La Plataforma per la Llengua prosigue su señalamiento al sector sanitario como la principal área de la Administración catalana que registra problema de «discriminación lingüística»
La ONG del catalán, conocida como la Plataforma per la Llengua, que busca blindar el uso del catalán en todas las esferas públicas, ha compartido una grabación no consentida en la que se escucha una conversación entre un médico del centro de atención primaria Larrand, situado en el barrio barcelonés de Gràcia, y una usuaria infiltrada que instiga al sanitario a hablar en catalán aunque él no quiera. «¿Cuánto tiempo hace que estas aquí? ¿10 años y no hablas catalán?» le espeta la mujer. «No es necesario para mí», explica el médico, «mientras lo entienda no es necesario».
La mujer le insiste en que le dé más detalles personales y le pide cita con otro médico porque el sanitario no es de su gusto por no hablar en catalán a lo que él responde: «Se llama libertad». «Se supone que estamos en un país bilingüe, en el que se habla castellano como catalán», le espeta el sanitario. La plataforma ha difundido en sus redes dicha conversación en la que denuncian la actuación del médico y le acusan de ir en contra del derecho de los usuarios a recibir atención en catalán además de incumplir la normativa autonómica y estatal que «obliga a los trabajadores públicos a atender en catalán a los usuarios que se expresen en este idioma». La plataforma denuncia que se ha dado un caso de discriminación lingüística.
Sin embargo, como explica Impulso Ciudadano a Vozpópuli, la grabación no consentida está tipificada en el artículo 197 del código penal como revelación de secretos y delito de descubrimiento. «Además nada de lo que dice el sanitario constituye delito», afirman. La persona que ha grabado sin permiso la visita médica del CAP y ha denunciado la discriminación ha intervenido en Catalunya Ràdio y ha explicado que hace un año que vino de Perú y ha querido aprender catalán porque su lengua materna es el castellano y el quechua y éste segundo se está perdiendo. «Me gustaría que se hubiera hecho con el quechua lo que se está haciendo aquí con el catalán», ha declarado.
Señalamiento al sector sanitario
El CAP no ha querido hacer declaraciones a este medio. Por su parte, la Plataforma per la Llengua, una asociación regada con dinero público por la Generalitat, sigue su señalamiento al sector sanitario. Con motivo de este caso han vuelto a traer a colación un informe de 2022 en el que denunciaban la dejadez lingüística de los sanitarios a la hora de atender a pacientes.
«La entidad no considera anecdótica la actitud de este sanitario y la enmarca en la percepción que tienen algunos trabajadores públicos de que los derechos lingüísticos de los catalanohablantes son una cuestión secundaria y que tarde o temprano la persona acabará cediendo y renunciando a ella . Esta actitud tiene, por tanto, un efecto directo sobre el uso del catalán, ya que merma la confianza de los hablantes y hace que cada vez inicien menos conversaciones en catalán o mantengan menos el catalán. Es, por tanto, un deber de la administración el de garantizar los derechos lingüísticos de los ciudadanos, y poder ejercerlos no debe depender del grado de firmeza individual», afirma la plataforma y apunta que durante 2022 42 de 45 «discriminaciones detectadas» en la Administración se habían dado en el sector sanitario. «Esta realidad está muy estrechamente ligada a que las administraciones autonómicas no controlan de manera efectiva que los trabajadores sanitarios sepan catalán ni penalizan la mayoría de comportamientos discriminatorios, favoreciendo una situación de impunidad para aquellos trabajadores públicos que no cumplen la normativa vigente», puntualizan.
