Se perdona todo el ‘procés’ por «interés general» y dejará libre al ex president fugado a Bélgica: «Quedan sin efecto las órdenes de busca y captura»
La proposición de ley de amnistía acordada por el PSOE con las formaciones independentistas y nacionalistas borra la responsabilidad de todos los actos que estuvieran tipificados como delitos o como conductas determinantes de responsabilidad administrativa o contable vinculados a la consulta celebrada en Cataluña el 9 de noviembre de 2014 y al referéndum del 1 de octubre de 2017, declarados ambos inconstitucionales. En concreto, abarca todos los actos «que se hubieren realizado entre el 1 de enero de 2012 y el 13 de noviembre de 2023».
De esta forma, aunque no se incluyen nombres propios ni mención a casos concretos, la medida de gracia se aplicará no solo a los líderes de ERC y Junts, Oriol Junqueras y Carles Puigdemont, junto a los principales dirigentes independentistas (consellers y diputados), sino también a los directores de colegios donde se instalaron las urnas del 1-0 y también a los agentes policiales que actuaron durante la jornada de votación, además de a los encausados por participar en las acciones de los CDR y de Tsunami Democràtic. En total, se estima que se podrán beneficiar 309 encausados y 73 agentes. El partido de Pedro Sánchez plantea esta iniciativa presentándola como un paso decisivo y necesario en pro de «un interés superior: el de la convivencia política».
Además, hace una referencia implícita al caso del ex president de la Generalitat que se refugió en la ciudad belga de Waterloo para eludir la acción de la Justicia al señalar que «quedarán sin efecto las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión de las personas a las que resulte de aplicación esta amnistía, así como las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención». También establece que las decisiones judiciales para el cumplimiento de la ley se adoptarán «con carácter preferente y urgente, cualquiera que fuera el estado de tramitación del procedimiento administrativo o del proceso judicial o contable de que se trate», y «en el plazo máximo de dos meses, sin perjuicio de los ulteriores recursos, que no tendrán efectos suspensivos», lo que en la práctica blinda que los tribunales no puedan frenar el regreso inmediato del líder independentista.
«La amnistía abarca no sólo la organización y celebración de la consulta y el referéndum, sino también otros posibles ilícitos que guardan una profunda conexión con los mismos, como pueden ser los actos preparatorios, las diferentes acciones de protesta para permitir su celebración o mostrar oposición al procesamiento o condena de sus responsables, incluyendo también la asistencia, colaboración, asesoramiento o representación de cualquier tipo, protección y seguridad a los responsables, así como todos los actos objeto de la presente ley que acreditan una tensión política, social e institucional que esta norma aspira a resolver», precisa el texto, de 23 páginas, que ha sido registrado presencialmente esta tarde en el Congreso únicamente con la firma del PSOE.
Lo que no incluye la proposición de ley es la mención explícita al concepto lawfare, que vendría a justificar que hubo persecución judicial por motivos políticos en el ámbito del procés, una palabra que sí figura en el pacto para la investidura de Sánchez suscrito entre el PSOE y Junts y que ha desencadenado una oleada de protestas por parte de colectivos judiciales y profesionales de todo tipo. La Unión Europea ha advertido, a su vez, que actuará «de forma implacable» si se plantea cualquier modificación que suponga una revisión por parte del poder político de las decisiones de los tribunales, aunque en la proposición de ley tampoco se mencionan las comisiones de investigación en el Parlamento sobre sentencias judiciales que sí se incluyen en dicho acuerdo político.
Aunque la intención del PSOE era que el texto llevara la firma de todos sus socios de investidura, finalmente lo ha registrado en el Congreso a las 17.57 horas -tres minutos antes del cierre- únicamente con la suya y sin que haya sido ningún miembro del grupo parlamentario el que haya realizado el trámite, lo que ha llevado a la confusión inicial de que podía no haberse presentado de forma presencial. Fuentes del PNV han indicado posteriormente que lo han revisado y que, «en líneas generales» están «de acuerdo», pero que no han añadido su rúbrica porque «las partes negociadoras no lo han requerido», un extremo que los socialistas no han confirmado.
JUSTIFICACIÓN
El texto insiste en su exposición de motivos en que la amnistía es «un mecanismo constitucional que refuerza el Estado de Derecho para dar respuesta adecuada más de 10 años después del comienzo del proceso independentista» y rechaza que con ella, las Cortes Generales estén «invadiendo otros espacios». Bien al contrario, argumenta, que el Parlamento «asume la mejor vía de las posibles para abordar, desde la política, un conflicto político» y se precia de renunciar al ejercicio de la punitividad «por razones de utilidad social» y en pro de «un interés superior: la convivencia política».
La ley de amnistía se presenta como un medio para «abordar circunstancias políticas excepcionales que, en el seno de un Estado de Derecho, persigue la consecución de un interés general, como puede ser», explica, «la necesidad de superar y encauzar conflictos políticos y sociales arraigados, en la búsqueda de la mejora de la convivencia y la cohesión social, así como de una integración de las diversas sensibilidades políticas».
La iniciativa insiste en que la amnistía no es una figura jurídica novedosa en España pero los precedentes que cita son preconstitucionales. Igualmente cita los casos de otros países en los que sus respectivas constituciones sí la recogen, a diferencia de España en la que no está prevista en la Carta Magna.
5 AÑOS PARA PEDIRLA
Las personas que se pueden beneficiar de esta medida de gracia tendrán que solicitarlo en un plazo máximo de cinco años. La norma especifica, además, que «no dará derecho a percibir indemnización alguna, ni dará lugar a la restitución de las cantidades abonadas en concepto de multa o sanción, ni exonerará la responsabilidad civil frente a particulares».
Tras negar hasta la víspera de las elecciones del 23-J que la amnistía tuviera encaje en la Carta Magna, el texto elaborado por el PSOE a instancias de los partidos independentistas explicita que «lejos de ser una figura inconstitucional, forma parte del pacto fundacional de la democracia española y se presenta como una facultad de las Cortes Generales, en las que está representado todo el pueblo español, titular de la soberanía nacional». «De esta manera, a quien se halla legitimado para tipificar o destipificar una determinada conducta se le reconoce, en lógica consecuencia, la facultad de amnistiar esos mismos hechos sin otros límites que los que directamente dimanen de la Constitución», argumenta el texto.
ACTOS AMNISTIADOS
Los actos que quedarán amnistiados según la proposición son todos aquellos cometidos con la intención de reivindicar, promover o procurar la secesión o independencia de Cataluña así como los que hubieran contribuido a la consecución de tales propósitos. Esto incluye: usurpación de funciones públicas; malversación; convocatoria, promoción o celebración de las consultas declaradas ilegales; desobediencia cualquiera que sea su naturaleza; desórdenes públicos; atentado contra la autoridad; prevaricación así como los actos contra el orden y la paz pública.
La ley establece que los órganos judiciales competentes «ordenarán la inmediata puesta en libertad» de quienes estuvieran presos así como «la eliminación de antecedentes penales derivados de la condena por el acto delictivo amnistiado».
Quedarán, además, sin efecto «las órdenes de busca y captura e ingreso en prisión» de las personas fugadas, así como «las órdenes nacionales, europeas e internacionales de detención». También quedarán inmediatamente alzadas las medidas cautelares que se hubieran adoptado respecto a las personas beneficiadas por la amnistía, «incluso cuando tenga lugar el planteamiento de un recurso o una cuestión de inconstitucionalidad contra la presente ley».
El texto precisa también que se «reintegrará en la plenitud de sus derechos activos y pasivos a los empleados públicos sancionados o condenados, así como a la reincorporación de los mismos a sus respectivos cuerpos», aunque no tendrán derecho a recibir ningún sueldo por el tiempo en que no hubieran prestado servicio.
La aprobación de la proposición de ley implicará además la reforma del apartado 1 del Código Penal para incluir que la responsabilidad criminal se extingue, además de por las causas ya previstas en la ley, «por la amnistía o el indulto». También implica modificar el artículo 39 de la Ley orgánica del Tribunal de Cuentas para estipular que quedarán exentos de responsabilidad quienes hubiesen cometido actos que hayan sido amnistiados.
UNA LEY «IMPECABLE»
En una rueda de prensa en el Congreso, el ministro de la Presidencia en funciones ha afirmado que el texto es «impecable desde el punto de vista constitucional» y «un paso de gigante para la convivencia y el reencuentro en Cataluña». «Utiliza una herramienta, quizá la más poderosa que tiene la democracia, como es una ley de amnistía precisamente para cerrar heridas y también para superar de una vez por todas un conflicto que hemos sufrido desde hace más de una década», ha recalcado Félix Bolaños, que ha asegurado también que de esta forma «nuestro país va a ser más habitable».
Lo que no ha querido explicar por qué el texto de la proposición que, según ha dicho, tiene un «amplio consenso» entre los socios de investidura sólo lleva finalmente la firma del PSOE. Hasta hoy el propósito de Pedro Sánchez es que fuera rubricado también por todos los partidos que han comprometido su voto afirmativo a la reelección del presidente del Gobierno en funciones -Sumar, ERC, Junts, EH Bildu, PNV y BNG- salvo Coalición Canarias, que se había desmarcado.
Desde el espacio político que lidera Yolanda Díaz indican que para ellos era «importante» que el texto fuera rubricado por todos los grupos que previsiblemente apoyarán la amnistía en el Congreso. «Como lamentablemente no ha sido así hemos preferido no firmar», señalan fuentes del grupo parlamentario que indican que, en todo caso, es «una formalidad» y que lo fundamental es que «salga adelante».
Bolaños ha precisado que la amnistía no sólo beneficiará a los líderes del proceso independentistas, sino también a «personas que no han tenido protagonismo público pero que también han podido cometer actos delictivos»: como directores de colegio, funcionarios, bomberos y policías. «Las consecuencias que tendrá la ley son para aquellos que ya han tenido un proceso judicial o administrativo que ha concluido se cancelarán esos antecedentes y esas inhabilitaciones y para aquellos que tengan un proceso judicial que está abierto pondrá fin a esos procedimientos: es decir, vamos a devolver a la política, lo que nunca debió de salir de la política», ha remarcado.
Además, el ministro de la Presidencia en funciones no ha cerrado la puerta a que la amnistía afecte a casos como el de la dirigente de Junts, Laura Borràs, condenada por trocear contratos, o el abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, que será juzgado por la Audiencia Nacional por blanqueo de capitales, dos de las personas del círculo del ex president a las que el independentismo ha señalado tradicionalmente como víctimas de una persecución judicial injusta. «Tienen que ser los tribunales quienes juzguen si los casos concretos de personas a las que usted se refiere, u otras, están dentro de esta amnistía», ha respondido a preguntas de los periodistas en el Congreso.
