El Gobierno de Aragón ha presentado su propuesta de reforma del Impuesto de Contaminación de las Aguas (ICA) que llevará a la mesa de negociación el próximo 8 de febrero. Una reforma que se ciñe a una medida principal: la revisión de la parte fija de la cuota mensual de este impuesto (bajar de los cinco euros actuales), y dotar de mayor importancia a la parte variable, que es la que está sujeta al consumo.
Una medida muy concreta con la que el presidente, Javier Lambán, quiere incentivar en la ciudadanía el ahorro y el consumo de agua con responsabilidad. «Si estamos ante un impuesto medioambiental, tiene más lógica que dotemos de mayor importancia a este tramo variable que al fijo», ha explicado Lambán, quien no ha concretado en cuánto reduciría los cinco euros actuales, dejando esta decisión en manos de la mesa de negociación.
Esta modificación seguiría contemplando, eso sí, las bonificaciones y exenciones vigentes hoy en día, incluidas las contempladas por la tasa de la ciudad de Zaragoza. Exenciones que hacen referencia a personas con rentas bajas, perceptores del IAI, Renta Básica etc., a personas en situación de vulnerabilidad por pobreza energética, hogares con todos sus miembros en paro, pensionistas, y el descuento del 75% a los habitantes de municipios de menos de 200 personas donde no exista una depuradora.
En la actualidad se cobra 0,59 euros por metro cúbico para calcular lo que se ha de pagar, y los zaragozanos cuentan con una exención del 60% del total. Lambán, acompañado del consejero de Desarrollo Rural y Sostenibilidad, Joaquín Olona, ha manifestado que otra de sus metas es equiparar el pago del ICA a la media nacional, «evitando que los aragoneses paguen más que el resto de españoles en sus Comunidades», algo que Lambán, por otro lado, cree que ya ocurre con las facturas actuales.
Además, Lambán se ha comprometido a dar respuesta a la problemática planteada ayer por la Famcp para evitar las sanciones a los municipios que tienen depuradora, para lo que se emprenderá una mediación con el Estado, que es quien ha anunciado la aplicación de multas medioambientales por no tenerlas ejecutadas en algunos casos. En esta línea, el presidente ha cifrado en 300 las depuradoras pendientes de construir en diferentes municipios de la Comunidad, y ha apuntado que en 2017 se construyeron 24, subvencionadas con un 95% por la DGA.
Posición Ayuntamiento
Lambán ha resaltado el espíritu negociador con el que presenta esta reforma y no ha querido pronunciarse sobre la ausencia del Ayuntamiento en esta mesa. Confía en que todos los miembros presenten ideas que mejoren este impuesto y se alcance un consenso.
«El Ayuntamiento tiene, como todos los que estamos en esa mesa, hasta hoy a las doce de la noche para presentar su reforma, desconozco si lo hará, pero igual de importante es su opinión como la de los otros 700 municipios de la Comunidad», ha sentenciado Lambán.
El presidente y Olona han recordado al final que este es un impuesto «medioambiental y finalista», con 0 afán recaudador y cuyo único fin es garantizar el buen estado de los ríos y de las aguas de Aragón.
«Los zaragozanos pagan con la tasa los costes de su depuración y con el impuesto bonificado son solidarios con los demás», han señalado. Al final, según el Ejecutivo, la suma de los dos es igual a lo que pagan los demás con el impuesto sin bonificar.
Así lo ha afirmado la Cámara de Cuentas, que pone de manifiesto que, en 2017, los contribuyentes de Zaragoza soportarán por la depuración de aguas residuales las mismas cargas que el contribuyente del ICA sin bonificaciones del resto de Aragón.