La mayoría ha optado por el seguro de salud privado. La Sanidad pública se vería «desbordada» si no se renueva el acuerdo, que caduca a finales de año.
La amenaza del fin del modelo Muface, la mutua de funcionarios, que se extiende también a Mugeju (cuerpo judicial) e Isfas (fuerzas armadas), ha hecho saltar las alarmas. La falta de acuerdo entre el Gobierno y las aseguradoras –Segurcaixa Adeslas, Asisa y DKV– deja en el aire la asistencia sanitaria que reciben más de dos millones de personas y sus familias en todo el país. De ellas, casi 80.000 en Aragón. Y pone en riesgo de «sobrecarga» y «saturación» al sistema público.
Precisamente este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado sacar a licitación el concierto de Muface con una subida del 17,1% de la prima.
Las compañías no aceptaban la financiación de este modelo y se han plantado ante Muface. El Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública propuso una subida de la prima del 14% para los próximos dos años. Una cifra inferior al 24% que había deslizado Muface en los últimos días y se aleja del incremento del 40% que pedían las aseguradoras. Aceptar las condiciones, argumentaban, agravaría los costes que ya están asumiendo las compañías. El tiempo, sin embargo, juega en contra, ya que el actual concierto finaliza el próximo 31 de diciembre.
Mutualidades, sindicatos y el sector de la sanidad privada llevan tiempo alertando del riesgo de un modelo abocado a desaparecer si no se incrementa la dotación presupuestaria. La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, exige al Gobierno que garantice una financiación suficiente para el próximo concierto de Muface, que actualmente está negociando con las compañías aseguradoras, a la vez que reclama una mayor estabilidad del mutualismo administrativo.
Desde CSIF adelantan su intención de responder «con toda contundencia, sin descartar movilizaciones«, en el caso de que no se atienda a las necesidades de sus mutualistas: «No vamos a permitir que el modelo del mutualismo administrativo muera por inanición». Según coincide José Luis Santafé, presidente del sindicato en Aragón, existe «preocupación» respecto a la falta de acuerdo en la negociación del futuro concierto sanitario, «que en repetidas ocasiones han manifestado su intención de retirarse del modelo de asistencia médica de MUFACE, si las condiciones del concierto no eran mejoradas». El concierto, dice, debería estar cerrado en el mes de octubre para garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria desde el comienzo del próximo año 2025.
La fórmula de colaboración se remonta a 1975
Para Alfredo Pérez Lambán, vicepresidente tercero del Colegio Oficial de Médicos de Zaragoza y delegado provincial de Asisa, «el modelo del mutualismo administrativo (una fórmula de colaboración entre el sistema público y privado) se origina en 1975 con Muface e Isfas«, y en 1978, con Mugeju. Los costes, explica, se han ido encareciendo. Entre las causas principales, además de la inflación o la ampliación de prestaciones, figura el envejecimiento de los beneficiarios así como la inversión en materia sanitaria.
«En diez años, el gasto público en sanidad ha aumentado un 53% mientras que el incremento de las primas de mutualidades ha sido del 32%», concreta. Las pérdidas que han acumulado las tres aseguradoras mayoritarias que prestan servicios a mutualistas en los últimos tres años se eleva a 470 millones. La subida de la prima que ofrece el Gobierno es «totalmente insuficiente» y «acarrearía de nuevo más pérdidas». «La situación es prácticamente de estrangulamiento, muy delicada para las compañías privadas», añade Pérez Lambán.
«Mayor presión asistencial»
De los casi 80.000 mutualistas que hay en la Comunidad, unos 45.500 pertenecen a Muface, más de 31.000 a Isfas y cerca de 2.900 a Mugeju. La mayoría de los mutualistas de Muface (el 70%) han optado por el seguro de salud privado frente a la cobertura sanitaria pública. Si todos ellos pasaran del sistema de mutualismo administrativo al sistema público, «aumentaría la presión asistencial» y se vería «desbordado». Para Pérez Lambán, está cuantificado que, a nivel nacional, la demora en consultas externas pasaría de los 85,4 días a los 227,6 (lo que representa un incremento de 266%) y subirían también las listas de espera quirúrgica.
El cambio a un modelo de cobertura 100% pública tendría un impacto significativo también en la ocupación de camas en la red hospitalaria pública a nivel nacional, donde el sistema necesitaría añadir 3.975 camas, lo que representa un aumento del 3,8% de su capacidad actual. Zaragoza sería una de las provincias más comprometidas en este sentido –junto a La Coruña, Sevilla o Madrid–, ya que se podrían necesitar hasta 111 más. «Si aumentan las camas y la actividad –dice–, el gasto subiría considerablemente, se cuantifica en 2.300 millones de euros anuales a nivel nacional». En Aragón se estima incluso el cierre de dos centros privados: «Y eso conllevaría a su vez una destrucción de empleo. En España hay 300.000 profesionales en el sector sanitario privado». Además, reconoce el delegado provincial de Asisa, «la atención primaria se saturaría», una situación complicada teniendo en cuenta la realidad actual en la Comunidad.
Impacto de la sanidad privada en la Comunidad aragonesa
Los datos evidencian el impacto de la sanidad privada. El sector hospitalario privado en Aragón representa el 18% de las camas y el 37% de los hospitales. Así se desprende del análisis de la Fundación Instituto para el Desarrollo e Integración de la Sanidad (IDIS). En toda la Comunidad hay más de 5.000 camas hospitalarias, contando tanto las localizadas en planta como en uci, incubadoras…, y de ellas, más de 950 están en centros privados.
En la región, más de 300.000 personas tienen un seguro privado de salud. De ellas, 80.000 son mutualistas y 60.000 están en Zaragoza, lo que representa un 6% de la población de la capital aragonesa. “La repercusión podría ser muy importante -indica el representante de la institución médica colegial-. Solo hablando de la siniestralidad (aquello que se gasta en relación con una prima) en Aragón se puede ir al 110%”, teniendo en cuenta que es una región con población más envejecida y dispersión territorial.
El gasto público per cápita en sanidad en 2023 ha sido de 2.010, incluyendo gastos de farmacia. Excluyendo esta última partida asciende a 1.700. En el mutualismo administrativo, dice, la prima no llega a los 1.000 euros.
