Castillos, iglesias, palacios y monasterios se deterioran por la falta de inversión, la despoblación y los problemas de titularidad mientras su restauración puede costar millones de euros
El paso del tiempo no perdona a nadie ni a nada. Nuestro país, entre otras cosas, destaca por su gran patrimonio cultural; no obstante, muchos de ellos están en riesgo de desaparecer por el abandono y la falta de medios. Un claro ejemplo es el Palacio de los Duques de Villahermosa (Zaragoza), que entró en la Lista Roja de Hispania Nostra en enero de 2024 por su estado ruinoso y la imposibilidad del Ayuntamiento de intervenir al no localizar al propietario, por lo que terminó siendo derruido en mayo de 2026.
Según los últimos datos del Ministerio de Cultura, correspondientes a 2024, hay 18.537 bienes inmuebles inscritos como BIC (Bien de Interés Cultural), 17.668 de los cuales ya estaban declarados y 869 se encontraban incoados. La mayoría de estos elementos (80,6%) son monumentos, categoría que incluye castillos, hórreos o cruces de término, entre otros.
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Al cierre de julio de 2026, Hispania Nostra registra 1.642 elementos en su Lista Roja, 269 elementos han sido recuperados y han entrado en la Lista Verde y otros 32 han pasado a la Lista Negra por desaparición. Esta lista no es ningún inventario oficial sino una iniciativa colaborativa para alertar de bienes amenazados que incluye desde edificios históricos, como iglesias o castillos, hasta patrimonio natural y paisajístico.
La Lista Roja incluye bienes en riesgo grave de destrucción, desaparición y pérdida irreversible de los valores patrimoniales. Asimismo, deben cumplir unos criterios de patrimonio, protección legal, abandono, vulnerabilidad, amenazas existentes y la presencia o no de un plan de intervención.
El mapa del abandono patrimonial
La comunidad autónoma que acoge un mayor número de edificios históricos en estado de deterioro es Castilla y León con 553 bienes inmuebles, destacando provincias como Palencia (102), Burgos (93) o León (81), de acuerdo con los registros de Hispania Nostra. La despoblación rural que sufre la región es uno de los principales factores que han influido en el desgaste del patrimonio.
Entre los cientos de monumentos abandonados en Castilla y León se distinguen algunos bienes culturales como la Parroquia de San Clemente (Zamora), que ha sufrido un deterioro progresivo de su torre, espadaña, escalera y fachada. Otro ejemplo es la Iglesia de Santa Lucía de Valdueza (León), la cual se encuentra en ruinas tras un incendio años después de que el pueblo quedara completamente abandonado el 8 de diciembre de 1970.
Le siguen Andalucía con 266 bienes culturales y Jaén la provincia con más patrimonio en riesgo (66); en tercera posición Aragón (186), destacando Zaragoza (85); continúan el ranking Castilla La-Mancha (174) y la Comunidad Valenciana (132).
Más allá del patrimonio religioso, también se encuentran dañadas casas señoriales, palacios, construcciones militares y castillos. Estos últimos constituyen un caso singular, ya que desde el Decreto de 22 de abril de 1949 quedaron bajo protección estatal, independientemente de su estado de conservación. La Ley de Patrimonio Histórico Español de 1985 mantuvo esta protección y otorgó a estos bienes la consideración de BIC por ministerio de la ley, sin necesidad de una declaración individual. En el caso de otros inmuebles, la consideración de BIC se obtiene, con carácter general, mediante declaración.
Sin embargo, la protección jurídica no equivale a conservación material. Un castillo con consideración BIC puede encontrarse abandonado, deteriorado o, incluso, al borde de la desaparición. Y aquí entra una de las principales problemáticas en la recuperación de estas construcciones: la titularidad privada y el dueño ilocalizable.
La titularidad privada no desaparece porque el inmueble esté protegido. La legislación obliga a propietarios y titulares de derechos reales sobre los bienes integrantes del patrimonio histórico a conservarlos, mantenerlos y custodiarlos. Cuando estos no realizan las actividades necesarias, la Administración competente puede ordenar la ejecución subsidiaria y exigirle posteriormente los costes que correspondan.
Una factura que puede ascender a millones de euros
La cifra a pagar por las labores de restauración y conservación puede variar considerablemente dependiendo del tipo de construcción y el daño que haya sufrido. “Antes de intervenir resulta necesario realizar un estudio previo y un diagnóstico que permita identificar las patologías y determinar las actuaciones necesarias, además de adaptar el edificio a la normativa vigente y al uso previsto”, dice a Vozpópuli Alfonso Muñoz Cosme, investigador principal del grupo AIPA de Análisis e Intervención en Patrimonio Arquitectónico.
Uno de los trabajos de recuperación recientes es el Castillo de Forna (Alicante), cuyas últimas tareas terminaron a finales de 2025 y en total la reparación tuvo un coste de 1,46 millones de euros, según datos del Instituto del Patrimonio Cultural de España (IPCE).
Otro BIC cuya restauración ha alcanzado altas cifras son las Murallas de Zamora. Su primera fase costó 1,63 millones de euros y el Ministerio de Cultura ha anunciado otros 500.000 euros. En los últimos 15 años se han invertido más de 2,8 millones de euros en la recuperación de este bien cultural.
Aunque castillos y fortalezas suelen albergar los costes más altos, este no es siempre el caso. La consolidación y recuperación de la muralla de la puebla del Castillo de Osma (Soria) costó 499.896 euros, recoge el IPCE. En contraste, las obras de emergencia en diciembre de 2024 en el Monasterio de Suso (La Rioja) alcanzaron los 4,5 millones de euros. Las lluvias torrenciales habían causado problemas de estabilidad estructural y filtraciones de agua. En la misma línea, se han destinado más de 3,2 millones de euros a distintas intervenciones de restauración en el Monasterio de El Parral (Segovia).
Desde el IPCE insisten en la importancia de la conservación preventiva y de diagnosticar los problemas antes de intervenir, lo que puede ayudar a reducir los costes de recuperación del inmueble. La conservación preventiva «es siempre más económica a largo plazo«, aunque requiere un mayor nivel técnico y una supervisión continua, explica Muñoz.
Por otra parte, el Gobierno amplió del 1% al 2% el porcentaje de determinadas obras públicas que debe destinarse a patrimonio cultural y creatividad artística. Así, el ‘2% Cultural’ financia trabajos de conservación, restauración, rehabilitación y consolidación. Para acceder a esta ayuda el inmueble debe ser BIC o tener el máximo nivel de protección equivalente y ser de titularidad pública, aunque existen excepciones para determinados bienes de titularidad privada, como los cedidos a una Administración para uso público durante al menos 50 años o los incluidos en la Lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Abandono, falta de dinero y de medios
Los factores que han impulsado el desgaste del patrimonio histórico español son múltiples. La Comunidad de Madrid ha reconocido ante el Defensor del Pueblo que no tenía medios suficientes para proteger adecuadamente los entornos de 220 inmuebles BIC, entre ellos el Monasterio de Santa María de la Real de Valdeiglesias.
La falta de dinero, de técnicos, de arquitectos especializados, de arqueólogos y de uso del inmueble (y la consecuente imposibilidad de generar ingresos para mantenerlo) han contribuido al desgaste patrimonial. Asimismo, ha influido la dificultad para encontrar a los propietarios, los problemas de titularidad, los procedimientos administrativos largos y los litigios.
“El abandono y la consiguiente falta de mantenimiento son siempre causas esenciales de deterioro del patrimonio construido”, señala Muñoz. “La arquitectura que se usa se conserva viva y la que se abandona entra en un proceso de deterioro”, resume el investigador.
La despoblación rural también ha jugado un papel clave en la pérdida de patrimonio. Muchos de los bienes en riesgo se ubican en pueblos pequeños o donde hace años que no vive nadie. La pérdida de habitantes lleva a un menor uso de las instalaciones y, posteriormente, a una menor cantidad de ingresos y menor capacidad para mantener los monumentos. El deterioro provoca una restauración más cara, lo que acaba desencadenando en abandono y pérdida.
Además, el clima afecta al estado de las construcciones. Las lluvias torrenciales, la humedad, los cambios de temperatura, incendios, sequía o vegetación invasiva pueden deteriorar la estructura del inmueble.
A esta falta de medios económicos y técnicos se suma la pérdida progresiva de oficios tradicionales. Muñoz señala que estos conocimientos “se conservan solo parcialmente” y apunta a las escuelas taller y a la Formación Profesional como vías para recuperar una mano de obra especializada en la conservación del patrimonio.
El patrimonio construido puede convertirse también en un activo económico si se le encuentra un nuevo uso. “Los bienes culturales adecuadamente gestionados pueden impulsar el turismo cultural, generar empleo especializado y convertirse en un motor de actividad económica capaz de contribuir a combatir el desempleo y la despoblación”, subraya Muñoz.
