La Coordinadora Unitaria de Bomberos llama a una manifestación el 30 de noviembre por el «bloqueo» de una ley que permitiría al cuerpo actuar con rapidez ante catástrofes
Última hora de las inundaciones por la DANA en España, en directo
Así trabaja para reconstruirse un pueblo destruido por la DANA
La Coordinadora Unitaria de Bomberos Profesionales (CUBP), asociación nacional mayoritaria, ha cargado este miércoles contra el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska. En concreto, le acusan de permitir una «caótica y descoordinada» intervención en las labores de rescate y limpieza en las zonas devastadas por la DANA.
Desde la CUBP aseguran que esa situación era «previsible» ante la ausencia de un marco regulatorio que permita movilizar a los más de 20.000 profesionales del cuerpo en el territorio nacional. Solo 3.000 bomberos han estado desplazados en la Comunidad Valenciana, mientras que el resto esperaban órdenes para poder colaborar en las labores de limpieza.
«Negligencia absoluta»
Debido a estos motivos, la CUBP ha convocado una manifestación para el 30 de noviembre en Madrid, con la intención de exigir la puesta en marcha de la Ley de coordinación de los servicios de prevención, extinción de incendios y salvamento. «Existe una una falta de gestión absoluta y una incapacidad manifiesta de parte de Interior para hacer frente a nuestras peticiones, perjudicando a todos los ciudadanos como ha dejado de manifiesto esta catástrofe», lamenta Israel Naveso, presidente de CUBP.
«Es una negligencia absoluta no usar todos los recursos que tienes a tu disposición para rescatar y salvar vidas desde el primer minuto. Las disputas políticas se deben dejar a un lado cuando hay vidas en juego», concluye Naveso.
La Ley de coordinación ya se encontraba en período de enmiendas durante la pasada legislatura, pero su recorrido legislativo se vio frenado por el adelanto electoral de 2023. Ya la pasada semana, desde Comisiones Obreras y apenas unos días después del paso de la DANA, se exigía la puesta en marcha de esta misma legislación impulsada en 2018 por Podemos.
«Lo peor es que en cada emergencia de calado se demuestra su necesidad, porque todo el sistema de protección civil termina sobrepasado ante administraciones que han desarrollado un modelo disperso en cada comunidad autónoma que imposibilita el trabajo bajo criterios de coordinación y homogeneidad», apuntaban desde el sindicato,