Cuenta con el apoyo de la presión judicial para que Bruselas siga el modelo de Rumanía
El PP se ve en condiciones de jugar fuerte en Europa. Entre los escenarios que maneja está el de que su estrategia de presión en las instituciones comunitarias sirva para forzar una decisión de Bruselas sobre la futura ley de amnistía que coloque al Gobierno español en la misma situación con la que tuvo que lidiar el Ejecutivo rumano, y que le llevó a convocar un referéndum en todo el país que tumbó la amnistía que ellos mismos habían impulsado. Para ello, en Génova creen que será determinante la denuncia de los jueces, asociaciones judiciales, y de otras entidades de la sociedad civil, pero especialmente la judicial. De tal manera que la disyuntiva a la que se enfrente el presidente Pedro Sánchez sea o referéndum sobre la amnistía negociada con Carles Puigdemont para sacar adelante su investidura, con votación de todos los españoles, o sanciones a España, que podrían afectar incluso al desembolso de los fondos europeos. El Pleno que la pasada semana se celebró en el Parlamento europeo fue solo un primer «disparo» dentro de un paquete de actuaciones en las que la presión de los jueces será clave, según explican fuentes populares.
Entre los funcionarios comunitarios son mucho mas prudentes a la hora de anticipar que el Consejo y la Comisión Europea puedan llegar a donde el PP aspira que lleguen. Primero, las diferencias con el caso rumano son evidentes, ya que lo que había por medio de aquella amnistía, concedida también por un Gobierno socialista, era facilitar la impunidad a políticos, pero que estaban implicados en un caso de corrupción que afectaba a fondos europeos. En enero de 2019 también Rumanía se encontraba, como ahora España, al frente de la Presidencia de la UE y el debate nacional en el país se centraba en la tramitación de una ley de amnistía a dirigentes políticos. Pero el 11 de enero, el entonces presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, compareció para advertir de que esa amnistía era un paso atrás en el Estado de derecho, que tendría consecuencias de seguir adelante. La advertencia desembocó en un referéndum que el Gobierno rumano perdió.
La obligación de la Comisión Europea de velar porque se respeten los compromisos asumidos con el Estado de derecho sigue siendo la misma, pero desde las instancias comunitarias rebajan la expectativa de una respuesta de máximos ante una ley que no está aprobada y que tiene elementos que la diferencian con el caso rumano. El primero de ellos es que no se ve afectado dinero de la Unión.
Son los jueces españoles, no solo el PP, los que están denunciando que la amnistía afecta a principios esenciales como el de la igualdad, pero que también beneficia a imputados por corrupción (malversación de caudales públicos), además de que se haya abierto la puerta a que en la discusión entre el polémico ruido de si se están amnistiando hechos que tienen que ver con el terrorismo (CDR y «Tsunami Democràtic»). Al respecto, como salvaguarda para blindar el interés de Carles Puigdemont y de Oriol Junqueras en proteger a sus bases más violentas, la ley establece que deja fuera los casos de terrorismo, pero con una estudiada excepción, la de aquellos imputados por terrorismo sobre los que no haya una sentencia firme. Esta es la maniobra para incluir a estos dos movimientos radicales, de modo que puedan también beneficiarse de la impunidad negociada en el acuerdo político.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional comunicó el pasado viernes que pide entre 8 y 27 años de cárcel para los doce CDR procesados por delitos de terrorismo. Pero el paso siguiente será fijar fecha de juicio, todavía no se han sentado ni en el banquillo, por lo que incluso con esta sombra sobre sus hombros podrían verse favorecidos por la nueva ley.
Las fuentes comunitarias consultadas señalan, con todas las cautelas, que el elemento que más alarma ha despertado en Bruselas es el del «lawfare» incluido en el pacto político firmado entre el PSOE y Junts, pero que no aparece en la propuesta de ley de amnistía que tramita el Parlamento español. La posibilidad de que comisiones parlamentarias controlaran al Poder Judicial sí es una línea roja que los órganos de gobernanza de la Unión no dejarían pasar por alto. En cuanto a las posibles sanciones, más allá de la posibilidad teórica de que afecten a los fondos europeos, lo lógico seria que, si Bruselas detecta algún elemento de la ley de amnistía que rompe con el Tratado comunitario, remita una misiva al Gobierno español para que lo rectifique y, de no producirse esa enmienda, lo que haría sería trasladar el caso al Tribunal de Justicia Europeo. Este jueves se reúne el ministro de la Presidencia y titular de Justicia, Félix Bolaños, con el comisario europeo de Justicia, Didier Reynders, para tranquilizar a la Unión sobre el contenido de la amnistía, pero Bolaños sabe bien que donde ahora mismo tienen el principal problema, a ojos de la UE, es en el bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y en la aparente falta de imparcialidad de la Fiscalía General del Estado.
