Los especialistas han enviado una carta a Didier Reynders para que el ministro de Justicia les conceda una reunión
Al comisario europeo de Justicia se le acumula el trabajo. Los criminólogos españoles han pedido la mediación de Didier Reynders para que interceda por ellos ante Félix Bolaños. Los colegios profesionales pidieron una reunión al ministro de Justicia cuando llegó al cargo a finales de noviembre para abordar una propuesta de ley que regule su oficio, pero de momento no ha respondido. Tampoco contestó su antecesora, Pilar Llop. La norma serviría para acotar su actividad y evitar el intrusismo que afirman sufrir. En estos momentos, unas 30.000 personas realizan estudios de este tipo en la universidad.
La Comisión Intercolegial, que reúne a todos los colegios profesionales de Criminología en España, enviaron una carta a Reynders en diciembre solicitando su apoyo para lograr una ley que regule su profesión. La intención es que el comisario europeo de Justicia interceda ante Bolaños de la misma manera que ha mediado para que PP y PSOE se pongan de acuerdo en renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato caducó hace lleva cinco años.
Bolaños sigue sin responder a la carta que le enviaron los criminólogos hace dos meses. Tampoco lo hizo su antecesora, a la que le llegaron a enviar hasta siete misivas. «No pedíamos reunirnos directamente con Llop, sino vernos con alguien del Ministerio de Justicia en quien delegara. El tema no les interesa», lamenta Carmen Balfagón, decana del Colegio Profesional de la Criminología en Madrid y portavoz de la Comisión Intercolegial.
Reunión con Bolaños
«Considerando la Criminología como una ciencia empírico-social que tiene como objeto el estudio del crimen en todas sus manifestaciones, sus causas, del autor de la acción, de la víctima y del control social del comportamiento criminal, entendemos como una ciencia al servicio de la sociedad del siglo XXI y de la Justicia. El criminólogo, como experto, tiene una formación interdisciplinar a razón de la diversa naturaleza de los conflictos y de las múltiples áreas de estos en los que ha de intervenir», escribió Balfagón a Reynders para que aceptara mediar ante Bolaños.
La portavoz de los criminólogos advierte al comisario de Justicia de que España carece de una ley que reconozca y regule esta figura profesional, «algo que sí ocurre en la mayoría de los países europeos». Portugal, por ejemplo, aprobó en septiembre de 2019 una norma que limita la actividad, señala sus atribuciones y enumera los lugares donde pueden ejercer su trabajo. La creación de los colegios profesionales hace unos años (el primero, en Asturias en 2016) supuso un hito importante, pero demandan un paso más. Sin embargo, todavía hay mucha leña que contar en ese camino.
«Necesitamos una ley que señale qué es un criminólogo, quién puede serlo y qué tareas puede desempeñar. Cualquiera se pone a hablar en la televisión. Hay mucha injerencia», denuncia Balfagón. En España, los criminólogos no están obligados a colegiarse, como sucede en otros oficios. Un escenario que, en su opinión, va en detrimento de miles de profesiones, a los que los detectives han llegado a acusar de intrusismo profesional. Les achacan de investigar al margen de la ley e incluso amenazaron con tomar medidas legales.
La Comisión Intercolegial, que engloba a los cinco colegios profesionales que existen por el momento, comenzó a finales de 2021 una ronda de contactos con los grupos políticos en el Congreso para presentarles su proyecto de ley para regular regular la profesión. Los primeros partidos con los que se vieron, en la pasada legislatura, fue ERC, Ciudadanos y Vox.
La figura profesional
Los criminólogos denunciaron entonces que las grandes formaciones se desentendían del asunto y que parecía que «no quieren avanzar en línea con el resto de países de la UE, donde ejercen un papel cada vez más preponderante en la prevención del delito en ámbito público y privado, en el tratamiento penitenciario y en la esfera de la responsabilidad penal de los menores».
PP y PSOE acabaron reuniéndose con Balfagón y otros representantes de estos profesionales en mayo de 2022. Sin embargo, nunca ha recibido el impulso definitivo. Confían en que en la nueva legislatura se produzcan los avances necesarios. «El tiempo pasa y los profesionales de todo el país se desesperan al no contar con una ley que reconozca su figura profesional», advirtieron los criminólogos en una nota de prensa tras la investidura de Pedro Sánchez en noviembre.
Los profesionales recuerdan que, en 2019, la entonces ministra de Justicia, Dolores Delgado, se comprometió a estudiar su reclamación de reformas legales para incorporarles a la función pública. «No hay criminólogos, por ejemplo, en las prisiones. ¿Cómo se puede saber que un penado está rehabilitado sin un informe criminológico?», denuncia Balfagón.
En su opinión, pueden desarrollar «un papel fundamental» en los ámbitos policial y judicial, pero también para analizar escenarios de conflictividad social, posibilitar estrategias para reducir la criminalidad y la prevención y detección de acoso y violencia en las aulas. Un escenario que, apuntan, debería considerar Bolaños para acelerar en una ley específica.
Los estudios universitarios de Criminología comenzaron, con un segundo ciclo, en 2003. Ocho años más tarde, el Plan Bolonia lo convirtió en un grado. En la actualidad se imparte enseñanza reglada en 38 universidades españolas y cada año acaban sus estudios una media de 12.000 alumnos que «no cuentan con un futuro despejado», algo que «deberían atender las instituciones públicas».
