El cese es efectivo desde el pasado martes 3 de febrero, según consta en el BOE. Desde el Ministerio aseguran que es «voluntario» y por «conciliación familiar»
Apenas una semana después de que el Consejo de Ministros iniciara los trámites para regularizar a medio millón de inmigrantes, el director de gabinete de la Secretaría de Estado de Migraciones, Alberto García Martín, ha cesado en el cargo. Su salida deja vacante un puesto clave en un momento decisivo.
García Martín ha abandonado el cargo de forma «voluntaria» y por «conciliación familiar», según informan desde el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones a Vozpópuli. Aseguran también que el hasta ahora director de gabinete permanecerá en la Secretaría de Estado de Migraciones asumiendo «otras funciones más técnicas».
El cese, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) sin especificar que ha sido a petición propia como en el caso de su antecesor, es efectivo desde el pasado martes 3 de febrero.
El hasta ahora director de gabinete de la Secretaria de Estado de Migraciones ocupaba el puesto desde el 22 de enero de 2025, hace poco más de un año. Antes formó parte del grupo de asesores del Gabinete de la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, y durante un mes de su predecesor, José Luis Escrivá.
El alto cargo queda vacante en un momento especialmente sensible para este departamento, en pleno arranque de la regularización masiva de inmigrantes. Al ser preguntado por este asunto, dese el Ministerio aseguran que su relevo ya está decidido y será nombrado y publicado en el BOE próximamente.
España ha llevado a cabo al menos seis regularizaciones extraordinarias de inmigrantes desde los años ochenta. La más numerosa fue la de 2005, bajo el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, cuando se concedieron permisos a unas 576.000 personas, en una medida que entonces ya generó un fuerte choque entre el Ejecutivo y la oposición.
La regularización aprobada ahora, tras el pacto del Gobierno con Podemos, vuelve a situar la inmigración en el centro de la confrontación política. El Ejecutivo la defiende como un paso necesario para integrar a residentes que ya viven y trabajan en España, mientras que sus críticos la presentan como un “efecto llamada” y un síntoma de falta de control fronterizo.
La regularización extraordinaria de inmigrantes
El texto, articulado mediante un real decreto impulsado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, finaliza su periodo de audiencia pública este viernes 6 de febrero. A continuación se procederá a la inclusión de las aportaciones que se estimen y se remitirá al Consejo de Estado para que emita su informe.
Después el texto definitivo pasará de nuevo por el Consejo de Ministros para ser publicado finalmente por el BOE. Será entonces cuando comience el plazo de presentación de las solicitudes, que se prevé sea en torno a principios del mes de abril. No obstante, sólo el anuncio ya ha disparado las consultas y provocado el colapso de consulados.
Las solicitudes se podrán presentar hasta el 30 de junio de 2026 y el tiempo máximo para la resolución será de tres meses, pero con una novedad clave: la admisión a trámite, que deberá resolverse en un máximo de 15 días, permitirá a las personas solicitantes empezar a trabajar desde el primer día, incluso antes de la resolución definitiva.
La medida permitirá acceder a una autorización de residencia con permiso de trabajo a personas extranjeras con una permanencia continuada en España de al menos cinco meses en el momento de presentar la solicitud, haber residido en territorio español antes del 31 de diciembre de 2025, y no contar con antecedentes penales.
La autorización inicial para los solicitantes tendrá una vigencia de un año, tras la cual las personas regularizadas podrán incorporarse a las figuras ordinarias previstas en el Reglamento de Extranjería, «favoreciendo así una integración progresiva y estable en el sistema administrativo y laboral español», señala el Ministerio.
Los cálculos del centro de análisis Funcas apuntan a que el número de inmigrantes en situación irregular en España, para el que no existen datos oficiales, habría crecido cerca de un 685% en los últimos ocho años, pasando de 107.000 personas en 2017 a unas 840.000 en 2025. De ser así, el número de solicitudes podría superar el medio millón estimado por el Gobierno.
