Alberto G.A. presentó una querella con el objetivo de que se llevara acabo una investigación penal en la institución
La Junta de Fiscales de Sala ha concluido este miércoles que rechaza la apertura de una investigación penal por un delito de revelación de secretos derivado de la filtración de datos del novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, realizada desde la propia institución. Alberto González Amador presentó la querella contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos, Julián Salto, y la Fiscalía finalmente ha decidido hoy no admitirla.
El Colegio de la Abogacía de Madrid (ICAM) también se querelló pero sin imputar los hechos a nadie en concreto. Ambos lo hicieron a cuenta de la polémica nota de prensa difundida por la Fiscalía de Madrid el pasado 14 de marzo, en la que se daban detalles sobre la investigación a la pareja de Ayuso por los presuntos delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.
Precisamente, este mismo martes se hizo público que González Amador propuso a la Fiscalía asumir ocho meses de cárcel y pagar unos 525.000 euros por dos delitos fiscales para evitar ir a juicio, un documento que ya tienen los fiscales de sala para su estudio. Así, la Junta de Fiscales de Sala -en la que ha estado presente toda la cúpula fiscal- se ha celebrado una vez que la fiscal María de la O Silva (encargada de informar sobre la admisión o no de la querella presentada por la pareja de Ayuso) invocó el artículo 27 del Estatuto Orgánico, al estar en desacuerdo con la orden de la número 2 del Ministerio Público, María Ángeles Sánchez Conde.
La también teniente fiscal del Supremo le pidió verbalmente que rechazara la querella al invocar el principio jerárquico de unidad de actuación, que rige el Ministerio Fiscal, ya que no puede haber dos posturas contrarias en relación a dos casos idénticos. El fiscal que asumió la otra querella, la del ICAM, ya sentó criterio al sostener que no hay delito, tal como piensa también Conde. Esto se debe porque la fiscal de Madrid quiere practicar una serie de diligencias antes de redactar su informe, en concreto pretende examinar las comunicaciones del fiscal general al respecto.
Por su parte, al haberse abstenido en esta causa, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, corresponderá a su número 2, María Ángeles Sánchez Conde, presidir la Junta de Fiscales de Sala, cuya postura no es vinculante para Conde antes de fijar la posición definitiva, si bien fuentes fiscales apuntan a EFE que lo normal es que no se desvíe del criterio de la mayoría.
El comunicado de prensa
El pasado 15 de abril, García Ortiz asumió la «responsabilidad última» de la nota de prensa difundida el 14 de marzo a la que hace referencia la querella de la pareja de Díaz Ayuso. García Ortiz aseguró que no iba a «consentir» que la fiscal jefa de Madrid y el fiscal a cargo del procedimiento fuesen «perturbados por ejercitar la acción penal ante la posible comisión de hechos de naturaleza delictiva».
«No voy a tolerar que ningún fiscal tenga que soportar las consecuencias del funcionamiento transparente de nuestra institución», señaló en una declaración institucional, en la que insistió en que no podía considerarse «infringido el deber de reserva» porque el objeto de la comunicación era «de dominio público fruto de indeseables filtraciones».
