Los organismos dependientes del Estado han elevado el gasto este año más de un 10% respecto al mismo periodo del año anterior, hasta casi 25.000 millones
En pleno debate sobre la recaudación pública, el Gobierno alcanza un nivel de máximos históricos en gasto destinado a contratos públicos. Nunca antes, en los tres primeros trimestres del año, los organismos estatales habían gastado tanto: cerca de 28.500 millones de euros, un incremento de más del 10% respecto al mismo periodo del año anterior. Una inversión récord, a las puertas de las próximas elecciones generales del 29 de noviembre.
La Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIRESCON) estima que los organismos públicos dependientes del Estado han destinado 28.494 millones de euros a la ejecución de 43.275 expedientes de contratación en lo que va de año. Se trata de una cifra que supera, con creces, cualquier otra estimación de ejercicios anteriores.
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Basta con mirar los datos oficiales correspondientes a los tres primeros trimestres en años ya cumplidos, que siempre se movían en una horquilla de entre 23.000 y 26.000 millones de euros: entre enero y septiembre de 2023 (ambos incluidos) se destinaron 24.085,27 millones de euros repartidos en 35.242 expedientes; y, en 2024, fueron 23.168,38 millones en 40.287 expedientes.
El gasto se elevó hasta 25.733,52 millones en 2025, con 41.507 expedientes tramitados. Pero en los tres primeros trimestres de 2026 se han pulverizado todos los techos hasta la fecha. Los 28.494 millones de este año suponen un incremento del 10,7% respecto al periodo anterior.
Negociados sin publicidad
También son representativos algunos de los datos desagregados, como lo son los contratos adjudicados mediante el procedimiento negociado sin publicidad, el trámite más opaco de todos, donde se alcanza un acuerdo directamente con la empresa invitada al proceso. En estos tres primeros trimestres de 2026 se han licitado 25.334,49 millones mediante este procedimiento; en 2025 fueron 1.822,64 millones; en 2024, 2.152,35; y en 2023, 1.636,97.
La razón de este incremento se sostiene en los contratos adjudicados por el Ministerio de Defensa entre el último trimestre de 2025 y el primero de 2026, que además de elevar el gasto hasta los niveles comprometidos por la OTAN suponían los pagos en acuerdos ya comprometidos para la modernización de las Fuerzas Armadas. Debido a la naturaleza de la compra y a las restricciones de seguridad, es habitual que estas licitaciones se tramiten mediante el procedimiento de negociado sin publicidad.
Niveles de recaudación
Estos niveles de gasto público nunca antes vistos coinciden con la polémica instalada en esferas políticas en torno a los mecanismos recaudación de la Hacienda Tributaria. Como contó Vozpópuli, la recaudación del Impuesto de Sociedades se ha disparado un 432% durante el Gobierno de Pedro Sánchez en comparación con los últimos meses de Mariano Rajoy. Entre enero y mayo de 2018, Hacienda ingresó 1.752 millones de euros por este tributo, frente a los 7.544 millones del mismo periodo de 2026.
La recaudación tributaria total también ha aumentado un 72% en términos comparables, hasta los 135.009 millones, un 10,6% más que en los cinco primeros meses del año anterior. Según el Instituto de Estudios Económicos (IEE), España es el cuarto país de la OCDE con mayor dependencia fiscal de las empresas: el 48,8% de los ingresos tributarios procede de la actividad empresarial, frente al 39,4% de media en la UE.
El IRPF continúa siendo la principal fuente de ingresos de Hacienda, con 60.564 millones recaudados hasta mayo, el 44,9% del total. Entre los factores que explican el incremento de la presión fiscal figura la decisión del Gobierno de no deflactar este impuesto para ajustarlo a la inflación, una medida que aportó 2.294 millones adicionales a las arcas públicas en 2025 y que, según la AIReF, permitirá recaudar otros 1.800 millones anuales hasta 2031. El Consejo General de Economistas calcula que un contribuyente con un salario medio ha pagado 820 euros más en cinco años por esta decisión. El PP denuncia que la presión fiscal alcanzó en 2025 el récord del 37,9% del PIB, tres puntos más que en 2018.
