El consejero aragonés insiste en que la absorción de estos asegurados «colapsaría» la sanidad
Parece que, después de las grandes polémicas, el modelo de Muface podría llegar a su final en enero de 2025. Lo manifestó así este lunes la ministra de Sanidad, Mónica García, después de que el Ministerio de Sanidad hiciera público un estudio en el que revelaba la opción de incorporar de forma progresiva a los funcionarios en la sanidad pública. La idea ha hecho saltar al consejero aragonés de Sanidad, José Luis Bancalero, que la ha calificado de «irrespetuosa, irresponsable y nefasta» porque, ha advertido, «absorber a esa población colapsaría la sanidad aragonesa y la de todas las comunidades autónomas».
Para tratar de revertir esta situación, Bancalero ha enviado una carta a la ministra de Sanidad, Mónica García, y otra al de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, de quien dependen las negociaciones para renovar el convenio. En ambas Bancalero apunta a una noticia publicada por la cadena Ser que hace referencia a «un plan de transición», por el que todos los funcionarios asegurados pasarían a la sanidad pública en un periodo de nueve meses (de enero a septiembre), y a la transferencia de 2.681 euros a las comunidades autónomas, cantidad que el Gobierno destinaba hasta ahora a las aseguradoras privadas.
Así, Bancalero ha comunicado el malestar que ha generado en su departamento el informe ministerial. En la carta dirigida a López, ha especificado que el final de Muface «podría suponer la muerte de la Atención Primaria» en España. «Como Usted bien sabe, nos faltan profesionales sanitarios, nos faltan infraestructuras, nos falta financiación y la asunción de la prestación de asistencia sanitaria a los funcionarios integrados en Muface supondría el colapso total de la Sanidad», ha expresado. Además, ha solicitado al ministerio de Función Pública que adopte las «medidas oportunas» porque, ha añadido, «el Ministerio de Sanidad no tiene nada que opinar en un asunto de gestión de la Función Pública» ya que «no tienen ninguna competencia».
La misma idea la ha dejado entrever en la carta destinada a la ministra García, en la que ha subrayado que el fin de este modelo tendría «graves» consecuencias para las comunidades. También ha apuntado que si Muface terminara «sería necesario dimensionar las infraestructuras y tecnologías (hospitales, centros de salud, aparatos para tratamientos y diagnósticos, etc), así como tener en cuenta la carencia de profesionales, ámbito que sí es competencia del Ministerio de Sanidad, que sigue mirando hacia otro lado en esta cuestión». A ello ha añadido que «hubiera sido deseable» que se informara a las comunidades sobre este plan «desde el primer momento».
El consejero aragonés también ha solicitado a García que le traslade el «plan de transición» por el que los funcionarios pasarían a ser asumidos por la sanidad pública y las previsiones del Ministerio de Sanidad para financiar el modelo de Muface. Según ha explicado Bancalaero a los medios, en el informe ministerial «en ningún momento existe planificación sobre las necesidades para absorber a esta población, ni de recursos humanos, ni de infraestructuras, ni de tecnología que haría falta para atender a estos nuevos usuarios».
Estos «nuevos usuarios» serían, en Aragón, los 32.036 funcionarios que hasta ahora han recibido asistencia sanitaria de una aseguradora y que a partir de enero pasarían a ser asumidos por el Salud. Esto supondría un gasto de 150 millones de euros para la comunidad, según informó Bancalero hace dos semanas.
Las cifras hacen que también desde Csif consideren inasumible el final del modelo de Muface. Según ha explicado Jessica Fessenden, en la comunidad «no tenemos capacidad estructural ni recursos humanos», y la Atención Primaria está «saturada», por lo que asumir a los funcionarios mutualistas «desestabilizaría el sistema sanitario aragonés». «Son unos 33.000 pacientes y eso es casi un centro de salud entero», ha añadido.
Bancalero ha incidido en que Muface «es lo mejor para toda la sanidad y lo que la mayoría de estos ciudadanos quieren para su cobertura asistencial sanitaria» y ha recalcado la necesidad de llegar a un acuerdo que garantice la atención de estos usuarios.
