El acuerdo hace más difícil las llegadas, más duro el proceso para recibir asilo, e incluso da bastante margen a los países receptores de flujos migratorios para ‘devolver’ a quienes consideren que no tienen derecho a quedarse
El pleno del Parlamento Europeo ha ratificado este miércoles el Pacto Migratorio y de Asilo de la UE, uno de los dosieres más problemáticos, tóxicos y enrevesados de la última década. No es el último paso, pero casi, ya que se espera que el Consejo, esto es, los ministros de los 27, hagan lo mismo dentro de unos días, dando punto y final, o al menos punto y seguido durante unos años.
«Es un gran logro. Así podremos proteger mejor nuestras fronteras exteriores, a los vulnerables y los refugiados, y devolver rápidamente a aquellos que no tienen derecho a quedarse, con solidaridad obligatoria entre los Estados miembros», ha celebrado la comisaria europea de Interior, Ylva Johansson. «Después de casi una década de bloqueo, se ha logrado. Europa gestionará la migración de forma ordenada y según nuestras condiciones», ha coincidido el comisario Margaritis Schinas.
La decisión ha tenido una digestión larga, complicada y de mal sabor, pero se ha logrado durante la legislatura, algo que hace unos pocos meses parecía imposible. Había urgencia, prisa, nervios. Para poder tener argumentos ante la campaña para las elecciones europeas de junio, pero también porque nadie puede garantizar que de haberse retrasado, el próximo plenario, quizás más radical, lo hubiera sacado adelante.
Eso explica también que la presidenta del Parlamento, Roberta Metsola; la de la Comisión, Ursula von der Leyen; y la rotatoria del consejo, en manos del belga Alexander de Croo, hayan comparecido juntos para intentar vender una unidad, una fortaleza y una solidaridad que está más o menos en el papel, pero no tanto en el fondo. «La migración es un desafío europeo que debe afrontarse con una solución europea Esto es lo que ofrece el Pacto sobre Migración y Asilo. Fronteras más seguras, trámites más rápidos y eficientes y más solidaridad con los Estados miembros en las fronteras exteriores», ha dicho la alemana. «Se hace historia. Hemos creado un marco legislativo sólido sobre para abordar la migración y el asilo en la UE. Han pasado más de diez años en su elaboración, pero cumplimos nuestra palabra. Un equilibrio entre solidaridad y responsabilidad, así se hace en Europa», ha añadido.
Los gobiernos nacionales llegaron a un acuerdo en diciembre, tras prácticamente una década de choques, fricción, fronteras cerradas y miles de muertos en el mar. No hay tema más divisivo, sucio, en la Unión. Es lo que ha tumbado gobiernos, roto coaliciones y forzado elecciones de norte a sur y de este a oeste. Es lo que ha roto la confianza entre socios, quebrado las relaciones entre vecinos y sacado a relucir las peores miserias.
Se llegó a un compromiso que no satisface plenamente a nadie (algo, por otro lado, normal en el proceso), pero que ha generado un rechazo sorprendentemente coral entre la sociedad. Para la ultraderecha y parte de la derecha es insuficiente y laxo. Para izquierda, los Verdes y las ONG es una barbaridad que convierte a Europa en una «fortaleza», en el peor de los sentidos, y vulnera los derechos humanos.
Los últimos días, y sobre todo horas, han estado marcados por llamadas, súplicas, regateos. Al final, los cinco reglamentos han salido adelante con margen, al menos 30 votos en los más controvertidos, pero en la víspera llegó a haber dudas. No había garantía de disciplina de grupo, y todos repetían que o salían todos o ninguno. El presidente galo, Emmanuel Macron, llamó por ejemplo ayer a su homólogo polaco, Donald Tusk, para pedirle que los diputados de su coalición no votaran en contra, sino que se abstuvieran. Pero hay pocos países en los que se vea mejor lo tóxico que es el debate.
Polonia siempre estuvo en contra de las soluciones europeas sobre migraciones y asilo. Desde 2015, cuando millones de personas huyendo de la guerra en Siria, Afganistán o el Cuerno de África llegaron a Europa por mar o tierra, Varsovia dijo que no a todo. No quería solidaridad, repartos por cuotas ni nada parecido. Dejó claro, como Hungría, que no quería ni aceptaría musulmanes, por pocos que fueran. Y aunque ahora la posición del país ha cambiado con Tusk en muchas cosas, sobre todo en las rencillas con Bruselas, no lo ha hecho en materia migratoria. Es un tema intocable hasta para los socialistas. Y por eso el ex presidente del Consejo Europeo ha dicho que se seguirá oponiendo, a pesar de lo avanzado, anticipando peleas y divisiones adicionales.
Sobre la mesa había cinco reglamentos diferentes, negociados cada uno por su lado desde 2020 con diferentes resultados, que cubren todo el proceso. Un procesamiento más rápido de solicitudes de asilo, controles de salud y seguridad , reubicaciones con cierto apoyo financiero, respuestas obligatorias en las crisis, planes de reasentamiento voluntarios. En la discusión, articulada en el Parlamento a través de diversos informes, tuvieron responsabilidades los españoles Juan Fernando López Aguilar (PSOE) y Jorge Buxadé (VOX).
Los dos primeros reglamentos eran sobre Eurodac (sistema de comparación de impresiones dactilares usado para ayudar a determinar el Estado miembro responsable del estudio de una solicitud de asilo) y procedimientos comunes y garantías fueron aprobados pronto. Los dos siguiente, sobre Gestión de Asilo y Migración y un Procedimiento común en materia de protección internacional, se pactaron por mayoría cualificada en junio, con el voto en contra y la oposición furibunda de Varsovia y Budapest, ya que imponía las compensaciones económicas de hasta 20.000 euros por persona rechazada. Y el último, el más espinoso, fue el de la gestión de crisis, en el que Italia y Alemania primero, y luego Francia por razones de política interna con sus propias leyes, dificultaron.
NARRATIVA TRIUNFALISTA
Llegar a un acuerdo a 27 había sido imposible desde 2015. Y, a pesar de la narrativa triunfalista, también lo fue el pasado año. Fue un acuerdo a 25, porque Hungría y Polonia dijeron que no, pero se aprobó por mayoría cualificada. Hubo represalias, y ambos países se opusieron o vetaron conclusiones del Consejo Europeo desde entonces. Pero no se dio marcha atrás.
El acuerdo claramente hace más difícil las llegadas, más duro el proceso para recibir asilo, e incluso da bastante margen a los países receptores de flujos migratorios para ‘devolver’ a quienes consideren que no tienen derecho a quedarse. No sólo a sus países de origen, sino también a otros si consideran (ellos, no un dictamen independiente o común para todos) que son seguros.
A finales del año pasado, bajo presidencia española, se aseguró que era un pacto que demostraba la solidaridad europea. Pero en realidad lo hace con muchos matices. En los peores casos, cuando un flujo inesperado o demasiado grande para ser gestionado por un solo país, se podrá repartir a los demandantes de asilo. Pero quienes no quieran podrán evitarlo, pagando hasta 20.000 euros por cada persona rechazada. Nadie está realmente convencido de sus bondades, saben que es un endurecimiento porque en los dos últimos lustros el continente entero se ha derechizado en esta cuestión. «No voy a abrir una botella de champán», resume la influyente holandesa Sophie in’t Veld, «política es sacar cosas adelante aunque no te gusten».
Los líderes se ven obligados a defenderlo, pero con más resignación que fe, justo antes de las elecciones europeas. Los partidarios dicen que es la mejor forma de frenar las aspiraciones de los ultras, pero los críticos dicen que supone, en realidad, adoptar lo que la ultraderecha lleva años pidiendo.
Lo defienden los comisarios Ylva Johansson y Margaritis Schinas. Lo respaldaron el grueso del PPE, los socialistas y los liberales. Pero incluso entre sus filas muchas voces se opusieron, sumándose a los extremos ideológicos, que por razones radicalmente diferentes, se oponían desde el inicio. Para la izquierda por las violaciones de derechos que simboliza la actuación de Frontex, la agencia de guardacostas europea implicada en mil escándalos, desde Grecia a Lidia, y cuyo ex director es candidato ahora del partido de Le Pen en Francia. Y para la derecha más dura porque algunos lo consideran demasiado generoso, pero sobre todo porque nunca han querido un acuerdo, ya que prefieren que cada capital sea la que decida por sí misma en materia migratoria.
Hasta 161 ONG denuncian que el Pacto de Asilo es «la continuación de una década de políticas que han llevado a la proliferación de violaciones de derechos en Europa«, con «implicaciones devastadoras para el derecho a la protección internacional» y «luz verde a abusos en toda Europa», incluidos el perfilamiento racial, la detención por defecto y las expulsiones. «»Hoy, el Parlamento de la UE ha optado por una política excluyente centrada en la disuasión y la violencia en lugar de priorizar la dignidad y la seguridad de las personas. Con la aplicación del Pacto sobre Migración, podemos anticipar las inevitables repercusiones médicas y humanitarias de un mayor número de personas atrapadas, obstaculizadas, detenidas y privadas de seguridad y protección en toda Europa», denuncia Raquel González, coordinadora de MSF España.
Unos cientos de activistas se han congregado a las puertas de la Eurocámara en Bruselas, pero sin hogueras, tractores e incidentes, sin cortar el tráfico siquiera, han tenido una repercusión mínima, sobre todo comparado con el éxito de los agricultores con sus presiones. Lograron interrumpir unos minutos las deliberaciones dentro de la cámara, al grito de «Este pacto mata, votad no», pero con ningún éxito. Poco después se votó sin sorpresas, sin sobresaltos. Sin ninguna alegría tampoco, en ningún lado. Hay pacto, pero no solución.