El presidente quiere apurar los trámites de los Presupuestos de 2027 hasta el 28 de julio y entrar después en el parón de agosto, el único mes en el que también se frenan las causas que cercan al PSOE
Agosto frena la maquinaria judicial española. Los plazos procesales quedan suspendidos, las citaciones se aplazan a septiembre y los juzgados sólo atienden lo urgente. Para un Gobierno al que los tribunales llevan meses fijándole la agenda, ese paréntesis es la única tregua a la vista, y Pedro Sánchez estudia aprovecharla entera. Su plan pasa por reunir al Consejo de Ministros por última vez el 28 de julio y no volver a convocarlo hasta el 1 de septiembre, cinco semanas, el descanso más largo de toda su etapa en Moncloa.
La cifra rompe con su costumbre. En los últimos tres veranos no dejó pasar cuatro semanas sin reunir al Consejo, y en 2018, 2020 y 2021 ni siquiera tres. En 2019, con el país abocado a repetir elecciones, el gabinete sólo estuvo trece días sin verse las caras. Que ahora aspire a cinco semanas seguidas, y precisamente este verano, coincide precisamente porque agosto es el mes en el que los tribunales que investigan al PSOE bajan la persiana.
Sobre la mesa está el llamado caso Leire, el nombre con el que se conoce ya la trama que investiga la Audiencia Nacional en torno a Leire Díez, la exmilitante socialista señalada por presuntas gestiones para conseguir información con la que frenar causas que salpican al partido. A esa pieza se le ha sumado la imputación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, y de las dos tendrá que responder Sánchez el 24 de junio en una comparecencia en el pleno del Congreso.
Contra ese fondo, el Gobierno ha decidido llenar las semanas previas al verano de trabajo presupuestario. Llevaba casi tres años prometiendo unos Presupuestos Generales del Estado y no presentándolos, sin los apoyos para sacarlos adelante, gobernando con las cuentas de 2023 prorrogadas una y otra vez. Hace dos semanas reactivó el trámite de los de 2027, el viernes pasado publicó en el Boletín Oficial del Estado la orden de Hacienda que pone en marcha la maquinaria interna, y el 23 de junio el Consejo de Ministros aprobará el cuadro macroeconómico, la previsión de crecimiento, empleo y recaudación sobre la que se construye cualquier Presupuesto.
En el área económica dan ya por descontado que la senda de estabilidad será tumbada en el Congreso por PP, Junts y Vox, como en ejercicios anteriores. El Ejecutivo tendría entonces que devolverla al Parlamento para una segunda votación, y si vuelve a caer queda obligado a redactar los Presupuestos con el marco de déficit anterior, más estrecho para comunidades y ayuntamientos. El trámite que ahora se acelera arrastra, por tanto, la sospecha de que no terminará en unas cuentas aprobadas.
Que casi nadie cuente con su aprobación no los vuelve inútiles para Sánchez. Junts y el PNV presionan para que adelante las elecciones, pero las cuentas permiten a Moncloa enseñar un programa con el que concurrir a la reelección —el presidente ya prometió «el mayor despliegue de recursos públicos de la historia, especialmente en vivienda»— y, si los tumban, cargar a quienes los voten en contra la responsabilidad de abrir Moncloa al PP y a Vox, el reproche que repiten el propio Gobierno y los socios de izquierdas. Sobre todo, permiten sostener la idea de que el Ejecutivo legisla incluso a pesar de las dificultades.
El gabinete de Moncloa ha pedido a los ministerios que aceleren los proyectos que tienen en cartera para meterlos en alguno de los siete Consejos que quedan antes del verano. La pieza que más se quiere lucir es la ley que prohibiría el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años, varada meses en la comisión de Justicia y que los socialistas pretenden reactivar la próxima semana. En los últimos días han cerrado con sus socios cerca de una veintena de enmiendas para ampliarla a un paquete de regulación de las plataformas y de los que llaman «tecnoligarcas«, los grandes dueños de las redes.
Todo esto avanza con un telón de fondo que en el Gobierno agradecen. La visita del Papa León XIV a España ha funcionado estos días como bálsamo, dicen en el entorno del presidente; un asunto amable que desplazaba de las portadas el goteo de causas contra los socialistas.
Ahora, el calendario de Moncloa tiene marcado el punto final el 28 de julio. Ese día, o la víspera, Sánchez hará balance del curso político; a finales de esa semana despachará con Felipe VI en el Palacio de Marivent, en Palma, antes de empezar formalmente las vacaciones. Dejará atrás un trámite presupuestario en marcha, listo para volver a moverse en septiembre, y por delante el único mes del año en que se paran a la vez el Consejo de Ministros y los juzgados que investigan a su partido.
