Consideran que su actitud ante el juez en su declaración ha sido impropia
La declaración como imputado del fiscal general del Estado el pasado miércoles en el Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos ha provocado que 13 fiscales de la Junta de Fiscales de Sala hayan pedido su dimisión en una carta dirigida al mismísimo Álvaro García Ortiz. Según ha avanzado ‘ABC’ y ha podido confirmar Vozpópuli, han presentado un escrito pidiendo su «imprescindible» renuncia como jefe del Ministerio Público ante el proceso judicial que se sigue contra él.
Estos 13 fiscales firmantes, de los 36 que componen este órgano, han señalado que su comparecencia en el asunto que se sigue por la supuesta filtración de información en el caso del novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, negándose a responder a las preguntas del magistrado instructor, Ángel Hurtado, era algo impropio de un Estado de Derecho Democrático. Además explican que está haciendo un «daño intolerable» a la institución a medida que avanza la investigación en el alto tribunal.
En concreto, la carta relata que «desde la última Junta de Fiscales de Sala en la que vuestra excelentísima comunicó su decisión de continuar con el desempeño del cargo de fiscal general del Estado, se han producido hitos en la causa que se sigue contra vuestra excelentísima en el Tribunal Supremo que hacen imprenscindible» su renuncia al cargo, detalla la misiva.
Entre los firmantes, se encuentran dos exfiscales generales del Estado. Por un lado, Consuelo Madrigal (2015-2016) y, por otro, María José Segarra (2018-2020). Esta última es miembro de Unión Progresita de Fiscales (UPF), asociación a la que pertenece García Ortiz. También Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena, Rosa Ana Morán, Javier Huete, Antonio Narváez, Manuel Moix, Elvira Tejada, Pilar Martín Nájera y José Miguel de la Rosa.
Por otro lado, fuentes cercanas al FGE han expresado su absoluto respeto al proceso, sin que factores externos deban interferir.
El fiscal general expuso el miércoles que prefería no contestar a las preguntas del juez a cargo de su causa al considerar que este «parte de una certeza que le impide descubrir la verdad». García Ortiz optó poner el acento sobre algunas de sus decisiones, como la entrada y registro de su despacho, recurrida por la Fiscalía, y que el investigado ha calificado como una invasión de sus derechos fundamentales.
Algo que, además, fue reforzado por la fiscal a cargo de la investigación, María Ángeles Conde, que decidió no formularle preguntas, ni a él ni a la otra imputada que declaró el jueves, Pilar Rodríguez, porque el origen del procedimiento nacía de un registro ilegal, lo que, a su juicio, suponía una «conexión de antijuricidad».