Sánchez maquilló en Davos el desplome del 23 % en la inversión extranjera con un indicador desaconsejado por el propio Gobierno

  • Los expertos llaman la atención sobre el importante retroceso en los últimos cinco años

  • Todo ello mientras la vicepresidenta Ribera recrudece los ataques a empresas como Repsol, que ha incrementado un 82 % sus inversiones

Pedro Sánchez volvió a sacar pecho esta semana en Davos a cuenta de las cifras económicas españolas. Entre ellas, de la inversión extranjera en España. «Hemos atraído más IED –inversión extranjera directa– que nunca», aseguró el presidente, en un discurso en el que también se atribuyó «unos beneficios récord» de las empresas españolas o haber crecido «por encima de la media de la zona euro», cuando en el mismo foro otro informe situó a nuestro país como el octavo con peor desempeño en paridad de poder adquisitivo, por debajo de la media comunitaria.
En materia de inversión, el presidente hizo referencia a los últimos datos publicados, en diciembre, por la Secretaría de Estado de Comercio. Según Comercio la inversión extranjera en España ascendió a 21.232 millones de euros en los nueve primeros meses de 2023, aumentando un 54 % en términos intertrimestrales. Una evolución de la que también sacó pecho el ministro de Industria, Jordi Hereu, en el reciente Spain Investors Day.
Sin embargo, tanto Sánchez como previamente Comercio utilizan como métrica la inversión extranjera total, cuando los expertos aconsejan medir este indicador teniendo en cuenta la inversión extranjera en España, sin Entidades de Tenencia de Valores Extranjeros (ETVE). Unos datos que en realidad muestran un fuerte retroceso del 23,3 % en los nueve primeros meses de 2023 en comparación con el mismo período del año anterior.

Los datos se sirven a través del portal DataInvex. En su nota metodológica, la misma Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones aconseja «separar las operaciones tipo ETVE porque pueden tener un valor efectivo muy elevado y un resultado económico muy limitado al no generar inversión en activos fijos ni puestos de trabajo alguno en el país que figura como receptor».

«Lo ortodoxo es utilizar la inversión No ETVE», confirma a El Debate José María Rotellar, profesor de economía y director del Observatorio Económico de la Universidad Francisco de Vitoria (UFV). «Una inversión puramente financiera se contabiliza como ETVE, mientras que la no ETVE computa las inversiones productivas, que son las que generan valor».

Las operaciones tipo ETVE «pueden tener un valor efectivo muy elevado y un resultado económico muy limitado», según Comercio

Las operaciones tipo ETVE incluyen, según Comercio, la transmisión de acciones dentro de un mismo grupo empresarial de participaciones en empresas extranjeras, sean o no llevadas a cabo por empresas fiscalmente acogidas al régimen de ETVE; o las operaciones llevadas a cabo por empresas fiscalmente registradas como ETVE cuando la actividad de la empresa sea únicamente la tenencia de valores extranjeros.
Según Comercio «las ETVE pueden ser usadas por empresas extranjeras para invertir en el extranjero como estrategia de optimización fiscal (…) pero en muchos casos sus inversiones carecen de efectos económicos directos en España. Por este motivo, se ha venido separando este tipo de inversiones para diferenciarlo de la inversión realmente productiva».
«En cualquier caso la inversión cae respecto a hace cinco años, antes de la llegada de Sánchez», detalla Rotellar, que destaca que en el tercer trimestre de 2023 el retroceso fue de más de 14.012 millones en comparación con el segundo trimestre de 2018, justo cuando llegó al cargo el actual presidente del Gobierno, un 69,8 % menos.
La inversión extranjera registra picos por operaciones concretas, y 2022, año con el que se realiza la comparativa, fue además mejor que la media. Aun así Rotellar destaca que la tendencia a la baja en el quinquenio de Sánchez es «muy importante». Entre los motivos, factores como la falta de seguridad jurídica, la catarata de laudos por las cuantías impagadas por las primas a las renovables –que han motivado diversos embargos a bienes españoles en el extranjero– o «una política poco amistosa con las empresas».

Ataques a las empresas

Ejemplo de ello es la reciente subida del salario mínimo interprofesional (SMI) de manera unilateral, la amenaza de sanciones a las empresas que huyeron de Cataluña a raíz del proceso separatista o los ataques del Gobierno a empresas del Ibex como Repsol.
El último de ellos, este mismo viernes, cuando la vicepresidenta Teresa Ribera acusó a su CEO, Josu Jon Imaz, de «negacionismo» y «retardismo» ante la transición ecológica. Unas críticas que causaron sorpresa en círculos empresariales, precisamente porque en pleno retroceso de las inversiones extranjeras, la española ha invertido, entre enero y septiembre, más de 4.6000 millones de euros en proyectos de descarbonización en España y Portugal. Es un 82 % más que en 2022, con la inminente inauguración de proyectos como un electrolizador con Petronor en Bilbao o una planta de combustibles renovables en Cartagena en el horizonte.