La comisión de investigación constituida este miércoles en las Cortes para depurar responsabilidades políticas en el diseño, ejecución y explotación del saneamiento de las aguas de Aragón citará a declarar más de 60 políticos y técnicos relacionados directamente con los planes impulsados por la DGA desde 2001. Las comparecencias se alargarán seis meses, de modo que los diputados dispondrán del próximo verano para deliberar antes de pactar un dictamen para el otoño.
La presidenta de la comisión, la diputada podemista Marta de Santos, ha explicado que el plazo fijado es prorrogable e irá en función del trabajo acumulado y del número de personas que finalmente sean llamadas a declarar sobre la retahíla de reparos de legalidad, desvío de fondos a otras obras y sobrecostes millonarios por la decisión de privatizar la gestión, tal y como constató la Cámara de Cuentas hace casi un año.
Lo que nadie duda es que se citará al exconsejero de Medio Ambiente que impulsó los planes de de depuración, Alfredo Boné, a su sucesor, Modesto Lobón (PP), y al actual, Joaquín Olona, además de los sucesivos responsables del Instituto Aragonés del Agua y a la exministra Cristina Narbona. Esta última fue la que firmó el convenio para la financiación de las instalaciones y que finalmente la DGA desvió para otros fines.
Por parte de la formación morada se quiere llamar igualmente a los miembros de las mesas de contratación, a las adjudicatarias de las plantas, a los técnicos que las diseñaron y a los alcaldes que mantienen litigios.
Marta de Santos ha señalado que el objetivo es determinar por qué se incumplió los planes de depuración y acordar qué se puede hacer para lograr el tratamiento de las aguas.
La constitución de esta comisión fue promovida por Podemos hace nueve meses tras publicarse un duro informe de la Cámara de Cuentas, que desveló que estaba previsto construir 1.153 plantas, de las que al cierre de 2015 solo había en servicio 255, con un coste de más de 3.000 millonesfinanciados con el Impuesto de Contaminación de las Aguas.
El órgano fiscalizador cuestionó la decisión de privatizar el diseño, construcción y mantenimiento de las plantas, que ha cuadruplicado los gastos. Y advertía del riesgo de que Aragón tenga que devolver al Estado los 117 millones que entregó para construir las depuradoras del Pirineo no ejecutadas.
Los diputados mantendrán la primera reunión el próximo 7 de febrero y servirá para concretar la lista de comparecientes, así como toda la documentación que se va a solicitar sobre el caso. De entrada, pedirán los planes de saneamiento «y cuantos documentos se hayan emitido al respecto». De Santos ha mencionado proyectos, actas de mesas de trabajo, adjudicaciones, así como el convenio con el Gobierno, las actas de seguimiento del mismo y los anexos. Además, los expedientes completos de los contratos firmados con empresas en materia de depuración, incluyendo los acuerdos de las mesas de contratación y las deliberaciones.
Sobre el retraso acumulado en constituir la comisión de investigación, la presidenta lo achacó a la apretada agenda de los diputados y a la necesidad de avanzar primero en iniciativas parlamentarias del «presente y del futuro» y no del pasado.
