El «CIS de Tezanos» y la chatarra estadística

Justo durante estos últimos años, cuando el presidente del CIS dejaba de ser un mero director general y se elevaba a la categoría de subsecretario de Estado, es cuando más daño se ha hecho a nuestra memoria estadística

Nos hemos olvidado de que hasta que comenzó la era Tezanos, el CIS solo preguntaba por la intención de voto de sus encuestados cuatro veces al año fuera de los periodos electorales. Ahora prácticamente todas sus encuestas incorporan un chorreo de preguntas sobre asuntos electorales, gracias a lo que todos los meses pasamos en 24 horas de mofarnos de sus estimaciones a despreciarlas por inútiles y pintorescas. En periodos electorales, esta secuencia puede ser agotadora. Por desgracia, la crítica más frecuente al «CIS de Tezanos» se centra en sus estimaciones electorales, que resultan de los sesgos de sus muestras y la misteriosa aplicación del llamado Modelo Bifactorial Inercia-Incertidumbre Alaminos-Tezanos (perdone el lector la chorrada, pero es literal). Sin embargo, la crítica más devastadora, y por desgracia la menos frecuente, es el daño que este CIS ha hecho a nuestro patrimonio estadístico.

Es innegable que el folclore estadístico del CIS en estos años nos ha dejado momentos memorables, de los que será difícil olvidarse. Ya sabrá que el 70,4% de los españoles consideraba en 2023 que la tortilla de patata debía llevar cebolla. Por si fuera poco, la pregunta se ha repetido a más de 13.000 españoles en 2024, 2025 y 2026. El porcentaje de partidarios de la cebolla solo incrementó un punto. Piense usted mismo para qué le sirve saberlo, y si le resulta útil cruzar esta información con la intención de voto del encuestado. Otro ejemplo, en 2024 el CIS dedicó además una encuesta flash a la carta que Pedro Sánchez había dirigido a la ciudadanía. Preguntó si los españoles sabían de su existencia, si la habían leído y cuánto conocían de su contenido. El estudio envejeció aproximadamente a la misma velocidad que la carta.

Entre tanto, series históricas que llevaban décadas midiendo la evolución de la opinión pública se han roto o perdido. Esto último tiene menos gracia. El valor de una encuesta rara vez está en conocer un porcentaje aislado, sino en poder seguirlo durante años para distinguir una oscilación pasajera en las actitudes de una transformación social. Esto solía hacerse por ejemplo con la inmigración, pero hoy no podemos medir qué ha ocurrido tras la crisis migratoria de Ceuta. Tampoco podemos comparar la popularidad de Pedro Sánchez con la de otros presidentes de la democracia porque alguien creyó necesario alterar la escala de respuestas con la que se valoraba a los líderes políticos haciéndola pasar de 0 a 10 a otra de 1 a 10. Parece una minucia, pero no es un cambio inocente. Quien dirige el CIS podrá hacer cuantos pronunciamientos quiera sobre el rigor de sus procedimientos. Pero la chatarra estadística también puede fabricarse con encuestas impecablemente tabuladas.

Esta deriva resulta insólita porque la ley que regula el CIS le encomienda producir conocimiento científico y enriquecer el patrimonio estadístico español con criterios inter-temporales, conservar lo mejor de lo recibido e incorporar lo que necesitaremos en el futuro. Naturalmente que estudiar la actualidad (incluida la electoral) es parte de esa tarea, pero convertirla en obsesión es más difícil de justificar.

Quizá no notemos el daño que esto nos hace, e incluso tengamos la falsa sensación de conocer cada vez mejor la sociedad española. En buena medida ocurre porque hoy contamos con buenas empresas demoscópicas, rápidas y eficaces, que conocen los medios y pueden producir en pocos días la encuesta que requiere una noticia. Por eso carece de sentido dedicar recursos públicos a intentar ganarles esa carrera. El mercado tiene todos los incentivos para producir la información que alguien quiere comprar hoy, pero carece de los necesarios para sostener durante diez o veinte años información cuyo valor todavía no conocemos. Esa es precisamente la que interpela a las instituciones públicas.

Aquí aparece la carencia más inexplicable de la actuación de este CIS. Justo durante estos años, cuando su presidente dejaba de ser un mero director general y se elevaba a la categoría de subsecretario de Estado, es cuando más daño se ha hecho a nuestra memoria estadística, permitiendo además que España se desenganche de las infraestructuras de investigación social que los países de nuestro entorno llevan décadas construyendo.

Permítanme que ponga un ejemplo lacerante. En España no tenemos estudios nacionales de cohorte infantil. Este tipo de estudios selecciona una muestra de niños nacidos en un mismo año, a quienes se hace un seguimiento hasta que son adultos. Reino Unido comenzó a hacerlo en 1946 y repitió el esfuerzo con nuevas generaciones nacidas en 1958, 1970 y 2000. Su próximo estudio, Generation New Era, recogerá datos periódicos sobre 30.000 niños nacidos en 2026. El resultado son décadas de datos e información que permiten estudiar cómo la familia y las condiciones de la infancia se relacionan después con la educación, el empleo, la salud, la formación de nuevas familias o el envejecimiento. Podemos estar muy preocupados por la infancia, pero ninguna encuesta puntual permitirá saber dentro de treinta años qué ocurrió con los niños que hoy nos preocupan. Para entonces será tarde. Entre tanto, nos vemos obligados a esperar hasta 2029 cuando la siguiente ola de PISA nos diga qué les pasa a nuestros hijos para después perderlos de vista otros cuatro años.

Los principales países europeos llevan años consolidando este tipo de infraestructuras, y ahora están construyendo además sus versiones comparadas. El Generations and Gender Programme permite estudiar las transformaciones de las familias, las relaciones entre generaciones y las trayectorias reproductivas. Growing Up in Digital Europe seguirá a niños de distintos países para entender cómo crecen en sociedades atravesadas por la digitalización. España permanece fuera de ambas, lo que resulta difícil de explicar en un país tan preocupado por la fecundidad, la conciliación, la desigualdad de género o los efectos de las pantallas sobre los niños. Mientras otros construyen los datos con los que responderán a preguntas clave durante las próximas décadas, nosotros seguimos priorizando microencuestas sobre barómetros en torno a las pintorescas hazañas que consiguen hacerse un hueco en la actualidad.

Hay otras maneras de conseguir que los más de 16 millones que cuesta hoy el «CIS de Tezanos» (12,66 de presupuesto inicial, el resto en ampliaciones de crédito aprobadas sobre la marcha) sumen patrimonio estadístico en lugar de chatarra. Buena parte de Europa está desarrollando paneles probabilísticos que entrevistan repetidamente a las mismas personas, incorporan preguntas nuevas con rapidez y permiten un conocimiento acumulativo. El INE y algunos institutos autonómicos también han avanzado en la vinculación de encuestas y registros administrativos. Además, hay que planificar sobre qué empezar a preguntar. Los cambios sociales son demasiado rápidos para limitarnos a conservar las preguntas del pasado. Pasaremos décadas estudiando los efectos de la inteligencia artificial sobre el empleo, la educación, las relaciones sociales o las desigualdades. Este es precisamente el momento de planificar cómo podremos medirlos con precisión porque dentro de quince años será bastante tarde para descubrir que nos habría venido bien conocer el punto de partida.

Aun después de estos años de desatino, no todo está para el derribo. El CIS conserva buenos estudios y un banco de datos que sigue siendo una de las piezas fundamentales para el conocimiento de la sociedad española. Participa además en operaciones internacionales valiosas como la Encuesta Social Europea. Pero necesita recuperar criterios científicos, abandonar tentaciones personalistas y acercar sin afán de notoriedad nuestras estadísticas sociales a las de otros países europeos.

Quien crea que la misión del CIS consiste en multiplicar sondeos para alimentar la conversación de la semana tiene una idea muy pobre de la estadística social. Cuando esta etapa termine, los titulares habrán caducado, pero el daño que más notaremos será el de los estudios que no comenzaron. En los próximos años habrá que elegir entre continuar con el despropósito estadístico o sentar de una vez por todas las bases de un CIS útil para comprender en profundidad nuestros problemas sociales.

Héctor Cebolla Boado es investigador científico en el Instituto de Economía, Geografía y Demografía del CSIC