Su actuación en el juramento de Leonor provoca la indignación del PP y Vox. La siguiente misión que Sánchez le tiene reservada es la tramitación exprés de la ley de amnistía
En solo dos meses y medio en la Presidencia del Congreso, Francina Armengol ha conseguido que la oposición eche en falta a su antecesora, Meritxell Batet. Más después de su discurso de este martes con motivo del juramento de la Princesa Leonor, que provocó indignación entre los diputados del PP y de Vox. De hecho, la mayoría de ellos no aplaudió a su término, al considerar la intervención fuera de lugar: más política que institucional. Y del todo partidista, a pesar de la imparcialidad que se le presupone a la tercera autoridad del Estado.
En su discurso, Armengol evitó referirse a la continuidad de la Corona, asegurada en la figura de la Princesa de Asturias. Tampoco aludió siquiera a la Monarquía Parlamentaria, de la que también es depositaria la primogénita de Felipe VI desde este martes. Y, además, eligió el día después de la foto del secretario de Organización del PSOE con Carles Puigdemont para proclamar que todos los españoles son iguales ante la ley: «Todos y todas, sometidos al Derecho, servimos los valores de la Constitución», afirmó.
La princesa Leonor, ovacionada por los Reyes, la Infanta Sofía y Pedro Sánchez EFE
Nada que ver con el discurso que pronunció 37 años el entonces presidente del Congreso, Gregorio Peces-Barba, durante el juramento de Don Felipe: «El acuerdo de todos, el consenso de nuestro pueblo y la lealtad recíproca con la que actúan el Rey y los poderes del Estado son garantía de solidez institucional y de enraizamiento de la Monarquía Parlamentaria», sostuvo Peces-Barba.
Las carencias del discurso de Armengol fueron suplidas por casi cuatro minutos de aplausos de los diputados, senadores y resto de autoridades presentes, que quisieron así manifestar su compromiso con la Corona. Nadie echó de menos a los ministros Irene Montero, Ione Belarra y Alberto Garzón, como tampoco a Gerardo Pisarello, secretario primero de la Mesa del Congreso. Ni a los diputados de Sumar, Junts, ERC, Bildu, el PNV y el BNG, todos los socios de Sánchez. ERC, Bildu y el BNG publicaron un manifiesto conjunto contra la Monarquía en el que la calificaban como la «expresión máxima de la desigualdad, los privilegios y la impunidad frente al resto de ciudadanos». Mientras reclaman la amnistía para la clase dirigente catalana.
Precisamente fueron los socios del PSOE los que dieron a Armengol la Presidencia del Congreso, el pasado 17 de agosto. El primer pacto de la nueva legislatura entre el PSOE y el independentismo incluía entregar la cabeza de la antecesora de Armengol, Meritxell Batet, y así lo hicieron los socialistas. Fue Batet quien, en marzo de 2021, vetó en la Mesa del Congreso la admisión a trámite de una proposición de ley de amnistía de ERC, Junts, el PDeCAT y la CUP. Amparándose en un informe de los letrados, que la consideraron inconstitucional.
Su obra: breve (aún), pero intensa
En solo dos meses y medio, Armengol ha convertido la Cámara Baja en una sucursal de la Moncloa, según le reprochan constantemente el PP y Vox. Fijó la investidura de Alberto Núñez Feijóo al día siguiente de que el líder del PP fuera designado por el Rey, y en base a criterios de conveniencia política para Sánchez. En septiembre convocó un pleno extraordinario para la reforma exprés del Reglamento del Congreso que permite el uso del catalán, el euskera y el gallego, y dejó que se aplicara 48 horas antes de que entrara en vigor. Algo inédito.
Lleva cuatro semanas sin fijar la fecha del pleno de investidura de Sánchez, batiendo todos los récords. De hecho, no lo hará hasta que el presidente en funciones le dé luz verde.
A mayores, ha mantenido el Congreso paralizado desde mediados de agosto, sin sesiones de control al Gobierno, sin constituir las comisiones parlamentarias para que los ministros no tengan que comparecer en ellas (salvo las del Estatuto del Diputado y la de Peticiones), sin conformar la Diputación Permanente hasta la semana pasada y sin reunir a la Junta de Portavoces hasta el viernes 3 de octubre. Día en que tal vez podría concretarse la fecha de la investidura.
Además, esta semana ha designado como secretario general del Congreso (y por tanto, letrado mayor de las Cortes) a un alto cargo del Ministerio de Política Territorial, Fernando Galindo. Haciendo así más evidente subordinación del Congreso a la Moncloa. Sin respetar una separación de poderes que Armengol no puso de manifiesto en su discurso, pero que sí lo hizo Felipe VI en el suyo, en el Palacio Real.
El jefe del Estado lanzó varias cargas de profundidad frente a Sánchez y a la propia Armengol: «El sometimiento al Derecho constituye, Leonor, una exigencia para la Corona y para todas las instituciones del Estado. La observancia de la ley, el respeto a la independencia y a la separación de poderes y la vigencia del Estado de derecho son los pilares esenciales de toda democracia representativa y, por ello, la garantía de la libertad y de los derechos de los ciudadanos», señaló.
El presidente en funciones, por su parte, se felicitó de la fortaleza de las instituciones españolas: «Las instituciones de una democracia ganan su estatura no solo por su historia, que también, sino también por su capacidad de servir al bien común, un precepto que, estoy seguro, guiará vuestro camino. Que este día se recuerde como un momento solemne en la continuidad de nuestras instituciones», remachó.
Llamativamente, el PSOE no pone pegas a la actuación de Armengol, pero sí a la del presidente del Senado, el popular Pedro Rollán, quien, a diferencia de la presidenta del Congreso, sí ha mantenido la actividad en la cámara de representación territorial. «El Senado necesita un presidente, no un portavoz del PP ni un escudero del señor Feijóo», se quejó el lunes la portavoz socialista en la Cámara Alta, Eva Granados. Los socialistas incluso se refieren al Senado como una «sala anexa de la sede del PP en Génova 13».
Pronto Sánchez dará una nueva misión a Armengol: la tramitación de la proposición de ley orgánica de amnistía, que será registrada en el Congreso de forma inminente, como informó El Debate. Si el presidente en funciones ordena ir rápido, la tramitación de la iniciativa en la Cámara Baja puede ser exprés. Aunque luego el PP ralentice el ritmo en el Senado, con su mayoría absoluta. En el Congreso, el PSOE puede utilizar el procedimiento de urgencia para acortar los plazos a la mitad. Y, además, el de lectura única, que es cuando las enmiendas parciales y a la totalidad se solventan en un único debate ante el pleno.
