La consejera Marian Orós registra un requerimiento formal ante Delegación del Gobierno ante el caos, las colas y la falta de información
La consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento de Zaragoza, Marian Orós, ha vuelto a cargar este martes contra el Gobierno de España por la gestión de la regularización extraordinaria de inmigrantes y ha anunciado que el Consistorio ya ha registrado un requerimiento formal ante Delegación del Gobierno para exigir aclaraciones urgentes sobre el papel de los servicios sociales municipales. Lo ha hecho en otra jornada marcada por las colas en la plaza del Pilar, donde se han repetido las esperas tanto ante el Ayuntamiento como ante la propia Delegación. La consejera no ha dejado de tildar “el falso buenismo del Gobierno” que en realidad ha traído “caos y frustración para todos”.
Orós ha insistido en que el real decreto se ha aprobado “sin planificación, sin coordinación previa con los ayuntamientos y sin concreción suficiente sobre quién debe emitir los informes de vulnerabilidad”. A su juicio, el proceso se ha traducido en “caos”, “frustración” y una “chapuza absoluta”, y ha lamentado que el Ejecutivo central no haya convocado a las administraciones locales antes de poner en marcha una regularización de este alcance.
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La edil ha explicado que el escrito registrado este martes busca una respuesta “concreta” a varias cuestiones que, según ha dicho, siguen sin resolverse. Entre ellas, si los servicios sociales municipales son o no las entidades competentes para emitir esos informes, si la situación administrativa irregular implica ya por sí misma vulnerabilidad, qué criterios objetivos deben seguir los trabajadores sociales para acreditarla y si el Estado va a aportar recursos y financiación para hacer frente a la sobrecarga.
La consejera ha reiterado que el Ayuntamiento no va a “firmar informes de vulnerabilidad como si fueran churros” y ha defendido que esos documentos solo pueden emitirse con rigor y con base objetiva. También ha advertido de que, si el Gobierno considera que la irregularidad lleva aparejada automáticamente la vulnerabilidad, carece de sentido exigir después un informe adicional para probarla.
La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, este martes en el Ayuntamiento de Zaragoza. La consejera de Políticas Sociales, Marian Orós, este martes en el Ayuntamiento de Zaragoza.
Orós ha añadido que Zaragoza no va a permitir que este proceso bloquee los servicios sociales de base ni perjudique a quienes necesitan ayudas urgentes, teleasistencia o atención domiciliaria. En esa línea, ha señalado que el Ayuntamiento está articulando un operativo para poder responder conforme a la legalidad, pero ha dejado claro que antes necesita una contestación urgente de Delegación del Gobierno. Si esa respuesta no llega, ha avisado, el requerimiento se remitirá directamente al Ministerio.
Además, la consejera ha ido más allá del colapso actual y ha alertado de las consecuencias posteriores de la regularización sobre otros servicios públicos como la sanidad, la educación o la atención social. También ha apuntado al “efecto llamada” y ha criticado que todo el proceso se haya lanzado sin memoria económica ni previsión real de medios.
