Zaragoza?

Aquí quiero trasladar el máximo grado de apertura al diálogo. No estamos imponiendo nada. En algún momento se me ha criticado que estaba mostrando una actitud rígida e intransigente, pero no he pretendido eso. Yo apelo a la responsabilidad de los convocados en relación al objeto común que nos ocupa. Es el momento de tomar las decisiones adecuadas para que las aguas estén limpias.

Pero, ¿se lo está poniendo fácil?

A la vista está que no nos lo está poniendo fácil. Hay un juego político que hay que entender, pero ha habido dificultades para que nos entregara los datos, primero los de los ciudadanos y luego los suyos propios. Ha habido que insistir y persistir. Tampoco acudió a la primera reunión de la mesa técnica. Espero que no moleste que diga que fácil no nos lo pone.

¿Y Podemos? Primero acordó revisar el impuesto del agua y ahora exige su derogación…

El acuerdo que se firmó, que permitió iniciar la tramitación de los presupuestos, está escrito y se puede leer. Podemos tiene derecho a cambiar de opinión, pero también deberá explicar por qué lo hace. Su pacto con el Gobierno está en los términos que está: no habla de derogación, sino de modificación. Insisto en que no se puede cambiar unilateralmente una ley. Si ahora derogásemos el ICA estaríamos cometiendo un acto ilegal.

Este cambio de opinión, ¿puede hacer peligrar la aprobación definitiva del presupuesto?

Espero y deseo que no. Estamos haciendo todo lo posible para que eso no ocurra. Si fuera así, iría en perjuicio de todos los aragoneses.

¿Cuándo se empezarán a cobrar los recibos de 2017 en Zaragoza?

El Ayuntamiento aún no nos ha facilitado los datos de 2017. Aunque quisiésemos, no podríamos empezar a cobrar. Con esto no quiero decir que esté habiendo un incumplimiento al respecto. Sí quiero dejar claro, y esto es un compromiso, que no va a haber acumulación de recibos. No se van a girar dos recibos, ni mucho menos tres, en un mismo año.