Esto no es una pelea de vicepresidentas a la espera de un destino diferente en sus carreras políticas. Será un dislate político, pero también económico si a la subida del SMI añadimos la reducción de la jornada laboral, entre otras cuestiones
María Jesús Montero tenía que haberse marchado a Andalucía, pero ha preferido el circo de tres pistas: ser la secretaria general del partido andaluz; ser vicesecretaria general del PSOE federal; y además ser la número dos en el Gobierno de Pedro Sánchez: vicepresidenta primera y ministra de Hacienda. Lógicamente, nada de esto lo ha decidido ella. Por eso ha pedido a sus compañeros andaluces algo que ella misma no cumple: dedicación completa a la política autonómica. ¿Cuánto tiempo puede aguantar así? Hasta que Pedro Sánchez quiera. Pero lo sucedido esta semana le deja muy poco margen de maniobra.
Si, pasando lo que pasaba, los ministros de Sumar se empeñaban en decir que no pasaba nada, es que la cosa es más grave de lo que pensamos
El lío empezó en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, cuando la vicepresidenta segunda del Gobierno aseguró haberse enterado «por los medios de comunicación» de que los beneficiarios del salario mínimo interprofesional tributarían a partir de ahora el IRPF. Ya no es que la portavoz del Gobierno —Pilar Alegría— corrigiera a una vicepresidenta con un «eso no es así»; o incluso que de este cambio tributario ni siquiera supieran nada los ministros, sino la confirmación por parte de Díaz de dos cosas: que no se había tomado esta decisión en el Consejo de Ministros y que además se había enterado por la prensa de algo que ella llevaba meses negociando con sindicatos y patronal. Todo un espectáculo que demostraba que la brecha entre PSOE y Sumar se volvía a ensanchar. Los ministros de Sumar empezaron a desfilar por las radios y televisiones asegurando que no pasaba nada y que el Gobierno de coalición seguía firme. Fue mucho peor: si, pasando lo que pasaba, se empeñaban en decir que no pasaba nada, es que la cosa es más grave de lo que pensamos.
Montero desapareció de la famosa rueda de prensa y sesión de control parlamentario del día siguiente gracias a una oportuna gripe; gripe que le duró dos días, mientras a los demás nos ha tenido dos semanas en cama. Pero su regreso el viernes pasado compensó con creces la ausencia previa. Desde Andalucía, donde se reponía de sus males, volvió a insistir en las palabras de Alegría, en el sentido de que había que «hacer pedagogía fiscal» y «huir de los populismos». Pena que no explicara cómo hacer esa pedagogía con sus ministros.
Pero vamos con los datos. El SMI va a pagar a partir de ahora IRPF o, lo que es lo mismo, Hacienda se va a quedar con 300 de los 700 euros, un 43 %, de la subida a las rentas con menos ingresos. Bueno es saber también que el 33% de los beneficiarios de esa subida será a trabajadores del comercio y la hostelería. Ya saben: esas pequeñas empresas que son siempre las paganas de todas las subidas de impuestos del Gobierno. Pero esto viene de lejos.
Los trabajadores son los que pagarán las necesidades recaudatorias de Montero
La líder de Sumar ha sido incapaz durante esta legislatura de llevar a cabo reformas importantes con sindicatos y patronal. Ha conseguido, eso sí, sacar de cualquier acuerdo a los empresarios. Su inoperancia no solo ha pasado factura a la economía española, sino también al Gobierno, que intenta resolver su gasto público sin Presupuestos. Conclusión: los trabajadores son los que pagarán estas necesidades recaudatorias de Montero.
Pero lo que critica la ministra de Hacienda de su compañera de vicepresidencia –el populismo fiscal– es lo que ella también está practicando sin ningún sonrojo. Más cargas para las pequeñas empresas que seguirán sin poder contratar. Otro reto para su campaña andaluza de 2026. Solo nos queda por ver si, en este circo de tres pistas, las mociones de PP y Podemos contra la nueva tributación cuentan con el apoyo de Sumar en el Parlamento. Visto lo declarado ayer por Yolanda Díaz —más de lo mismo— durante su viaje a Cataluña (que se enteró por la prensa de que los beneficiarios de SMI pagarían a Hacienda y la insistencia en las «contradicciones» de María Jesús Montero), pronosticó un cambio de opinión de Sánchez. Una mentira más. Y sigue sin pasar nada. Pero esto no es solo una pelea.
Tras incrementar el salario mínimo un 5 % en 2024, el Gobierno lo ha elevado ahora hasta los 1.184 euros en 14 pagas. Entre 2018 y 2025 el SMI ha crecido un 61 %, muy por encima del IPC y, en contra de lo que dice el presidente del Gobierno —ya nada puede sorprendernos—, tanto la Comisión Europea, como el FMI y la OCDE han advertido sobre él. La propia Comisión ha señalado, como recuerda José María Rotellar, que esta subida pudo impedir la creación de 70.000 puestos de trabajo, que el Banco de España ya cifró en 2019 en una horquilla entre 78.000 y 143.000. Aquel año elevó el SMI un 22,3 %.
Y es que estas subidas han perjudicado precisamente a los trabajadores que recibían una remuneración menor. A los menos cualificados que no pueden igualar con su trabajo el coste laboral de la empresa, al que hay que sumar los nuevos impuestos que éstas deberán pagar. Y todo esto por no hablar de los autónomos, que verán cómo se incrementan sus cuotas a la Seguridad Social, ya que otros cotizarán por el salario mínimo…
No: esto no es una pelea de vicepresidentas a la espera de un destino diferente en sus carreras políticas. Será un dislate político, pero también económico si a la subida del SMI añadimos la reducción de la jornada laboral, y la pretensión de incrementar las indemnizaciones por despido y las cotizaciones a la Seguridad Social. Muy mal para nuestras empresas. Y ya saben que en España hay 2,9 millones de pequeñas y medianas empresas (pymes) —el 99,8 % del total— y son precisamente ellas las que generan seis de cada diez puestos de trabajo. Otra votación que va a perder el Gobierno.
