La movilización se ha producido coincidiendo con la reunión prevista para el 27 de octubre entre los sindicatos y la Secretaría de Estado de Seguridad
Varios representantes de las organizaciones sindicales de la Policía Nacional y la Guardia Civil han protagonizado este martes un encierro en las dependencias del Ministerio del Interior. La movilización se ha producido coincidiendo con la reunión prevista para el 27 de octubre entre los sindicatos y la Secretaría de Estado de Seguridad, en la que estaba previsto tratar las condiciones de jubilación de ambos cuerpos.
La cita se fijó para esta fecha después de que las organizaciones representativas solicitaran adelantar las conversaciones. JUPOL y JUCIL comunicaron que participarían en el encuentro con un documento reivindicativo consensuado. Entre sus prioridades se encuentran mejorar las prestaciones de jubilación, conseguir el reconocimiento de la actividad policial como profesión de riesgo y establecer garantías para que los agentes puedan retirarse en condiciones económicas acordes con las particularidades y exigencias de su labor.
Te puede interesar
Marlaska cede ante la Justicia y renuncia a entregar medallas de plata a comisarios jubilados y altos mandos de la Policía
Daniel López (SPP): “La normalidad en Ceuta no se recuperará hasta dentro de dos años si no hay cambios legislativos”
Una de las principales peticiones consiste en fijar una prestación mínima de 39.659,44 euros brutos al año para los funcionarios del grupo C1. A esta medida añaden que el tiempo trabajado mientras los agentes pertenecían al grupo C2 se contabilice como servicio prestado dentro del C1. Asimismo, exigen que las mejoras se apliquen con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2026, de manera que también puedan beneficiarse quienes hayan pasado a la jubilación a lo largo del presente ejercicio.
La protección de los ingresos una vez finalizada la carrera profesional constituye otro de los puntos incluidos en sus demandas. Los sindicatos plantean introducir un sistema de revisión de las prestaciones que permita conservar su capacidad económica y evite que la subida de los precios provoque un deterioro de las pensiones. Para ello, proponen incorporar una garantía específica que proteja a los jubilados frente a los efectos de la inflación.
Durante las conversaciones con Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad, los representantes sindicales también quieren conseguir que los compromisos alcanzados queden recogidos en una disposición con plena cobertura legal antes de la celebración de las próximas elecciones generales. Su intención es evitar que los acuerdos dependan de decisiones posteriores y garantizar que las mejoras negociadas puedan llevarse a la práctica. Por el momento, no ha trascendido cómo ha concluido la reunión ni qué condiciones se han planteado para que los representantes sindicales abandonen las instalaciones del Ministerio del Interior.
El adelanto electoral
La decisión de Pedro Sánchez de adelantar las elecciones generales había alterado los planes de distintos sectores. Entre los asuntos que podían quedar afectados se encontraba la reforma de la jubilación anticipada de la Policía Nacional y la Guardia Civil. La medida llevaba años sobre la mesa y parecía estar cerca de salir adelante después de que el Ministerio del Interior presentara una propuesta durante las conversaciones mantenidas con los representantes sindicales.
El 23 de septiembre, Aina Calvo, secretaria de Estado de Seguridad y número dos del departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska, expuso a las organizaciones policiales el planteamiento elaborado conjuntamente por Interior y Hacienda. El calendario previsto contemplaba que Interior remitiera una versión definitiva del acuerdo a los sindicatos el 12 de noviembre. Sin embargo, el adelanto de los comicios introduce incertidumbre sobre la continuidad de las negociaciones y deja en el aire el trabajo realizado hasta ahora.
Ante la posibilidad de que el proyecto quede paralizado, las entidades que representan a los policías nacionales y guardias civiles habían enviado una petición formal a la secretaria de Estado de Seguridad. En el escrito solicitaban que las medidas sean desarrolladas y aprobadas cuanto antes, además de incorporarse al Boletín Oficial del Estado (BOE). Consideran imprescindible completar estos trámites para que las mejoras tengan plena validez jurídica y puedan aplicarse. También reclamaban una reunión inmediata con la Administración y pedían que el asunto reciba la máxima prioridad.
Después de varios años de reclamaciones, el Ministerio del Interior había comenzado a estudiar la implantación de coeficientes reductores para que los integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado pudieran abandonar el servicio activo a partir de los 59 años sin sufrir una merma económica excesiva en sus prestaciones.
El mecanismo planteado establece un coeficiente del 0,20 por cada año de trabajo efectivo. Su aplicación permitiría reducir hasta cinco años la edad ordinaria de jubilación, con la posibilidad de alcanzar los seis años de adelanto en determinadas circunstancias. El proyecto negociado incluía a los funcionarios de ambos sistemas de protección social: Clases Pasivas y Seguridad Social. En el caso de los policías nacionales incorporados a este último régimen, Interior tenía además la obligación de avanzar en esta dirección después de que el Tribunal Supremo estimara un recurso promovido por el sindicato Jupol y reconociera su derecho a reclamar la aplicación de estos coeficientes.
