El informe encargado por el Gobierno de Prohens destapa que, en muchos casos, no había actas de conformidad, se hacían informes ‘a posteriori’ y ni se llegaban a publicar en el perfil del contratante
Una auditoría independiente, encargada por el Gobierno de Marga Prohens, ha puesto al descubierto deficiencias en la gestión de los expedientes de contratación tramitados por la vía de emergencia durante la pandemia de la COVID-19 bajo el Gobierno de la socialista Francina Armengol entre los años 2020 y 2022.
Los informes preliminares señalan que entre el 60% y el 96% de los expedientes superiores a 100.000 euros incumplieron aspectos esenciales de la Ley de Contratos del Sector Público.
Los hallazgos, avanzados este martes por la consejera balear de Salud, Manuela García, revelan que en la mayoría de los casos, el informe justificativo del contrato se redactó una vez ya había comenzado la ejecución, y que prácticamente ninguno contaba con documentación formalizada por escrito.
La auditoría, que aún no ha concluido, refleja que la urgencia sanitaria permitió obviar los procedimientos básicos de control y transparencia. De hecho, en casi la totalidad de los expedientes no existían actas de conformidad ni constancia fehaciente de la recepción del material, y una parte significativa ni siquiera se publicó en el perfil del contratante, como exige la Ley.
El actual Servicio de Salud Pública del Gobierno de Baleares encargó esta auditoría hace un año, tras trascender en octubre de 2024 que la red empresarial investigada por corrupción en la Audiencia Nacional —en el marco del denominado caso Koldo— había obtenido en 2021 dos contratos por más de un millón de euros para la realización de test PCR a viajeros que regresaban a las Islas.
Además, Armengol había adquirido 1,5 millones de mascarillas a Soluciones de Gestión por 3,7 millones de euros, un lote que nunca se utilizó y quedó almacenado hasta caducar y que no fue reclamado hasta que perdió las elecciones, casi tres años más tarde. Ambos expedientes están vinculados a una red investigada por presuntos sobornos y contactos entre el entonces asesor del ministro José Luis Ábalos, Koldo García, y la expresidenta.
La aparición de estas presuntas irregularidades llevó al IB-Salut a encargar la auditoría externa para revisar 60 contratos de emergencia, determinando si se cumplieron las normas de contratación, si los precios se ajustaron al mercado y si se gestionaron correctamente los gastos adicionales, incluidos transporte y aduanas. La revisión abarcó compras de batas, guantes, mascarillas, test PCR y de antígenos, así como material informativo sobre vacunación.
En el Parlamento balear, la consejera García aseguró este martes que el Govern actual actuará con total transparencia: «No tememos a las auditorías ni a las investigaciones; las promovemos. No destruimos expedientes: los publicamos y los traemos al Parlament. Y no ocultamos sobrecostes: los señalamos», subrayó en alusión a la ocultación de estos expedientes por parte del Gobierno de Armengol cuando cambió el gobierno. Los socialistas, que comandaban el Servicio de Salud, ocultaron al nuevo ejecutivo del PP que la Guardia Civil se había personado en las dependencias del IB-Salut en plena investigación.
Cabe recordar que el Gobierno de Marga Prohens ha iniciado varios procedimientos para recuperar los 3,7 millones de euros que la expresidenta Armengol abonó a la empresa ahora investigada por los supuestos sobornos vinculados al exministro Ábalos.
