El Supremo analizará las supuestas cuentas de ministros pese al archivo de la Fiscalía

Los juristas explican que el Alto tribunal debe comprobar la veracidad del escrito, al que otorgan poca credibilidad

El empresario Víctor de Aldama soltó el miércoles una bomba sobre supuestas cuentas de ministros en República Dominicana. La Fiscalía se apresuró a desmentir tal extremo y aseguró que los dos escritos registrados en Anticorrupción se habían archivado por «falta de credibilidad». Sin embargo, el ruido mediático está lejos de apagarse. Especialmente, después de que el Senado haya remitido al Tribunal Supremo la denuncia que llegó a la comisión de investigación del caso Koldo. Los juristas aseguran a THE OBJECTIVE que el Alto tribunal está obligado a comprobar su veracidad pese al carpetazo del Ministerio Público.

El presidente del Senado, Pedro Rollán, remitió hace unos días al Supremo un escrito que llegó a mediados de diciembre a la comisión de investigación del caso Koldo. El documento, de 24 páginas, contiene presuntas cuentas bancarias en República Dominicana de la comisaria europea de Competencia, Teresa Ribera, cinco ministros (María Jesús Montero, Ángel Víctor Torres, Luis Planas, Óscar López y Pilar Alegría) y dos importantes dirigentes del PSOE: Santos Cerdán y Patxi López.

Fuentes del Supremo desconocen si se ha recibido el escrito que denuncia las supuestas cuentas en Dominicana. Los juristas consultados explican que el procedimiento habitual cuando llegue es designar un ponente. Este puede solicitar a los cuerpos policiales especializados que indaguen sobre la veracidad de los hechos. Una vez que se realice ese trámite, el magistrado decidirá si hay elementos suficientes para abrir diligencias. El 97% de los casos que llegan se inadmiten.

El Supremo inadmite el 97% de los escritos

Jueces del Supremo reconocen a este diario que el escrito tiene «pocas posibilidades» de prosperar porque no se especifica cómo se ha obtenido la información ni incluye otros requisitos que probarían indicios de delito. «Todo lo que es excesivo termina siendo insignificante. El escrito tiene poca credibilidad», señala un veterano magistrado del Alto tribunal. Otro compañero recalca que a este llega un gran número de querellas contra dirigentes políticos, pero la mayoría no pasan el primer filtro.

No obstante, el Supremo está «obligado» a tramitar el escrito que ha enviado el Senado, admite un abogado que prefiere mantener el anonimato. Revela que, de no hacerlo, «incurriría en un delito de prevaricación». En esa misma línea se pronuncia el abogado y doctor en Derecho Penal Luis Romero. En su opinión, el magistrado sobre el que recaiga el documento debe comprobar su apariencia de veracidad.

«Pueden analizar sus cuentas y declaraciones de bienes. Luego deben aclarar dónde se encuentran esas cuentas y el origen. Sin embargo, es complicado rastrear cuentas en muchos países que, aunque dicen que han dejado de ser paraísos fiscales, continúan siéndolo. Son países laxos en el control de posibles fondos ilícitos», sostiene Romero.

Otra abogada que prefiere mantener el anonimato afirma que el Supremo está obligado a analizar el escrito porque el Senado «hace de acusación popular». Sin embargo, cree que tiene pocas posibilidades de ser admitida a trámite. Seguiría la misma suerte que el documento de 40 páginas que un abogado madrileño registró ante la Fiscalía Anticorrupción el pasado 7 de enero. Se trata del mismo escrito que remitido al Senado, aunque este contaba con menos páginas.

Las cuentas de Begoña Gómez

Este no ha sido el único escrito que ha llegado al Ministerio Público esos días para señalar supuestas cuentas ilícitas de miembros del Gobierno. Un empresario leonés registró otro en Anticorrupción el 13 de enero, pero también fue archivado. El documento, al que se refirió Aldama durante una entrevista, señalaba que Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, tenía tres cuentas en República Dominicana con seis millones de euros que recientemente había trasladado a Islas Caimán. También incluía depósitos a nombre de Sonsoles Espinosa, pareja del expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero.

Fiscalía se apresuró a informar que ambas denuncias se habían archivado «por falta de credibilidad». Fuentes del Ministerio Público precisan que los documentos incluían «información inverosímil» y se basan en datos incorrectos, entre los que subrayan los números de cuenta que cita, que no se corresponderían con ningún cifrado real. Las mismas fuentes explican que en los últimos tiempos este tipo de escritos son habituales, pero que eso no implica que sean verdaderos.

El documento remitido al Supremo salió del Senado tras darse traslado de su contenido a los grupos. El documento lo recibieron tanto el letrado de la comisión de investigación del caso Koldo como su presidente, el popular Eloy Suárez. Fuentes parlamentarias señalan a este diario que se trata de un procedimiento «habitual». E insisten: «Es normal enviar a los juzgados las conclusiones de las comisiones, pero también se puede enviar el material que aportan los comparecientes o cualquier otro particular».

Suárez recibió el documento el pasado 13 de diciembre. Estaba firmado por un abogado madrileño. Tres días después, el letrado de la comisión, Luis de la Peña, tuvo acceso al mismo texto. Incluye datos de supuestas cuentas abiertas en República Dominicana entre mediados de 2022 y abril de 2024 a nombre de ministros y dirigentes socialistas, algo que rechazan con énfasis los ministros.

Tres bancos dominicanos

THE OBJECTIVE tiene en su poder la información desde hace semanas, pero no ha podido verificar su autenticidad. El escrito que llegó al Senado también incluye titulares de noticias de medios de comunicación. «El contenido de todas ellas hace referencia a la posible ocultación de dinero en República Dominicana que pudiera ser el fruto de actividades delictivas, haciendo mención a decenas de viajes al país caribeño cuyas circunstancias y pormenores no han sido aclaradas».

«Con el presente escrito se aporta información recibida sobre supuestos depósitos y cuentas bancarias que presuntamente estarían abiertas en bancos de la República Dominicana al parecer a nombre de diferentes personas, referidas en las declaraciones del Sr. Aldama y publicaciones de diferentes medios», prosigue el denunciante antes de subrayar que las personas mencionadas «serían miembros del Gobierno y diputados del Parlamento español que podrían guardar relación con los hechos que se investigan en la referida comisión de investigación del Senado».

En el documento aparecen cuentas y depósitos supuestamente abiertos en tres entidades dominicanas (Banco CaribeBanco Santa Cruz y Banco Promerica) domiciliadas en oficinas ubicadas en Santo Domingo, la capital del país caribeño. De las personas mencionadas, Montero tendría tres presuntas cuentas, mientras que Ribera, Óscar López, Cerdán y Patxi López dos a su nombre, y el resto una única libreta. La denuncia también incluye como cotitular de las cuentas a la pareja del portavoz socialista en el Congreso.