Moncloa moviliza a los ministerios para improvisar temas con los que tapar la crisis institucional, judicial y social. Informa a los socios de un decreto con medidas en materia judicial
El nuevo Gobierno de coalición lleva un mes de vida y el balance del «muro» de Sánchez es una amplia crisis institucional, judicial y social, contra la que Moncloa está movilizando a toda prisa a los ministerios para que propongan medidas «de buena acogida en la opinión pública» que sirvan para tapar los agujeros del desgobierno. La oferta táctica de una entrevista al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, entra en este juego táctico, es un «señuelo» que Moncloa valora como un éxito sólo con que le sirva para poner sordina a los Puigdemont, Bildu y demás lastres.
Pero los hechos dicen que este primer mes ha estado marcado por los millones de españoles que se han manifestado en las calles contra la ley de amnistía, criticada por todos los colectivos judiciales. El juez de la Audiencia Nacional, Manuel García-Castellón, ha pedido al Tribunal Supremo que impute por terrorismo a Carles Puigdemont al existir «indicios fundados de serios delitos» en ese ámbito. Un verificador salvadoreño tuteló la primera reunión secreta en Ginebra entre el PSOE y Junts sobre el acuerdo que hizo posible sacar adelante la investidura de Sánchez, y ERC ha pedido otro verificador para su acuerdo con los socialistas. En el ámbito internacional, la Comisión Europea desmiente al Gobierno y niega que sienta «cero preocupación» por la amnistía negociada con los independentistas catalanes.
Mientras, el presidente del Gobierno admite la existencia de «lawfare» en España, pese a que el CGPJ rechace que se incluya en el acuerdo PSOE-Junts y avisa que estará vigilante sobre el trabajo de las comisiones parlamentarias que tienen encomendado fiscalizar a los jueces.
El Tribunal Supremo ha anulado por «desviación de poder» el nombramiento de la exministra de Justicia Dolores Delgado, promovida como fiscal de Sala por el Ejecutivo, y también el nombramiento de la presidenta del Consejo de Estado. Además, el Poder Judicial ha considerado, por primera vez, que el fiscal general del Estado, nombrado por Pedro Sánchez, no era idóneo para el cargo. Apenas 24 horas después, el Gobierno anunció que lo renovaba por otro mandato y, posteriormente, confirmó a Félix Tezanos al frente del CIS, esgrimiendo que acierta en sus encuestas. La colonización de las instituciones con dirigentes del PSOE y ex altos cargos del Gobierno alcanza el hito de que el próximo presidente de la Agencia EFE sea el primer secretario de Estado de Comunicación de Sánchez, y que el nuevo letrado del Congreso, que informa sobre la constitucionalidad de la ley de amnistía, sea el antiguo subsecretario del Ministerio de Política Territorial.
En el terreno político, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, tercera autoridad del Estado, se consagra al frente del cargo por convertir sus discursos institucionales en la jura de la Constitución de la Princesa Leonor, en la apertura de la legislatura y en el acto de aniversario de la Constitución en una continuidad de los mensajes del Gobierno de coalición.
En las reseñas del balance social aparece que la última actualización de noviembre de los efectos de la ley del «sí es sí» eleva a 1.233 las rebajas de penas a agresores sexuales y a 126 los violadores que han salido de la cárcel en aplicación de la ley en apenas un año desde su entrada en vigor.
España se sitúa como el país de la Unión Europea líder en pobreza infantil con un 27,8% de niños y adolescentes en esta situación (2,2 millones), según los datos revelados en noviembre por la Encuesta de Condiciones de vida de Infancia 2023. Coincidiendo con el Gobierno de coalición PSOE-Unidas Podemos, se duplica del 7,6% al 17,1%, entre 2019 y 2022, el numero de españoles que no pueden calentar su hogar, según un estudio de Cátedra de Energía y Pobreza de la Universidad de Comillas. Un tercio de los padres españoles ha ayudado a sus hijos a llegar a final de mes durante el último año, haciéndoles la compra o pagándoles recibos de luz/agua, según un informe de la Fundación BBVA. Y las listas de espera para operarse en la Sanidad Pública se disparan, marcando un récord histórico con 235.000 personas más que cuando Sánchez accedió al Gobierno en junio de 2018. Madrid es la más rápida de España en operar, con 45 días de media.
Al mismo tiempo, la multinacional Repsol amenaza con llevarse fuera de España inversiones de 1.500 millones de euros por la falta de seguridad jurídica y fiscal que ve en el país, y las agencias de calificación avisan del riesgo de los pactos de Sánchez para la economía española, cifrando en 45.000 millones el coste de perdonar el 20% de la deuda de Cataluña.
Correos, presidida por un amigo personal de Sánchez, se encamina a cerrar 2023 con un récord histórico de números rojos de 400 millones de euros, tras haber duplicado sus pérdidas en 2022.
Además, el Gobierno ha abierto una crisis diplomática con Israel por sus veladas críticas al Ejecutivo de Netanyahu por su respuesta militar contra Hamás. Tel Aviv retiró a su representante en Madrid como protesta.
Y en la coalición, Podemos rompe con Sumar y sus cinco diputados se han fugado al Grupo Mixto sólo tres semanas después de iniciarse la legislatura.
