Educación limita el uso de dispositivos electrónicos en las aulas, los recreos, las actividades extraescolares y las complementarias
Afecta a todos los centros no universitarios sostenidos con fondos públicos aunque también incluye excepciones: para fines didácticos cuando forme parte del proyecto educativo
En un aula ya no volverá a sonar un móvil ni el alumno podrá estar mirando constantemente si ha recibido un WhatsApp o una llamada. Los niños y adolescentes tienen desde esta mañana limitado el uso tanto del teléfono como de otros dispositivos digitales (preferentemente relojes inteligentes) en las clases, pero también en los recreos, en las actividades extraescolares y en las complementarias.
Así lo ha contado esta mañana la consejera de Educación del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, confirmando lo que ya había adelantado este domingo en una entrevista a este diario. La instrucción se ha publicado a primera hora de la mañana y afecta a centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos.
Esta limitación (léase prohibición) surge de la preocupación que existe entre la sociedad por “el uso de los móviles y dispositivos electrónicos por parte de los niños o de los adolescentes”, o más bien del “mal uso” porque el “uso nocivo tiene consecuencias para la salud física y mental” de los jóvenes. Y aunque esto no explica los datos de protocolos abiertos por acoso, maltrato, ideación suicida que “me impactaron”, ha dicho la consejera, cuando los conoció; sí que ha considerado que “el mal uso a edades tempranas puede dar lugar a problemas físicos y mentales”. Además, ha reconocido que la escuela son solo unas horas al día, ya que fuera de las aulas ese uso ya debería hacerse bajo la supervisión paterna.
Excepciones
La consejera ha añadido también que existen varias excepciones, como que el uso del dispositivo “forme parte del proyecto educativo del centro”, es decir, que si un profesor considera que es necesario o unos padres informan al instituto de que es necesario que el menor utilice el móvil, esta situación podrá ser “recogida”. En el caso de los alumnos de Grado Superior de FP, escuelas de adultos y idiomas, podrán regular y adaptar la normativa en los periodos no lectivos. La norma es “flexible”, ha dicho,
En este sentido, ha señalado que esta limitación sirve de “paraguas” porque hasta ahora los centros solo se regían por la autonomía propia y, de hecho, varios ya decidieron prohibirlo. Por eso, ha insistido en que es “un punto de partida” en el que se irá trabajando. Esta tarde se reúne el Consejo Escolar de Aragón para constituir el grupo de trabajo en relación con el uso del móvil y de otros dispositivos, quien será quien “lime las aristas” para que a medio plazo se incorpore al decreto de convivencia. Ese es el objetivo, porque las aulas “tienen que ser un lugar seguro”.
En el caso de que el adolescente contravenga la norma, se podrá retirar el móvil, que será requisado en la dirección del centro. La norma evitará problemas surgidos hasta ahora porque “los docentes, los padres y los niños estarán protegidos”.
Desacuerdos
Las críticas a la normativa no se han hecho esperar. Desde la Federación de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnado consideran que la orden no responde a la “actual problemática” generada por el mal uso de los móviles; ya que se plantea desde una “óptica punitiva y no educativa”.
Además, se muestran preocupados porque se haya publicado antes de producirse el debate en el Consejo Escolar de Aragón, donde está representada toda la comunidad educativa. La instrucción la consideran ambigua y “su contenido va a generar más dudas que efectividad en su aplicación” ya que “hay que deducir que afecta exclusivamente al alumnado”.
Además, señalan que la orden obliga a la modificación del Proyecto Educativo de los Centros para recoger las excepciones al uso de estos dispositivos, si no lo tienen ya”.
Por su parte, Horacio Tabernero, presidente de la Asociación de Equipos Directivos de Infantil y Primaria de Aragón (Aedipa) ve positivo que «se empiece a legislar en este aspecto, pues es un ámbito muy preocupante en relación a la convivencia de los miembros de la comunidad educativa». Sin embargo, critica que «son instrucciones muy superficiales, pero si es un principio de un desarrollo más profundo es un buen principio», ha dicho.
Los sindicatos educativos también se mostraron críticos, sobre todo por la falta de información, de «negociación» y la ampliación de las responsabilidades del profesorado.
El sindicato CSIF critica que sean los docentes lo que tengan que “hacer de policías” y denuncian que no se ha informado ni negociado la medida con la comunidad educativa. Está de acuerdo en la regulación del uso del móvil pero insisten en que no se han negociado ni “pasado por el Consejo Escolar”, subraya Mónica de Cristóbal, responsable de Educación de CSIF Aragón. “Las nuevas normas dictan que los profesores y equipos directivos tendrán que requisar los móviles de los alumnos. No somos policías. Esta obligación nos podrá en una situación muy complicada. Los equipos directivos están ya muy saturados y sobrecargados con múltiples tareas burocráticas y de gestión”, concluye.
CGT denunció el «deje autoritario» de la consejera y consideró que la norma es un «ataque a la autonomía pedagógica de los centros». Además, añadió que el abuso del móvil es «un problema social que se encuentra fuera de los centros educativos».
A Anpe le preocupa la propuesta de «incautación y captura» de los dispositivos ya que conlleva «nuevas funciones para los saturados equipos directivos» y ve necesario campañas para fomentar un uso racional del móvil.
El PSOE también criticó la orden, ya que se adelanta a la reunión nacional convocada en Madrid para abordar la problemática, aunque Pérez Forniés señaló que es «una reunión informal, no una sectorial».
