Sánchez entrega España a plazos a Puigdemont en un acuerdo más grave de lo esperado

El acuerdo tenía que llegar en una fecha simbólica para el independentismo. Y así ha sido. Coincidiendo con el noveno aniversario del 9 de noviembre de 2014, fecha de la consulta ilegal convocada por Artur Mas que sirvió de ensayo para el referéndum del 1 de octubre de 2017, el PSOE y Junts han puesto fin a un culebrón que ha durado tres meses y medio. Desde que el resultado de las elecciones del 23 de julio resucitó a un Pedro Sánchez al que todas las encuestas daban por muerto. Aun a costa de quedar en manos de Carles Puigdemont.

La cara con la que este jueves compareció desde Bruselas el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, era la de alguien aliviado. La última semana, desde que los socialistas firmaron el acuerdo con ERC y hasta este jueves, ha sido de muchos nervios para el equipo de Sánchez. Equipo que el lunes puso el grito en el cielo cuando conoció la imputación de Puigdemont en la causa instruida por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón contra Tsunami Democràtic.

Era la confirmación de que los jueces no se quedarán parados frente a la ley de amnistía, puesto que son ellos quienes tendrán que aplicarla -a diferencia de los indultos de 2021-. Pero en eso también, o sobre todo en eso, han pensado Sánchez y Puigdemont. A la espera de conocer los pormenores de la proposición de ley de amnistía -cuando sea registrada en el Congreso-, el texto del pacto entre el PSOE y Junts es en sí mismo una bomba adosada a los bajos del Poder Judicial.

No en vano, abre la puerta a perseguir a los jueces, aunque lo llaman «acciones de responsabilidad»; y a futuras «modificaciones legislativas» para garantizar que los jueces no se interponen en el camino de los nuevos socios: «Las conclusiones de las comisiones de investigación que se constituirán en la próxima legislatura se tendrán en cuenta en la aplicación de la ley de amnistía en la medida que pudieran derivarse situaciones comprendidas en el concepto lawfare o judicialización de la política, con las consecuencias que, en su caso, puedan dar lugar a acciones de responsabilidad o modificaciones legislativas», anuncian.

«A pesar de las profundas divergencias estamos preparados para abrir una nueva etapa histórica. La oportunidad es real y la voluntad también», proclamó Santos Cerdán desde Bruselas, que aclaró que éste no es un acuerdo de investidura, sino de legislatura. Así lo recoge ese texto, en el que el logotipo de Junts aparece adosado al del PSOE, en otra imagen inédita. En él, Junts se compromete a la «estabilidad de la legislatura», pero «sujeta a los avances y cumplimiento de los acuerdos que resulten de las negociaciones en los dos ámbitos permanentes señalados».

Es decir, el compromiso está tan condicionado que en cualquier momento Puigdemont puede apretar el botón rojo y hacer que la legislatura salte por los aires. Tiene engrilletado al presidente. La trampa para Sánchez, que es a su vez el salvoconducto para Puigdemont, está en esos «ámbitos permanentes» de negociación, que son dos: por un lado, la «superación de los déficits y limitaciones del autogobierno»; por el otro, el «reconocimiento nacional de Catalunya».

Respecto a esto último, Junts adelanta que propondrá la celebración un referéndum de autodeterminación, pero buscando que Sánchez se manche las manos esta vez. Es decir, «amparado en el artículo 92 de la Constitución», el que estipula: «El referéndum será convocado por el Rey, mediante propuesta del Presidente del Gobierno, previamente autorizada por el Congreso de los Diputados».

A Junts no le vale con la quita del 20 % de la deuda que Cataluña tiene con el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), que es el acuerdo al que el PSOE llegó con ERC la semana pasada. Quiere que Sánchez modifique la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas para establecer una «cláusula de excepción de Catalunya que reconozca la singularidad en la que se organiza el sistema institucional de la Generalitat y que facilite la cesión del 100% de todos los tributos que se pagan en Catalunya», según el documento.

Todo ello bajo la tutela de un relator internacional, una figura que ha acabado aceptando el PSOE, traspasando así otra línea roja. Tendrá las funciones de «acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue». A mayores, Cataluña tendrá una mayor «participación directa» en las instituciones europeas e internacionales.

En definitiva, Puigdemont tendrá a Sánchez a su merced toda la legislatura, dure lo que dure ésta. Puesto que va a necesitar contar con los siete diputados de Junts para convalidar cualquier decreto ley en el Congreso y para aprobar o modificar cualquier ley orgánica u ordinaria. Puesto que el Gobierno tendrá enfrente, en todo momento, un numeroso «bloque del no» formado por 171 escaños: los 137 del PP, los 33 de Vox y el de UPN.

Aunque esperado, la materialización del acuerdo ha provocado la inmediata reacción de la oposición ante lo que la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha calificado como «una dictadura por la puerta de atrás». Este jueves se esperan nuevas protestas en la calle, mientras el presidente en funciones va eligiendo la corbata que se pondrá la próxima semana en su investidura.