El candidato socialista arranca la campaña sin más opción que ser un satélite del BNG
La campaña gallega, que se inauguró oficialmente esta pasada media noche, amenaza con ser el preludio de otra dura jornada electoral en Ferraz. El candidato de la izquierda es Ana Pontón, la representante del BNG, un partido que en otros tiempos ni siquiera conseguía tener representación en el Congreso de los Diputados, pero que corrigiendo su perfil más radical ha conseguido desplazar a las siglas socialistas en Galicia hasta el punto de arrebatarle su posición referencial como alternativa al PP. La duda de esta campaña está en cómo queda la correlación de fuerzas entre PP y BNG, pero el candidato socialista es un elemento periférico, con una fidelidad de voto que se mueve alrededor del 55 por ciento, frente al casi 90 por ciento que alcanza tanto la de los populares como la de la formación independentista-nacionalista disfrazada de izquierda moderada que lidera Pontón.
Es una losa difícil de levantar que el candidato socialista, José Ramón Gómez Besteiro, esté descartado antes de que eche a andar la campaña oficial, y que los socialistas tengan interiorizado que de Galicia solo pueden esperar otra derrota más o menos dura, que confirmará que las siglas avanzan hacia una posición de costaleros del partido dominante en la izquierda. De esto responsabilizan a la gestión autonómica, pero también a la política de Pedro Sánchez a nivel nacional y a su manera de alimentar al nacionalismo periférico y al independentismo. En Galicia, los socialistas se lamentan de su imagen de partido «intervenido» y de la debilidad de su marca, en un proceso en el que todas las federaciones territoriales están sometidas al interés particular de Pedro Sánchez y de su equipo en Moncloa. Esto ya fue un lastre para el PSOE en las últimas elecciones autonómicas y municipales, y vuelve a serlo en este examen electoral. En el PSOE tampoco hay previsión de obtener buenos resultados en las vascas, y en relación a las europeas dan por descontado una nueva debacle.
El PP, por su parte, tiene miedo a que un exceso de confianza pueda pagarlo en las urnas y necesita mantener tensa la calle para esquivar que una falsa sensación de que la partida está ya ganada pueda poner en riesgo la mayoría absoluta, imprescindible para que logren seguir al frente de la Xunta. O todo o nada, sin términos intermedios. Para perder el Gobierno tendrían que caer en cinco escaños, muchos votos cuando no hay ninguna opción transversal que compita con ellos. El ambiente que se respira en los «fondos» del partido gallego es de tranquilidad, superados los días de incertidumbre por la crisis de los pellets, en la que fallaron algunos reflejos. El seguimiento demoscópico ha avalado que esta reciente llegada de pellets a la costa careció de la relevancia necesaria para alterar el equilibrio de fuerzas políticas, con dos de cada tres gallegos rechazando asociar este vertido de plástico con la catástrofe medioambiental provocada por el petrolero Prestige. Símil que tampoco ha logrado calar a fondo en los votantes de izquierda y nacionalistas.
En este marco, el caballo que sale con ventaja, el del PP, ha optado por jugar la partida con doble candidato. El peso lo llevará lógicamente el actual presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que se centrará en movilizar a los votantes de las principales «plazas» gallegas, en una clave estrictamente autonómica. Y como furgón de cola le acompañará el presidente nacional del partido, Alberto Núñez Feijóo, que llevará su propia «caravana» electoral por la zona más rural, los pueblos más pequeños, y con un contacto de piel a piel con los ciudadanos.
Una campaña de proximidad, sostienen en Génova, que en realidad lo que busca es poner en evidencia que Feijóo juega en casa y puede moverse con tranquilidad por la calle, mientras que el presidente del Gobierno no puede salirse del blindaje de Moncloa. Y mucho menos hacer campaña a pie de acera, no por motivos de seguridad, sino para evitar el rechazo y las protestas incómodas.
Entre tanto, al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont le dan igual las elecciones gallegas, igual que le importa nada el resto de cuestiones ligadas a la gobernabilidad del Estado español. Pero este nuevo examen en las urnas sí es una oportunidad para trabajar por la «debilidad de Sánchez» porque cuanto más débil esté el PSOE, más capacidad tiene para conseguir que sigan cediendo a sus exigencias. Un Gobierno sin agenda, sin proyecto de gobierno y sometido a la presión del mantra de que la Legislatura está acabada es el mejor escenario imaginable posible para Junts en su meta de mantener su presión con la amnistía y seguir desarrollando su agenda soberanista. Ahí se explican las prisas que está ejerciendo Junts para que la nueva negociación sobre la medida de gracia para los independentistas se resuelva cuanto antes, en los próximos quince días, que coinciden, no casualmente, con las dos semanas de la campaña de las elecciones gallegas.
Puigdemont no tiene solo en la diana al juez Manuel García Castellón (terrorismo) y al juez Aguirre (trama rusa y alta traición), sino también al magistrado Manuel Marchena, presidente de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, y del que teme que acabe ejecutando su imputación en las dos citadas causas en curso.
