El órgano fiscalizador tramita una denuncia por malversación tras unas subvenciones a una entidad religiosa
El Tribunal de Cuentas pone la lupa sobre la gestión de Isabel Díaz Ayuso. El órgano fiscalizador ha abierto diligencias contra la Comunidad de Madrid tras una denuncia que acusa al Gobierno regional de una presunta malversación de fondos públicos por beneficiar a la comunidad judía, a la que la dirigente del PP se ha mostrado muy cercana. De hecho, este lunes tiene previsto intervenir en el acto anual en recuerdo del Holocausto que organiza la Asociación Judía Europea en Auschiwtz, Polonia.
Las dos decisiones de Ayuso que investiga el Tribunal de Cuentas son una subvención de casi 56.000 euros por concesión directa el pasado julio y la cesión de 13 viviendas de la Agencia de Vivienda Social en concepto de alquiler, según avanzó Público y ha confirmado este diario. Los beneficiarios se comprometen a pagar una cantidad (aún por determinar) por los inmuebles, a abonar los gastos generales y de suministros así como el desgaste de su uso ordinario.
Fuentes del órgano fiscalizador afirman que la denuncia, presentada por la Asociación Preeminencia de Derecho, ha dado lugar a la apertura de una acción pública. El proceso ha recaído en el departamento primero de la Sección de Enjuiciamiento, donde ya se tramita. El siguiente paso será llamar a las partes para que expongan sus argumentos y, a partir de sus intervenciones, se decidirá si se archiva la causa o se nombra a un delegado inspector para continuar el procedimiento.
Las decisiones de Ayuso
La jurisdicción contable es compatible con la penal, por lo que unos mismos hechos pueden ser juzgados de manera simultánea, aunque las fuentes consultadas otorgan a esta denuncia pocas posibilidades de prosperar. Mientras la segunda tiene carácter sancionador, la función del Tribunal de Cuentas es reparadora: su finalidad es devolver el dinero o los bienes a la Administración perjudicada. Eso significa que el órgano fiscalizador solo puede revocar las decisiones del Gobierno de Ayuso.
La cesión de los pisos tuvo lugar el pasado 1 de diciembre y responde a un convenio entre la Agencia de Vivienda Social y la Comunidad Judía de Madrid, registrada como entidad religiosa en el Ministerio de Justicia. El acuerdo, publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid el 4 de enero, coincide en el tiempo con el conflicto que mantiene abierto Israel con Palestina desde el pasado 7 de octubre, cuando milicianos de Hamás atacaron por sorpresa a los judíos asentados en la Franja de Gaza.
El convenio establece que su objeto es «articular la cesión en régimen de arrendamiento a la Comunidad Judía de Madrid de 13 viviendas (…) las cuales serán destinadas a alojar personas con escasos recursos económicos» que cumplan las condiciones determinadas por la organización. Los pisos están ubicados en distintos puntos de la región: tres en la capital, ocho en Alcobendas y otros dos en San Sebastián de los Reyes.
El texto subraya que en la relación se incluyen los 10 inmuebles que la Consejería de Obras Públicas ya cedió al colectivo en febrero de 2001. Ese año ambas partes suscribieron un acuerdo para ceder un total de 10 viviendas tuteladas, siete en régimen de arrendamiento y otras tres con opción a compra tras vencerse el plazo de alquiler. Fuentes del Gobierno madrileño esgrimen a THE OBJECTIVE que mantienen acuerdos de colaboración y cesión de viviendas con 214 entidades.
«Una decisión política»
El nuevo acuerdo tiene una duración de cuatro años y supone una respuesta al «aumento de las solicitudes de acceso a vivienda del colectivo» que ha constatado la comunidad judía. Especialmente, tras «la situación de crisis derivada de la pandemia provocada por el covid-19 así como de los recientes conflictos armados en diversas partes del mundo». Su petición al Gobierno de Ayuso se enmarca porque al colectivo le resulta imposible afrontar las demandas de ayuda «en su totalidad».
El colectivo ha detectado un incremento importante en grupos vulnerables como personas sin familiares, mayores de 60 años, sin recursos económicos o con recursos insuficientes, familias de nacionalidad española que retornan desde Latinoamérica en situación de grave crisis; o familias de refugiados ucranianos que está acogiendo la comunidad judía. «Y todo lo anterior sin perjuicio de las consecuencias imprevisibles del conflicto que a fecha actual se está produciendo en Oriente Próximo y que afecta de manera tan directa».
La Asociación Preeminencia del Derecho afirma en su denuncia que «si los hechos determinantes de la ayuda a la comunidad judía son los bombardeos de Gaza, los necesitados son las personas de la comunidad musulmana de Palestina». No obstante, subrayan que estos no reciben ningún auxilio. En opinión de los denunciantes, las ayudas aprobadas por el Gobierno de Ayuso responden a una decisión política sin justificación, lo que supondría un delito de prevaricación.
La organización que dirige el abogado José Luis Mazón ha interpuesto multitud de denuncias en los últimos años, aunque la mayoría sin éxito. En septiembre de 2022 solicitó al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que investigara al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Murcia por haber ordenado supuestamente a unos magistrados que no realizaran votos particulares. Unos meses antes había solicitado apartar a un magistrado que es miembro numerario del Opus Dei.
